Otto Granados Roldán Director General del Instituto de Administración Pública (IAP) del Tecnológico de Monterrey otto.granados@itesm.mx

En los últimos años se habla de tarde en tarde acerca de las reformas políticas necesarias. No soy un gran partidario de ellas porque creo que, en las actuales circunstancias, son otras las urgencias del país y tienen que ver con el crecimiento, la competitividad y el bienestar, pero admito, desde luego, que habrá que discutirlas a profundidad a corto plazo. Veamos algunas.

La primera se relaciona con el hecho de clarificar si, en escenarios de alternancia y de gobiernos con mayorías frágiles, estamos ante gobiernos divididos o gobiernos compartidos.

Me parece que hay una imprecisión conceptual en materia de teoría constitucional en este punto y tiene que ver con que mientras tengamos un sistema presidencialista puro o predominante, es decir, donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno es uno solo, y una democracia representativa, en donde un candidato presenta un programa el cual es votado y el ciudadano vota para que se gobierne con ese programa durante un período presidencial, el cambio en la correlación de fuerzas derivado de unas elecciones intermedias no necesariamente varía el sentido de la preferencia ciudadana o, al menos, no del todo, ni modifica la estructura de división de poderes, cada uno con sus respectivas facultades, sobre la cual se asienta nuestro régimen constitucional.

En el sistema vigente y en las actuales condiciones políticas y económicas del país es indispensable un ejecutivo fuerte. Las razones son varias. Una es que existen, al menos, dos áreas de política pública que exigen una conducción coordinada y fuerte para que sea eficaz: el combate a la inseguridad y la política macroeconómica.

Por una parte, es evidente que es tal la complejidad del problema del crimen organizado, que requiere tal combinación de instrumentos que van desde el sistema de inteligencia hasta el de impartición de justicia, que son múltiples las agencias estatales que participan, que es necesaria una coordinación internacional, y que es por definición un área donde concurren los tres niveles de gobierno, que para tener éxito es crucial una presidencia que sea capaz de diseñar, formular y ejecutar una política pública efectiva.

Y por otra, resulta claro que son de tal magnitud los desafíos de la crisis económica y las asignaturas pendientes en materia de productividad y competitividad, que dejar en manos de la negociación e, incluso, del regateo político, siempre tan sujeto a las coyunturas electorales, la orientación de los fundamentales económicos, cuyo manejo corresponde al Ejecutivo por mandato constitucional, podría poner en riesgo la disciplina en las finanzas públicas y en el resto de las variables macro, desarbolando un esfuerzo sostenido de estabilidad construido ya por casi dos décadas.

Por tanto, proponer el inicio de los “gobiernos compartidos” recoge en efecto el espíritu de la última elección federal, pero amerita una reflexión más detenida que permita llegar a una definición realista, práctica y positiva para el país. Una cosa es aprovechar el mensaje de la ciudadanía para construir un verdadero esquema de acuerdos concretos entre las distintas fuerzas del arco legislativo y el gobierno para hacer crecer la economía, fortalecer la seguridad y aminorar la desigualdad, y otra muy distinta es hacer de ese mensaje un instrumento que, aún sin proponérselo, termine por debilitar al Ejecutivo.

Valga la paradoja: es justo ahora, cuando el electorado ha decidido votar mayoritariamente por un partido distinto al del gobierno en el poder legislativo, cuando más se requiere un ejecutivo fuerte y una oposición leal e igualmente fuerte.

Una segunda va en la dirección de redefinir el tipo de régimen político que México tiene.

Desde hace varios años ha habido una cierta discusión tanto en los círculos académicos como en la arena política acerca de la naturaleza del régimen, la cual deriva de factores históricos, culturales y funcionales, que llevarían a su vez a definir si sigue vigente el presidencialismo que tenemos o bien ha llegado el momento y existen las condiciones para explorar otras modalidades que incluyan el semi-presidencialismo, el semi-parlamentarismo o el parlamentarismo puro.

Sin entrar a las discusiones que aclaren si se habla de “régimen” o de “sistema”, se entiende que en esos planteamientos subyace el interés de inyectarle cierta vitalidad —o “modernización”— a un aparato político que no es sino la suma de sucesivas reformas electorales, de coyunturas políticas e históricas o de necesidades puntuales que los gobiernos han debido satisfacer, en diversos momentos, para mejorar la gobernabilidad o resolver una crisis específica.

En todo caso, lo que hoy tenemos es eso: más que un régimen en un sentido integral y compacto del término, contamos con una combinación variopinta de leyes, reglas, mecanismos, usos, costumbres y prácticas políticas e institucionales que reflejan no una sino en realidad todas las opciones de régimen político.

Por lo tanto, un primer camino sería iniciar una discusión seria y profunda acerca del régimen que México necesita y definirlo, y solo después proceder a las reformas concretas como, por ejemplo, la reelección de legisladores y alcaldes.

Esta propuesta recoge, sin duda, una de las mayores urgencias en materia de profesionalización de la actividad política y entendemos que el nivel de consenso asegura su aprobación. Sin embargo, es indispensable acompañar la medida de una revisión rigurosa tanto de la legislación orgánica y de los reglamentos vigentes en los congresos como del establecimiento de un servicio civil de carrera, profesional, riguroso y capacitado que coadyuven con los diputados al desempeño eficaz de su labor, y no sean solo espacios de colocación del personal cercano al legislador.

Finalmente, cabe señalar que si se produce esta reforma, a su vez va a incentivar otras, a mediano plazo, en el caso de los gobernadores e, incluso, en el del Presidente de la República. Es muy claro que se trata de un tema de alta sensibilidad histórica y política, pero no hay razones técnicas ni constitucionales ni, de hecho, políticas, con las cuáles responder al argumento de que si un alcalde puede ser reelecto, el mismo principio opere en el caso de los ejecutivos estatales.

Por tanto, una opción, quizá aplicable también en los alcaldes, es seguir el modelo de otros países que consiste en establecer períodos de 4 años, con una solo oportunidad de reelección.

Más aún, si en verdad se quiere ser audaces y transformadores, entonces no habría que rehuir esta discusión en el caso del Presidente de la República y, en todo caso, se puede vacunar este punto delicado, siempre y cuando no sea contestable ante la Suprema Corte de Justicia, mediante una disposición transitoria que prohíba acogerse a dicha reforma a quienes en el pasado ya han ocupado la titularidad del Ejecutivo Federal y/o establecer un calendario que despersonalice la modificación para este y el próximo sexenios, y por tanto entre en vigor hasta la renovación de 2018.

Se trata, en síntesis, de una discusión que apenas empieza pero que va a perfilar lo que será la política mexicana en las próximas décadas.