José de Jesús Ortíz Macías, delegado de Prospera, confesó que de las casi 32 mil familias que se encuentran en el Programa de Inclusión Social, del 20 al 25% ya no necesitan ese recurso y consecuentemente evitan que se abran espacios para otras familias.
“Apelamos a la gente buena de nuestro estado para que eleven el grado de concientización, de que al recibir esos apoyos le están haciendo falta a otras familias que están en desesperación. […] no tienen que esperar a que les llegue una recertificación legal a los 8 años, se pueden acercar a las oficinas y firmar una baja voluntaria”, dijo el delegado.
Añadió que a la dependencia le es imposible realizar una recertificación generalizada de los beneficiarios de Prospera, pues no se cuenta con el personal suficiente para hacerlo. En los últimos meses se han recertificado a aproximadamente seis mil familias, de las cuales alrededor del 50% están por pasar a audiencia.
“Nos lleva uno o dos bimestres para llegar a la resolución en la que se confirme si alguna familia se mantiene en el programa que puede ser el caso de familias con integrantes con discapacidad” explicó.
El delegado de Prospera señaló que las denuncias ciudadanas y con la ayuda de los medios de comunicación se pueden dirigir visitas de verificación de condiciones económicas a las familias.
Actualmente se están reevaluando a poco más de 400 familias. La próxima recertificación, que se aplicaría a aproximadamente seis mil familias más, sería en enero o febrero del siguiente año.