Otto Granados Roldán Director General del Instituto de Administración Pública (IAP) del Tecnológico de Monterrey otto.granados@itesm.mx

En el año que inicia hay dos acontecimientos que de manera inevitable se entrecruzarán ofreciendo un  panorama complejo para la política local y, por tanto, para el crecimiento de la economía y el bienestar a corto plazo. Uno es el contenido de la elección para renovar la gubernatura estatal, los ayuntamientos y el congreso. El otro es la herencia del gobierno actual.

Cuando este artículo se publique muy probablemente los partidos estarán todavía en la espiral de las tensiones y conflictos internos para decidir métodos y candidaturas, y, por tanto, la posibilidad de discutir adecuadamente la orientación programática sobre la cual se defina la elección será prácticamente nula. Este es un problema central que la ciudadanía y sus organizaciones representativas deben atender rigurosamente pues de ello dependerá, en buena parte, fijarle al próximo gobierno, desde ahora, una agenda de las cuestiones que verdaderamente le importan al estado. Me explico.

En especial después de la alternancia en México y muchos estados, el eje de las elecciones se ha ubicado fundamentalmente en las siglas o en los nombres, lo que era quizá natural a partir del tipo de régimen político del que veníamos. El ciudadano empezó a interesarse básicamente por factores subjetivos o por el dilema continuidad Vs. cambio, y las campañas se trivializaron haciendo del mejor “jingle”, el spot televisivo más pegador, el número de despensas, cobijas o tamales repartidos o el dinero regado durante los comicios los elementos decisivos.

Al quedarse las campañas a ese nivel, los ganadores llegaron sin programa, sin agenda y, de hecho, sin compromisos, por la sencilla razón de que nunca prometieron nada y en consecuencia no había referentes contra los cuales contrastar una gestión de gobierno y hacerla rendir cuentas. Este esquema facilitó que los gobernantes así surgidos hicieran de sus períodos un carnaval de ocurrencias, dislates y caprichos; en suma, gobernaron como les dio la gana.

El saldo es evidente: en los últimos doce años Aguascalientes, medido bajo casi todos los indicadores aceptados, se estancó, pasó a formar parte de las filas de los estados mediocres y ha dejado de ser el estado modelo que alguna vez fue.

La elección de 2010 es, en este sentido, la oportunidad de cambiar radicalmente los resortes sobre los cuales la ciudadanía tome sus decisiones.

Pongamos las cosas de la siguiente forma: hay seis u ocho temas cruciales para revivir el crecimiento, la competitividad y la productividad del estado —que van desde el agua hasta la innovación— con los cuales debe construirse la agenda que los aguascalentenses quieren para los próximos seis años y es a partir de esta agenda sobre la que deben mostrar los diferentes candidatos su verdadera competencia y capacidad para gobernar. Dicho de otra forma: no se trata de comparar biografías o simpatías, sino que la cuestión esencial es quién de ellos tiene las soluciones concretas y viables a los problemas locales que el electorado defina así como el empuje técnico y político para llevarlas a cabo.

De seguir este proceso, los candidatos tendrán que pronunciarse acerca de los temas puntuales, la elección será sobre esos temas, el programa del nuevo gobierno se moverá en esos temas y la rendición de cuentas para evaluar su desempeño será sobre los resultados específicos, tangibles y medibles obtenidos en esa agenda. La discusión, en síntesis, girará por ejemplo en torno a la educación, la economía, el medio ambiente, la seguridad, la transparencia o la infraestructura y no la frivolidad o el clientelismo.  Solo así el estado podrá empezar a levantarse nuevamente.

El otro factor de alto riesgo es, paradójicamente, no el futuro sino el pasado, es decir, la herencia del gobierno que concluye.

Todos los nuevos gobiernos empiezan sobre lo que reciben. No hay espacio suficiente para enumerar la larga lista de asignaturas pendientes que deja la actual administración, pero baste señalar tres áreas problemáticas: la orientación de la economía, la seguridad y los compromisos financieros. De no encontrar las vías para enderezarlas rápidamente, las tres pueden lastrar la viabilidad del siguiente gobierno.

Lo primero es el modelo. Este gobierno apostó por inclinarse hacia actividades de alta visibilidad pero escasamente productivas y poco competitivas a la luz de las evidencias que otros estados y países han aportado como casos exitosos de desarrollo sostenido y sustentable. Como se abandonó el esquema de transición hacia una economía basada en el conocimiento —que ha impulsado a otras entidades— se dejaron por ende de articular las políticas públicas, la inversión por ejemplo o la formación de un alto capital humano, que le dieran soporte y fortaleza, haciendo más débil la estructura económica local.

Dicho gráficamente: no es lo mismo organizar ferias o eventos deportivos que diseñar, innovar o generar patentes. ¿Ejemplos? Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Chihuahua o Irlanda, Chile, Singapur, Corea del Sur y Brasil.  El nuevo gobierno debe entonces ensamblar un claro mapa de navegación y una hoja de ruta en esa dirección. Otra cosa sería más de lo mismo.

El segundo obstáculo será saber con razonable exactitud qué tan arraigada quedará la delincuencia organizada o, dicho con el argot popular, qué tan escriturada le dejan la plaza a la siguiente administración. Uno de los éxitos de los malos es que su modelo de negocio trabaja a largo plazo y confía en la estabilidad transexenal. Si esto es así en el caso aguascalentense, los recién llegados solo tienen dos opciones: renovarles el contrato a los delincuentes, lo que supone seis años más de inseguridad y violencia, o romperlo, lo que supone al menos unos dos años de conflicto y sus secuelas, sin certidumbre alguna acerca de quién ganaría.

Y el tercer problema es que el peso de las deudas sobre las finanzas públicas restará margen de maniobra al nuevo equipo para hacer la inversión necesaria en infraestructura o educación para retomar la senda del crecimiento. El nuevo gobierno empezará diciendo que pedirán apoyo al gobierno federal para “bajar” recursos, que visitarán al congreso federal para que los ayude o que le llevarán ofrendas a la virgen morena, pero lo más probable es que nada de eso sea cierto o funcione porque la federación no tiene margen y la economía nacional apenas crecerá un 2.5% en 2010, y entonces será inevitable resolver en casa el problema aumentando impuestos locales, reduciendo gasto corriente o reestructurando pasivos.

Al menos dos de estas tres amenazas deben y pueden ser neutralizadas en este último año —la economía y la seguridad, porque para la tercera ya no hay espacio en virtud de que ya fue votado, al gusto del ejecutivo, por los diputados locales— a fin de que la próxima administración inicie en condiciones menos malas de lo que hoy pintan.

En conclusión, quienes piensen que con el nuevo gobierno llegará rápidamente el maná más vale que esperen sentados. Pero una buena decisión hará menos lenta la recuperación.