Otto Granados Roldán Director General del Instituto de Administración Pública (IAP) del Tecnológico de Monterrey otto.granados@itesm.mx

Durante los próximos meses es de esperarse que se produzca una cierta discusión acerca de lo que tanto el gobierno como los actores políticos deben hacer a la luz de, por un lado, la nueva composición del mapa político legislativo y territorial y, por otro, la crisis económica internacional y la lamentable situación en que se encuentran las finanzas públicas mexicanas. Pero para que dicha discusión prospere, sea razonable y sensata, es indispensable partir de una idea clara de lo que se quiere debatir pues de otra forma, como es muy frecuente entre esta clase de políticos, lo que habrá es, de nuevo, un diálogo de locos.

Veamos dos temas de especial importancia en este sentido: el problema de la corrupción y las líneas estratégicas de la reforma económica.

Con frecuencia, se dice que la gran enfermedad mexicana, al menos desde el siglo XIX, ha sido la corrupción o, dicho con más amplitud, el profundo desencuentro del mexicano con la ley. Pero el enfoque ha sido erróneo pues durante ya muchos años, particularmente desde 1982 con la creación de la Contraloría de la Federación, se ha pretendido corregir ese déficit a partir de aumentar dependencias, legislación y reglamentos. Es decir, han transcurrido 27 años y la situación es probablemente peor a juzgar por los indicadores disponibles.

En 2002, por ejemplo, existían 6 mil 800 normas, leyes, reglamentos, decretos, circulares, etc., agrupados en 5 mil 500 páginas, tan solo en el sector centralizado de la administración pública federal; entre 2002 y 2007, los trámites federales pasaron de 1,793 a 3,322. Más regulaciones y más trámites no tuvieron un impacto positivo en las incidencias de corrupción o, probablemente, lo tuvieron pero en sentido inverso: los actos de corrupción declarados por hogares mexicanos en 35 servicios públicos prestados por los tres niveles de gobierno y por los particulares aumentaron, de 2005 a 2007, de 115 millones a 197 millones.

Como lo han mostrado los estudios más rigurosos al respecto (por ejemplo los de Susan Rose-Ackerman)  la mayor eficacia en la lucha contra la corrupción no va por el lado de tener un marco regulatorio más abultado sino más eficiente, ni de contar con un sector público más grande sino con una mayor participación privada en la prestación de los servicios públicos, ni tampoco de superponer regla tras regla sino de modernizar a los gobiernos utilizando, por ejemplo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para reducir los incentivos y las oportunidades para la corrupción en los tres niveles de gobierno y en los otros dos poderes públicos.

El segundo punto es la ocurrencia de promover lo que se ha dado en llamar una “reforma económica” y se dice que basta para ello reducir el gasto, reorientar programas y hacer algunos ajustes fiscales. Pero veamos las cosas como son.

Este tipo de propuestas son imprecisas e introducen un sofisma bastante recurrente en estos años y que consiste es aislar tres variables –crecimiento, empleos e inversión- que, en realidad, están directamente interconectadas. Es decir, no es que el gobierno “sólo piense en cobrar y estabilizar”, como dicen los opositores de Calderón, sino que éstos son requisitos sine qua non para “volver a  crecer”.

Pongámoslo de una manera más clara: la evidencia empírica muestra que la condición básica para crecer es el nivel de inversión pública y privada que hace un país. Si el sector público carece de los recursos suficientes porque los ingresos fiscales alcanzan apenas un 10% como proporción del PIB y el sector privado no puede elevar su participación en áreas estratégicas porque hay limitaciones constitucionales y legales que lo impiden, entonces lo procedente no es empezar la reforma económica  por el final –producir bienestar para la gente- sino por el principio, que es financiar la inversión que genere crecimiento, facilitar que ésta se expanda, y, por ende, desatar el círculo virtuoso de empleo, consumo, producción y crecimiento. En suma, bienestar. Las cifras son categóricas: se estima que para producir un punto adicional de crecimiento del PIB se necesita invertir el equivalente a 5 puntos del PIB; lo sensato entonces es que si queremos atraer inversión nueva y de esa magnitud tenemos que abrir sectores estratégicos como petróleo y electricidad. Así de simple.

La necesidad de reordenar el gasto es por supuesto importante, como ya se dijo, pero también hay que repensar la efectividad del mismo. Por ejemplo, el peregrinaje de todos los actores políticos (alcaldes y gobernadores) o de los  rectores de universidades públicas, entre otros, en la Cámara de Diputados, ha producido una de las más severas distorsiones en la asignación y la ejecución del gasto público.

El resultado es que, por razones eminentemente políticas, se produce un reparto tan caprichoso y desordenado del presupuesto que esteriliza la utilidad que el gasto público podría tener para aumentar la productividad o la competitividad del país. En consecuencia, no se trata solo de que el ejecutivo federal ajuste su gasto sino que es indispensable que se construyan mecanismos, más allá de la ASF, que generen un marco distinto de asignación de recursos así como reglas mucho más estrictas y transparentes en la forma como trabajan las comisiones legislativas vinculadas al presupuesto.

El otro problema, al que se alude solo superficialmente, es el de la anorexia fiscal del estado que no se resuelve solo con la revisión del IETU o la eliminación de los casi 200 regímenes tributarios especiales o el ordenamiento de la informalidad (ya en proceso de corrección con el Impuesto a los Depósitos en Efectivo). La verdadera asignatura es el IVA y, al menos desde un punto de vista técnico, todos los partidos lo saben perfectamente bien.

Según la evidencia disponible, se trata del impuesto más eficiente, más fácil y económico de recaudar y, en varios países, es ya el más importante para el fisco. Si se necesitan algunos ejemplos allí está Chile. En plena etapa democrática, o sea los últimos 20 años, y con gobiernos de centro-izquierda, el IVA ha aumentado en tres ocasiones (del 16% al 19% y es parejo para todos los productos y servicios) y es el principal ingreso del gobierno. Más aún: el ex presidente Ricardo Lagos, que pertenece al ala progresista de la coalición gobernante en ese país, ha planteado incluso ir más allá al señalar, el 11 de julio de este año, que “ningún país de la OCDE, a la cual Chile aspira a ingresar, tiene una presión tributaria de 18%, 20% o 21%; todos tienen sobre eso y hasta 40%. Ahí debemos tener una discusión franca, real. Ahí tenemos una asignatura pendiente”. Por algo se explica el éxito de Chile.

Reducir el fortalecimiento fiscal del estado –condición previa para la inversión y el crecimiento- al IETU es repetir el error de las reformas hechas en este país en los últimos casi 50 años que han sido parciales, coyunturales e ineficientes. Mucho mejor sería discutir un paquete que combinara, por ejemplo: a) la generalización del IVA, con una tasa más baja, incluidos medicinas y alimentos, excepto un listado muy reducido de artículos básicos de primerísima necesidad; b) la introducción de una especie de “flat tax” en el caso del ISR; c) la eliminación de los regímenes y bases especiales de tributación; d) la supresión de impuestos como el 0.85% a los ahorros e inversiones financieras y otros que introducen distorsiones en variables como la tasa de ahorro interno, y e) la profundización de impuestos eficientes como el IDE.

Este es el esquema sobre el que se debe discutir y actuar si la intención de hacer reformas es seria. Pero si el propósito es tomarle el pelo nuevamente a la gente, entonces sigamos con el derroche presupuestal, la irresponsabilidad política, y la corrupción rampante. Ejemplos sobran.