En muchos sentidos, 2023 puede ser un año decisivo para Aguascalientes y conviene plantearlo en términos de riesgos y oportunidades, tanto de carácter interno como procedentes de un entorno nacional extremadamente crítico.
El primer aspecto tiene que ver con la seguridad pública. Si bien es cierto que, hasta ahora, el estado ha corrido con suerte y la administración estatal 2016-2022 mantuvo el riesgo razonablemente acotado, no hay ninguna garantía de que así continúe.
Por un lado, es claro que la estrategia federal en la materia ha sido un fracaso, a juzgar por las numerosas incidencias delictivas que se suceden cada día, por la admisión tácita de una entente cordiale que el gobierno sostiene con la delincuencia organizada y por la aparición de virtuales narco-estados como Sinaloa y Sonora —donde impera todo menos la ley y las instituciones públicas—.
Por el otro, también es evidente que el entorno regional (Zacatecas, San Luis Potosí y partes de Guanajuato y Jalisco) ha tendido a descomponerse. Objetivamente, no hay argumentos técnicos ni prácticos que impidan que, en alguna medida, eso no suceda en Aguascalientes, entre otras cosas porque el fenómeno delictivo trasciende ya los límites físicos de la geografía y se expresa en el lavado de activos, la extorsión, el “derecho de piso”, secuestros y otras variables más sofisticadas y porosas que, sin darnos cuenta, invaden la vida de un estado. La actual administración estatal debe diseñar, formular y ejecutar una política muy seria, profesional y efectiva que neutralice este riesgo.
El segundo es la recuperación del crecimiento económico a tasas elevadas y sostenidas, así como del empleo formal y productivo. Las cifras del tercer trimestre de 2022 apuntan a que el crecimiento anual de Aguascalientes no será mayor al 2%. También habrá una fuerte caída del 13.3% en el sector manufacturero, sensiblemente en la industria automotriz, que representa casi el 35% del PIB estatal.
Es cierto que hay un estancamiento a nivel nacional, combinado con alta inflación, incertidumbre y malas políticas, pero es urgente que el gobierno estatal concentre sus energías en dos vertientes.
Una es la necesidad de mejorar la calidad del gasto y hacer asignaciones presupuestales en aquellos renglones que realmente representen inversiones productivas y con efecto multiplicador en el empleo. Está más que comprobado que las dádivas, subsidios, programas bonsái (semillitas, pavipollos, etcétera), entre otras cosas, no hacen diferencia alguna ni detonan el crecimiento.
La otra es el imperativo de contar con una política audaz, creativa, profesional y sofisticada de atracción de inversión privada local, nacional y extranjera en aquellos sectores que en apariencia están ya muy consolidados (como el clúster automotriz y de autopartes) así como en otros que ya pintan para ser innovadores como el aeroespacial, la agroindustria, las tecnologías de la información y de los servicios administrativos para los negocios.
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El tercer riesgo es la coyuntura política. El nuevo gobierno estatal será de solo cinco años; de ellos, dos estarán prácticamente perdidos porque coincidirán con una megaelección local y federal en 2024, y otro más porque será el de la sucesión a nivel estatal y municipal en 2027.
Por tanto, el tiempo efectivo para gobernar en el sentido más genuino del término, es decir, dar resultados concretos, tangibles y medibles en aquellos rubros que importan, será de apenas tres años.
Ante ese panorama, la administración estatal tendrá que decidir si quiere hacer política electoral que le permita más o menos manejar esos procesos en función de sus intereses partidistas o bien hacer políticas públicas en función de lo que el estado demanda: crecimiento, seguridad, productividad, innovación y competitividad. Por ahora, la balanza parece inclinarse más hacia el primer objetivo, pero puede ser letal para el estado respecto del segundo.
La cuarta variable tiene que ver con una eventual alternancia partidista a nivel municipal y en la composición del Congreso local en 2024. Partamos de lo siguiente: el poder desgasta y las elecciones intermedias suelen desgastar el partido en el poder (en este caso, el PAN).
En 2022, si este partido hubiera competido en solitario la votación de su candidata a gobernadora (42.97%) habría sido la más baja en los últimos 24 años. De haber competido en solitario, la distancia con la candidata de Morena, la cual levantó 155 mil votos, diez veces más que cuando compitió en 2016, se habría reducido a un 9.4%, cifra que finalmente casi se duplicó por la aportación del PRI y del PRD que fue de 10.8%.
Por tanto, las preguntas relevantes son las siguientes: ¿Se mantendrá la coalición PAN-PRI-PRD a pesar del conflicto entre sus dirigencias nacionales? ¿Cómo será entonces el estado de ánimo del votante si subsisten el estancamiento económico, la inflación, la inseguridad, la pérdida de empleos o los problemas de transparencia? ¿Qué ajustes podría hacer Morena para mitigar el factor “miedo” que le ha pesado elección tras elección? ¿Podrá la gobernadora convivir eficientemente con alcaldes y diputados de oposición? ¿Cómo y a qué costo?
El actual gobierno estatal podrá disponer por un tiempo de los activos heredados de su predecesor, pero como este es un capital que normalmente se agota rápido, las condiciones en las que llegue a los siguientes comicios dependerá de los resultados, la eficacia y la honestidad con que se conduzca —y de la manera en que los perciba la gente—.
Finalmente, aunque sea reiterativo, toda crisis genera oportunidades, y la que Aguascalientes tiene ahora consiste en redefinir las bases y fundamentos de su propio crecimiento y desarrollo. Me explico: las historias estatales de éxito en México (como Nuevo León o Coahuila) y en el mundo (Israel, Irlanda, los países nórdicos y algunos asiáticos) han sucedido porque han tenido sociedades fuertes y ciudadanías de alta intensidad.
Todos ellos han tenido gobiernos buenos, regulares, malos y pésimos en distintos momentos y, sin embargo, han prosperado. Aguascalientes es un estado que, en muy buena medida, ha dependido, en ocasiones para bien y en otras para mal, de dos factores: la calidad de sus gobiernos y la efectividad de sus relaciones con la federación. Por ahora, todavía no se sabe si el nuevo gobierno local será bueno o no, pero sí se sabe que del gobierno federal no hay que esperar absolutamente nada.
¿Qué hacer entonces, diría el viejo Lenin? Volver a lo básico: lo que hace fuertes a los países y a los estados no son sus gobiernos sino la capacidad de trabajo, esfuerzo, productividad, innovación, disciplina, autonomía, entre muchas otras cosas. Esos son los verdaderos resortes de la estabilidad, el éxito y la prosperidad compartida. Desde luego que algo ayuda tener gobiernos aceptables, pero lo que verdaderamente cuenta son instituciones, ciudadanos y leyes que funcionen.