Para todo efecto práctico el año 2020 será recordado, en el imaginario colectivo mexicano y en los libros académicos, como el peor en la historia económica, sanitaria y política del país al menos desde 1932 cuando empezamos a sufrir las consecuencias de la Gran Depresión.
Para empezar, al 23 de noviembre la cifra de contagios confirmados por COVID-19 ha llegado a casi 1 millón 50 mil personas y el número de muertos a 102 mil, pero distintas proyecciones estiman que el número podría ser el triple. Más aún: Bloomberg, el servicio de análisis y noticias más importante a nivel global, analizó diez métricas en 53 países cuya economías son las más relevantes del mundo para determinar cuáles son los mejores para estar en la era del coronavirus, y en una escala de 0 a 100 Nueva Zelanda ocupó el primer lugar con 85.4 puntos y México el último con 37.6. La pregunta obvia es si este cuadro pudo haberse evitado con mejores políticas públicas, y el resultado, en opinión de numerosos expertos, es que sí. De otra forma no se explicaría que con 1.6% de la población mundial México tenga 7.3% de muertes confirmadas.
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La segunda cuestión es el impacto de la pandemia sobre la economía. Por supuesto la crisis ha pegado en todas partes pero igualmente su profundidad pudo haber sido distinta en el caso de México. Por una parte, el gobierno dejó de instrumentar las políticas contracíclicas habituales en estas circunstancias, como en los años 30 o después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, con el Plan Marshall, pero en lugar de optar por ese camino decidió continuar con un gasto público por completo ineficiente bajo la forma de asignaciones clientelistas o de megaproyectos improductivos que el país tardará años en pagar y dejarán un saldo negativo en materia de competitividad. Pero por otra parte, no hay que olvidarlo, la economía mexicana ya había caído antes de la pandemia cuando en 2019 tuvo un crecimiento cero.
Por consecuencia, la mayoría de los pronósticos concuerdan en que la contracción en 2020 será entre 9.5 y 10%, y, según el FMI, la variación acumulada del PIB per cápita en el periodo 2019-2024 será negativa en -5.7%, mientras que en el sexenio previo fue positiva en 7.2%. Esto aclara, entre otras cosas, por qué el porcentaje de la población que tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria haya llegado a un trágico 44.5% en el tercer trimestre del año, de acuerdo con el CONEVAL. Y la tercera fotografía es que el pesimismo parece haber invadido el estado de ánimo de los mexicanos: en septiembre (GEA-ISA), 54% decía que el país va por un “rumbo equivocado” y 58% mostraba “enojo, preocupación o miedo”.
La perspectiva para 2021 es contradictoria, por decir lo menos. Si bien la potencial aplicación de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19, o de todas ellas, ha empezado a reanimar algunas variables, como los mercados accionarios, y eso provocará un cierto rebote en torno a 3 o 3.5% de crecimiento (encuesta Banamex) el año próximo, en el promedio 2019-2021, la tasa seguirá siendo negativa, así se mantendrá posiblemente el resto del sexenio y, hacia 2030, lo más probable es que el promedio anual sea menor a 2%, cuando el país necesitaría crecer de manera sostenida en torno a 6% cada año. En suma, el legado de esta crisis será una década perdida.
En buena medida por todo lo anterior, la atmósfera social y política del año que viene será profundamente tóxica. De suyo, el capítulo electoral será el más grande que México haya vivido en toda su historia, con más de 21 mil cargos legislativos, estatales y municipales en contienda, en un contexto de creciente violencia e inseguridad pública, de una institucionalidad electoral y judicial muy debilitadas, y con una sociedad temerosa de lo que pueda pasar, lo que eventualmente puede distorsionar seriamente la claridad psicológica y la serenidad que el elector necesita para decidir el sentido de su sufragio con la cabeza y no, como pasó en 2018, con el estómago y el hígado. Pero, además, con seguridad el gobierno y su marca partidista van a profundizar la concentración personal y el abuso de poder, usarán todos los recursos a su alcance, legales y sobre todo ilegales, para manipular el comportamiento electoral y embestir contra las oposiciones; todo esto provocará un elevado nivel de encono social y conflictividad política, de lo que nada bueno puede surgir.
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¿Cuáles son, sin embargo, las opciones? La primera es la madurez del ciudadano; no obstante la confusión generada por el negocio de encuestas al mejor postor, son inocultables los saldos de la crisis para cualquier familia mexicana y podrán tener dudas respecto de por quién votar pero no por quien no haya que hacerlo. La segunda es comprender a cabalidad que el país es, en realidad, heterogéneo y hay muchos Méxicos, y el destino de uno no tiene porqué ser el de otro; es decir, que Aguascalientes siga siendo un lugar exitoso y que ofrece oportunidades depende única y exclusivamente del elector local. La tercera es insistir en la necesidad de que la oposición encuentre puntos de convergencia para ir unida al menos en determinados estados, municipios y distritos electorales; de no ocurrir, lo deseable será que haya un corrimiento del voto útil en favor de quien represente, entre las distintas oposiciones, el partido más competitivo. Y finalmente serán críticos un intenso escrutinio mediático y una incisiva observación internacional para garantizar la imparcialidad, legalidad y equidad de las elecciones.
Lo que estará en juego en 2021 no es sólo tener equilibrio de poderes, contrapesos institucionales y gobernantes y legisladores razonablemente profesionales y capaces, sino algo más importante: la recuperación de la confianza de la sociedad en sí misma, del crecimiento que brinde empleos suficientes y de calidad, de una educación excelente y de un ambiente de seguridad para las familias y su patrimonio. Si la ciudadanía se equivoca, los siguientes tres años serán una catástrofe.