Paulina Romero Hernández Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Bonaterra promero@up.edu.mx

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 29, faculta al Ejecutivo Federal para suspender las garantías consagradas en ella que resulten ser un obstáculo para hacer frente a una situación de emergencia, ya sea en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

La suspensión de garantías se encuentra inserta en la parte dogmática de nuestra Constitución. Su naturaleza es la de ser una garantía individual del ciudadano, que tiende a protegerlo y brindarle seguridad; por lo que se entiende que cuando el Ejecutivo hace uso de ella, es con el único objetivo de proteger a la nación y a sus ciudadanos.

Este precepto en un principio resulta inofensivo, pero la tradición constitucionalista mexicana nos muestra que las ocasiones en que se ha utilizado esta atribución, lejos de proteger al ciudadano, ha sido para cometer una gran serie de abusos.

La suspensión de garantías trae aparejada la delegación de facultades legislativas, pues la suspensión no tendría sentido si al mismo tiempo no se pudieran otorgar al Poder Ejecutivo otros medios imprescindibles para hacer frente a la emergencia. Es por este motivo que la Constitución permite una excepción al principio de la división de poderes, al permitir que el Poder Legislativo delegue en el Presidente facultades de naturaleza extraordinaria para expedir leyes, con el único fin limitado de contribuir a resolver la emergencia.

Así, debe interpretarse en el sentido de que se requiere previamente la suspensión de garantías para que proceda la delegación de facultades para legislar. Sin embargo, por una práctica viciada que proviene del siglo XIX, bajo el amparo de la Constitución de 1857, el Ejecutivo solicitaba y el Congreso le concedía facultades para expedir determinadas leyes en tiempo de paz.

La legislación que se expida a causa de situaciones de emergencia, pierde su vigencia al momento en que se termina la situación de peligro. El Congreso no puede simplemente ratificarlas, (como se hizo en 1945, donde se expidió un decreto que suspendía algunas garantías individuales con motivo de la guerra que México sostenía contra las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial), pues el Poder Legislativo no tiene esta facultad. Para que la legislación de emergencia pueda adquirir permanencia deberá ser presentada como iniciativa frente al Congreso y posteriormente, deberá ser discutida y aprobada conforme al procedimiento legislativo ordinario.

El derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado a pasos agigantados, superando así el texto constitucional de nuestro país. Actualmente México es parte de varios instrumentos internacionales en los cuales se reconoce la existencia de un núcleo duro de derechos, los cuales, bajo ninguna circunstancia pueden ser suspendidos. Así también se contemplan como no sujetos de suspensión los mecanismos ordinarios contemplados en cada sistema judicial para proteger los derechos humanos, tal es el caso del habeas corpus o el amparo.

Nuestra legislación actual, sólo regula la suspensión de garantías en el artículo 29 constitucional mencionado anteriormente, el cual carece de precisión y deja al arbitrio de la autoridad consideraciones que por su mal uso o interpretación pueden desembocar en violaciones masivas de derechos humanos, pues su texto es demasiado ambiguo. Así pues, ni en nuestra Constitución ni en cualquier otro texto legislativo, se prevén disposiciones respecto de los mecanismos de defensa del gobernado, de los derechos no susceptibles de suspensión, de procedimiento, del alcance de las facultades que cada órgano interventor posee, es decir, no se establecen las bases claras para proceder en una situación tal.

Podríamos pensar que México, como ya es parte de varios tratados internacionales que sí prevén los lineamientos mínimos para la suspensión, resultaría innecesario adecuar nuestra legislación; pero entonces sería absurdo poseer una Constitución anticuada e inusitada y a final de cuentas, a un tratado se puede renunciar, se le pueden hacer reservas o simplemente se deja de ser miembro. En este caso, al país lo único que le queda es su Constitución.

Por todo lo anterior surge la necesidad de que contemos con una legislación al respecto, que logre equiparar el derecho internacional con nuestro propio derecho, una legislación que siente las bases para hacer un buen uso de la facultad de suspender garantías, que a final de cuentas, su existencia sólo se justifica para proteger al ciudadano, una legislación que le abra la brecha a la autoridad para en que realidad pueda hacer frente a una situación que amague a sus ciudadanos.

Una ley reglamentaria que precise los supuestos en que procedería la suspensión, que obligue a las autoridades a rendir cuentas sobre su uso, que contemple un procedimiento efectivo para la aprobación de dicha facultad, que proteja un núcleo duro de derechos no susceptibles de suspensión, que exija la derogación de leyes de emergencia una vez que cesen las hostilidades y que establezca un medio de defensa del que pueda hacer uso el gobernado cuando sea víctima de un agravio en sus garantías.

La existencia de una autoridad en un Estado se justifica por lo valores que hay que proteger, es decir, porque existen derechos humanos que alguien se debe encargar de defender, si no, no tendría sentido que la autoridad existiese. Si depositas en ella, la facultad de poder suspenderle a sus gobernados esas garantías que le dieron vida como autoridad, está en riesgo tanto su existencia como la integridad de sus gobernados y sólo justificarás tal suspensión si el fin último es proteger a su razón de ser, es decir, a sus gobernados.

La Ley de Prevenciones Generales, expedida el 13 de junio de 1942 con motivo de la suspensión que se decretó a causa de la Segunda Guerra Mundial, es la única vez que se ha hecho una suspensión formal de garantías bajo el amparo de la Constitución actual de 1917; y en dicha ley se estableció que el amparo no procedería ante una situación que se generara con motivo de la suspensión.