Otto Granados Roldán Director General del Instituto de Administración Pública (IAP) del Tecnológico de Monterrey

El anuncio de las grandes cifras económicas del mes pasado —una caída del PIB de 6.5%, una disminución de inversión extranjera de 50% respecto del año anterior o la elevación en las cifras del desempleo, por ejemplo—harían pensar sensatamente que todos debiéramos estar alarmados por este panorama y haciendo algo para remediarlo.

Pero en lugar de entrar a corregirlo, ahora hay un boom de reformas políticas —la de Calderón, la de Beltrones, la del PRD y la que venga por parte de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados— como si éstas fueran la panacea para el resto de los problemas nacionales. No existe tal, pero como es lo que hay conviene discutir al menos tres de ellas que, justo, son quizá las que no saldrán: la ratificación del gabinete, la reducción de legisladores y la segunda vuelta electoral.

El PRI en el Senado ha planteado la necesidad de que la designación de todos los integrantes del gabinete requiera obligadamente de ser sancionada legislativamente para llevar a esos cargos a los mejores. Es un mecanismo interesante pero no necesariamente perfecto. Veamos.

Por mandato constitucional, la designación de los miembros del gabinete es una facultad del Presidente de la República, ante quien son responsables, y puede por ello también removerlos libremente. Si bien, existe ya una ratificación legislativa en algunos casos como por ejemplo el Procurador, las autoridades hacendarias superiores o el personal diplomático, así como otras modalidades de sanción como en el Banco de México o los consejeros independientes de Pemex, no está suficientemente claro si generalizar el procedimiento asegura contar con funcionarios “más aptos y honestos” en el gabinete, entre otras cosas porque, a diferencia de otros países como señaladamente los Estados Unidos, la integración de la información acerca de los candidatos propuestos es de tal manera insuficiente o imprecisa que los señores legisladores en realidad no cuentan con elementos objetivos y fehacientes de juicio que les permita normar el criterio de su voto. Ejemplos sobran.

Más aún: siendo realistas, en las actuales condiciones, las propuestas que el Ejecutivo envíe serán más bien motivo de cabildeo y/o de negociación política con el propio Ejecutivo o entre las diversas fuerzas políticas, lo que, por un lado, no satisface el objetivo de encontrar a los mejores y, por otro, introduce un elemento disruptivo en el esquema de control y de mando entre el presidente y sus colaboradores, tal y como teóricamente lo establece el texto y el espíritu de la Constitución, pues éstos podrían sentirse tentados a trasladar ese esquema, aunque sea de manera marginal, hacia el Legislativo que los ha ratificado. Además, esta vía supone un cierto desequilibrio pues si bien hay un ejercicio “compartido” en la designación no lo hay en cuanto a la responsabilidad política y jurídica pues ésta seguirá recayendo exclusivamente en el ámbito del Ejecutivo.

Lo mejor sería estudiar otros modelos en el mundo y posteriormente revisar la legislación mexicana respectiva (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Ley de Responsabilidades, entre otras) a fin de establecer un nuevo marco de requisitos y un procedimiento de integración de expedientes de candidatos a cargos dentro de la administración pública federal. La realización de este ejercicio permitiría tener un panorama muy completo a partir del cual proponer las reformas constitucionales conducentes.

En segundo lugar, redimensionar el tamaño de las cámaras es una idea que, aisladamente, tiene solo importancia mediática para intentar satisfacer una expectativa del público en términos del costo presupuestal que tiene el Legislativo en comparación con los beneficios que aporta, pero en realidad no resuelve ningún problema estructural o de fondo. Bajo este supuesto, suena razonable.

Conviene, sin embargo, hacer algunas reflexiones. En el caso de la Cámara de Diputados, parece adecuado dejar la composición de legisladores electos por el principio de mayoría relativa (MR) en los 300 distritos que existen actualmente. Pero reducir los plurinominales (RP) a la mitad quizá deba pensarse con más detenimiento. Por una parte, es claro que la elección de diputados de RP tiene una ventaja que es poder llevar a la cámara a personas política y técnicamente capaces y experimentadas que, no obstante, difícilmente ganarían una elección directa. Por otra, también es evidente que los partidos aprovechan esta modalidad para resolver las necesidades derivadas de una siempre compleja correlación de fuerzas al interior de cada formación.

Si se reduce a la mitad, entonces se corre el riesgo de que quienes ocupen las candidaturas de RP sean exclusivamente aquellos que proceden de las distintas expresiones o corrientes internas y no quede espacio para otros cuadros que, sin estar dentro de alguna de éstas, sí agregan valor al  funcionamiento de los grupos parlamentarios, de las comisiones y de la cámara en su conjunto. Desde luego que una solución ideal sería, en el entendido que fueran solo 100 diputados de RP, un equilibrio entre ambas modalidades de nominación, pero lo más probable es que las necesidades coyunturales de la política práctica lo impidan.

En el caso del Senado, habría una alternativa: suprimir a los senadores de primera minoría, y dejar, en cambio, a los de lista nacional fundamentalmente por las mismas razones que en el caso de los diputados de RP pero también para eliminar el incentivo perverso de que quien pierde una elección para senador de todas formas gana (si va en el primer lugar de su fórmula) lo que inhibe hacer campaña y asumir compromisos frente a su electorado.

En tercer término ¿es conveniente una segunda vuelta en las elecciones presidenciales? Sí, bajo dos consideraciones. Una es que, para asegurar que el ganador cuente con una sólida mayoría parlamentaria —que es lo que se busca al repetir esta elección— habría que desfasar la elección para diputados federales y senadores al menos para un mes después de la presidencial para que la voluntad ciudadana expresada en ésta influya de manera decisiva en la otra y se refleje en la composición de las cámaras.

La otra es construir los mecanismos apropiados para que los partidos que ya no competirán en la segunda vuelta puedan coaligarse formalmente con alguno de los dos que irán a la final y asegurar que las preferencias de sus votantes se vean de todas formas representadas en la integración del gobierno que emane de dicha segunda vuelta.

Finalmente, dados los antecedentes tan frustrantes, ¿habrá una reforma política que en verdad haga más funcional al sistema vigente? En mi opinión sí, pero quizá será una reforma coyuntural pensada más en el 2012 que en el largo plazo.