Karla Macías Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Bonaterra k.macias@up.edu.mx

Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde o lo que es debido. En torno a esta reflexión es inevitable hablar de una figura que tanta controversia ha causado con respecto a su aplicación; estamos hablando precisamente de la prisión preventiva, la cual definiremos como la privación de la libertad que sufre un “probable responsable” el cual aún no ha sido sentenciado, sentencia que pudiera ser tanto absolutoria como condenatoria. Esta medida cautelar se lleva a cabo con la finalidad de garantizar la presencia del indiciado durante el proceso; sin embargo el principal tema de debate en torno a la Prisión Preventiva es precisamente si la sentencia resulta ser absolutoria, ya que la violación al principio de Presunción de Inocencia es inminente.

Aún y cuando para contrarrestar esta figura existe la libertad bajo caución, en la práctica es muy bajo el porcentaje de beneficios que se otorgan en relación a los solicitados, sin mencionar que en muchos de los casos no lo solicitan por no contar con la liquidez necesaria por encontrarse en pobreza extrema ya que este sector es precisamente el mas vulnerable, a esto se le une que no cuentan con la economía necesaria para contratar a un abogado que se especialice en su caso, y lo que para una persona económicamente pudiente viene a ser sólo la sala de espera para una muy posible libertad, para el pobre es la estancia para una muy posible prolongación de la detención, lo que trae como consecuencia prisiones sobre pobladas por individuos que cometieron algún delito menor y que podrían seguir en libertad, pagando sus impuestos, manteniendo a sus familias, y siendo económicamente activos mientras se dicta su sentencia, y si ésta resulta absolutoria no teniendo que pasar por esa mala experiencia, ya que en prisión aprenden, reafirman o continúan con técnicas de delincuencia, y la sobrepoblación carcelaria lleva al lugar a convertirse en un foco de infecciones y enfermedades de todo tipo, de tal manera que si una persona tiene tendencia a delinquir, en prisión puede seguir haciéndolo ya que ahí se cometen innumerables delitos como violaciones, robos, tráfico de drogas, amenazas, lesiones, homicidios, etc.

Si se encuentran con que el procesado es inocente de lo que se le acusa al encontrarse ya sin trabajo, en muchas ocasiones incluso sin familia, señalado por la sociedad, el trauma del encierro y la convivencia que tuvo con delincuentes de verdad, lo pueden llevar a cometer ahora sí mayores delitos, pues no tienen mucho que perder, por lo que son más los problemas que ocasiona la Prisión Preventiva que los supuestos beneficios ya que empuja a núcleos enteros hacia la delincuencia como forma de vida.

Científicamente se ha demostrado el efecto psicológico negativo del encierro y su prolongación, por un lado, y por otro, los costos de mantener a una persona en prisión son de aproximadamente en 240 pesos diarios, que resultan millones de pesos para el gobierno, dinero que bien podría invertirse en educación, la cual es básica para que en un futuro la delincuencia disminuya ya que siempre va a ser mejor prevenir un delito a castigarlo.

Sin embargo en nuestro país ya hubo quien tomó cartas en el asunto y es precisamente el Estado de Nuevo León. Una organización no gubernamental llamada “Renace”, ha tenido el gran acierto de implementar un nuevo modelo de supervisión de fianzas, siendo ésta una alternativa con la que el juez tiene la posibilidad de dejar al “probable responsable” en libertad solo con la condición de que este se someta a una forma de supervisión reglamentada. La filosofía de esta organización es ofrecer “una justa oportunidad” a personas que tienen conflicto con la ley, y asiste a personas que pueden salir bajo fianza pero no pueden pagarla, otorgando pólizas de fianzas (financiadas por fundación Telmex)  para asegurar su libertad provisional.

Renace le ahorra al estado de Nuevo León alrededor de 17 millones de pesos anuales, sin mencionar los múltiples beneficios que esto genera. Para ello la organización es integrada por trabajadoras sociales, abogados y psicólogos, quienes trabajan en conjunto ya que dan seguimiento durante todo el proceso y hasta un año después con la finalidad de cuidar que no haya alguna “recaída”. Además no sólo se trabaja con el procesado sino también brindan ayuda psicológica a toda la familia pues esto es parte fundamental en la reintegración de la persona a su ambiente original. Los candidatos al apoyo deben ser primo delincuentes, es decir, que no hayan cometido delitos anteriormente, además de que debe tratarse de un delito no grave y realizarse un estudio minucioso por parte de las trabajadoras sociales.

En México, la supervisión de fianzas puede jugar un papel muy importante en revertir la tendencia del incremento de la Prisión Preventiva siendo una alternativa que asegura un alto nivel de cumplimiento con el proceso penal y que reduce los costos sociales y económicos al promover la legalidad.