Efraín Eduardo Díaz González Licenciado en Derecho de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra y abogado asesor de la firma De la Mora de Ávila & Asociados eduardo.diazg@up.edu.mx

A lo largo de la Historia, los grandes problemas en México se han traducido en la necesidad de hacer valer la ley, buscando encontrar en el derecho una defensa eficaz contra la arbitrariedad. Así pues, y como resultado de la referida lucha, han tenido origen diversos instrumentos e instituciones, siendo un claro ejemplo de ello la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), cuya creación se ve enmarcada por la crisis financiera más severa en la historia de México acaecida en 1994 ante el eminente descontrol que se tuviera con el manejo y administración del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), lo que hacía evidente la desprotección de los ahorradores de la banca.

Siendo 1999, es creada al vapor la CONDUSEF, confiriéndosele a la misma plena autonomía para emitir las resoluciones y laudos que en su caso correspondan, sin embargo, a la fecha tales objetivos no han logrado consolidarse, teniendo así, que en materia de protección a usuarios y solución de conflictos, los procedimientos de conciliación y arbitraje regulados, han resultado notoriamente ineficaces bajo los actuales parámetros de operación, resultando irrisorios los informes de operaciones presentados por la propia Comisión, mismos que para dos mil siete, en materia conciliatoria, precisan que sólo veintinueve de cada cien asuntos puestos a su consideración lograron conciliar, lo que se traduce en la clara ineficacia del servicio prestado, puesto que poco se aproxima el porcentaje expuesto, al logro de una adecuada protección al usuario de servicios financieros como fuera pretendido en mil novecientos noventa y nueve.

En referencia al arbitraje, tal procedimiento resulta inexistente en la actividad operativa de la Comisión, pues al no existir obligación a cargo de las instituciones financieras a sujetarse a aquel, permite así que la impartición de justicia en materia financiera sea dirigida por los intereses de una sola de las partes en conflicto, máxime cuando de las estadísticas publicadas por la CONDUSEF para el año dos mil siete, se muestra que de la totalidad de los asuntos sujetos a su consideración, sólo tres de ellos llegaron al arbitraje, haciéndose cuestionable la subsistencia de la Comisión bajo los parámetros actuales ante la eminente imposibilidad de cumplimiento de los fines para los cuales fue creado.

Adicionalmente a los procedimientos de conciliación y arbitraje, si bien son los medios centrales de solución alternativa de controversias en materia financiara, son reguladas por la ley diversos instrumentos de índole preventivo, sin embargo, al igual que los instrumentos precitados, la reglamentación que les es propia resulta insuficiente y poco eficaz para alcanzar los fines buscados; así pues se puede precisar como en materia de consultas las mismas no poseen una regulación contundente, puesto que la normatividad es laxa en demasía, sin que pueda constituirse en un verdadero medio de prevención de conflictos como inicialmente fuera pretendido. En el mismo orden ideas, las denominadas recomendaciones, no obstante de tener por objeto el encausar el funcionamiento de las instituciones financieras al cumplimiento de la ley, no poseen carácter vincualtivo, es decir, obligatorio, ante lo cual no logran cumplir los fines anhelados, resultando inverosímil que pretenda supeditarse el cumplimiento de la ley a la voluntad de las instituciones financieras, quebrantando con ello el imperio de los órganos de gobierno encargados de la creación, emisión y ejecución de las leyes.

De igual forma, la revisión y propuesta de modificaciones a los contratos de adhesión a cargo de la CONDUSEF ha sido poco explorada y no se le ha dado el impulso suficiente dentro de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, siendo que, buscando una adecuada defensa de los usuarios de los servicios financieros, con fundamento en la citada facultad resulta dable el que se proceda a establecer como requisito mínimo indispensable de aprobación, el que se contemple en dichos contratos la llamada cláusula arbitral, por la cual las partes que lo suscriban acuerden la sujeción al arbitraje en caso de conflicto, más aún cuando la inserción de dicha cláusula no vedaría derecho alguno de las partes, puesto que, implicaría asegurar que el conflicto que llegase a tener lugar entre usuario e institución financiera, sería conocido por  perito en la materia y en total respeto a su garantía de audiencia y defensa, teniendo como principios procesales la celeridad, especialización y eficiencia.

La responsabilidad que actualmente tiene conferida la CONDUSEF estriba en buscar formulas que eviten que los procesos se agoten en la etapa conciliatoria sin haberse resuelto las controversias, de revertir la tendencia de las instituciones financieras a no someterse al procedimiento arbitral, así como de orientar y defender adecuadamente a los usuarios y de lograr una mayor cultura financiera en México, pues bajo el argumento de “no sujeción obligatoria” se hacen nugatorios los fines encomendados a la Comisión, traduciéndose en meras utopías; es claro que la legislación que crea y regula a la Comisión precisa reformas mediante las cuales se prevean procedimientos obligatorios para las partes a efecto de garantir una adecuada protección y defensa, así como buscando la mejor solución de controversias, pues sólo mediante la constitución de un verdadero tribunal financiero se daría la protección necesaria a un pilar de eminente trascendencia en el desarrollo de un país como lo es la cuestión financiera, pues de éste depende el desarrollo o declive de un estado nación, situación que ha quedado clara en la historia mexicana.