Con el objetivo de proteger su agricultura -la cual atraviesa tiempos muy difíciles- Estados Unidos ha estimulado las exportaciones masivas de sus productos a México. Sin embargo, dicha medida descarta la reciprocidad ante la apertura de este país y ha llevado a la bancarrota a muchos agricultores mexicanos. Dentro del marco de un Tratado de Libre Comercio, esto puede ocasionar profundos y bruscos cambios en la estructura productiva, que se traducirán en crisis de producción en los granos y aumento de las exportaciones de hortalizas, frutas, flores y ganadería, lo que quizás signifique la rápida desaparición en el mercado de un alto porcentaje de productores, sobre todo en las zonas campesinas, que no podrán competir con los precios del mercado internacional.

Según un estudio de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), el 70% de la tierra se ha ido salinizando y desgastando, además de que sólo el 10 por ciento de los 200 millones de hectáreas de la superficie total del país son para cultivo. Estas dificultades no nacen porque la agricultura mexicana sea ineficiente. Cuando un productor de maíz mexicano quiere competir con un europeo o norteamericano se encuentra en desventaja porque el otro recibe un subsidio directo.

La fragmentación de la tierra, la falta de infraestructura de riego y la virtual inexistencia del crédito son sólo algunos de los problemas de los muchos que ha tenido el campo mexicano por décadas. La asimetría económica entre los tres firmantes del TLC está claramente definida al momento de este convenio, pues entonces México destinaba al campo 25 millones de hectáreas, Canadá 46 y Estados Unidos 190 millones.

Con el nacimiento del TLC agrícola, la Conasupo fue privatizada dando por terminado los subsidios y maneras de comercialización al campo mexicano, causando la disminución en la oferta de maíz al mercado nacional y el alza en los precios por su escasez. En lo que va del actual sexenio, el sector agropecuario ha padecido una sequía crediticia. En los dos años, el crédito que la banca comercial otorgó al sector agrícola cayó en 43.4%, de acuerdo con datos del Banco de México. "El desinterés de la banca comercial hacia el sector agrícola está asociado a la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias, una de las causas principales de la cartera vencida del sector", señala José Luis Cava, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Las importaciones de algunos productos han aumentado de manera significativa. Pero en buena medida estas compras no son consecuencia de la apertura del Tratado del Libre Comercio, sino de la falta de capacidad del campo mexicano para generar una producción suficiente. El maíz amarillo que se utiliza para forraje, por ejemplo, no se produce en México en cantidades suficientes y por eso se importa. México es también un comprador de leche, porque nuestra producción interna no es suficiente. Por lo tanto, si no se hubiesen llevado a cabo las importaciones de leche que nuestro país ha tenido en los últimos años tendríamos una escasez dramática del lácteo que se habría reflejado en aumentos brutales en los precios, generando de esta manera fuertes protestas de los consumidores.

En una grave crisis de rentabilidad e inversión productiva, el sector agropecuario mexicano ha sido víctima de una política económica de ajuste que causa el desplome de la acumulación de capital del campo. En aras de la estabilización económica, en la inversión pública y la falta de créditos han sacrificado a dicho sector. En este contexto se analizan los probables efectos de la firma del TLC entre México y Estados Unidos, pues un libre comercio irrestricto podría acarrear consecuencias realmente catastróficas para los mexicanos, a saber: la desaparición de varias de sus cosechas más importantes.

Las negociaciones de revisión de ajuste al TLC agrícola tuvieron que haber sido durante los últimos 10 años. No obstante en los Artículos 302 y 309, y de conformidad con el Artículo 703 y el Anexo 703.2, México podrá adoptar o mantener prohibiciones o restricciones, así como aranceles de conformidad con sus obligaciones y derechos derivados del GATT, sobre los bienes comprendidos en esta fracción que no sean calificados de Estados Unidos según la definición comprendida en el Anexo 703.2-A.

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