El Instituto Estatal Electoral ha revelado este fin de semana que un error de cómputo ocasionó que 2,800 votos del Distrito Electoral Uno, con cabecera en Rincón de Romos, a la gubernatura fueran omitidos y por lo tanto no contabilizados. Dichos votos son, presuntamente, a favor de la candidata Lorena Martínez.
Ahora está por ver el efecto que este suceso tenga sobre la elección, que en este momento se encuentra impugnada por el PRI. Según el Presidente del Consejo del Instituto Estatal Electoral, no existe forma de que esos resultados cambien los números totales de la elección, así como tampoco se modifica la representación proporcional.
En entrevista para Líder Empresarial, un asesor legislativo cercano al PRI, Christian Muñoz, enumera algunas de las causas constitucionales para anular una elección. La mayoría tienen que ver con efectos prácticos: la intromisión un funcionario público, rebasar los gastos de campaña, hacer uso de tiempos fuera de los asignados por el instituto, problemas en 20% de las casillas, que exista dinero sucio, la adquisición de tiempos fuera de la ley, entre otros.
No hay impugnación previa
Así, Muñoz asegura que para poder proceder a una anulación electoral, es necesario una impugnación previa relacionada con la omisión de votos. Al fin y al cabo, todos los representantes acreditados ante el consejo distrital firmaron de conformidad al resultado del cómputo y no mostraron inconformidad al respecto, por lo que no surgió sujeto jurídico en el que encaje alguna impugnación.
Los representantes no realizaron ninguna observación cuando era legalmente válido y jurídicamente ya no pueden realizar nada.
No obstante, para Muñoz, el hecho de que los votos no hayan sido contabilizados, no habla de un error de cálculo, sino de una acción dolosa e intencional. El asesor, opina que la credibilidad del IEE se verá seriamente afectada: “Todo el trabajo del proceso electoral se viene abajo, porque así sean 2,800 votos, es la voluntad de 2,800 personas que no fue respetada”.
¿Habrá un efecto mediático?
Muñoz sostiene que el sacar a la luz dicho error tiene la finalidad de ejercer presión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reforzando los argumentos jurídicos que se tienen para apoyar la actual impugnación por intromisión de la iglesia y conseguir la anulación. Así, lo que se estaría buscando es el efecto mediático y no jurídico.
Desde su punto de vista, ya que los representantes no realizaron ninguna observación cuando era legalmente válido y jurídicamente ya no pueden realizar nada, han optado por utilizar a los medios y al descontento de la gente para apoyar los argumentos tambaleantes de la impugnación previa.
Además, comenta que, dando a conocer el error, se demuestra a la población que hubo inconsistencias. Esto, en caso de otro proceso electoral, podría motivar a la gente a “no tomar el camino fácil y racionar las trabas que se han presentado durante las pasadas elecciones”, añade.
“Pudo haber sido un error humano pero deja mucho que desear a nivel ético; Esto lo sacan de manera mediática para que metan presión o haya apoyo a la anulación de la elección, en caso de que se dé”, menciona.
Costos de una nueva elección
Haciendo referencia a la anulación de las elecciones de Colima en 2015, donde se asignaron 21.8 millones de pesos para el proceso electoral, Christian esperaría que los gastos de una nueva elección en Aguascalientes fueran parecidos, debido a que Colima y Aguascalientes tienen un padrón electoral similar, siendo que Aguascalientes tiene 400 mil votantes y Colima 350 mil.
“No se podría decir un costo exacto, pero se puede tomar como referencia las extraordinarias en Colima, que son similares en cuanto a población, entonces se podría tener una idea de lo que se gastaría”, asegura.
El dinero se invertiría en las campañas electorales de los partidos, las cuales tienen una menor duración, impresión de boletas, instalación de casillas, entre otros gastos.