Rodrigo Hernández Oneto Maestro en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Bonaterra y profesor de la materia “Legislación Administrativa” en la misma institución rhernandezo@up.edu.mx

En este tiempo en que mucha gente habla de crisis, en vez de ver esta época como de retos y oportunidades, es muy fácil para algunas personas visualizar el comercio informal como una opción viable y favorable.

Sin embargo está demostrado que la ilegalidad en los negocios lejos de traer beneficios al bien común, acarrea –en la mayoría de los casos-  consecuencias desfavorables para la comunidad como lo son mafias en tianguis y mercados, obstrucción de las vías de comunicación, evasión de impuestos, tráfico ilegal de mercancías, contrabando y piratería, entre otras.

La vigilancia en las fronteras aumenta, no sólo en materia de narcotráfico, sino también en el ingreso y egreso ilegal de mercancías dentro de los países. Cada vez hay más ajustes a los aranceles de importación y exportación a fin de evitar competencias desleales entre las economías mundiales; el valor agregado que ofertan las empresas debe ser producto de su mejora en competitividad y no como resultado de la reducción de costos a través de la ilegalidad.

Es cierto que tenemos un problema muy serio en materia de mercado informal, pero también lo es el hecho de que día con día los distintos actores sociales debemos hacer lo propio para hacer frente a éste problema con firmeza y determinación y una manera eficiente de contribuir con ello es el evitar consumir productos cuyo origen es ilegal.

Se ha puesto en marcha por parte de los distintos niveles de gobierno, una estrategia de apoyo a las personas físicas y morales que quieran emprender un negocio, o que si bien teniéndolo, quieran ampliarlo o tecnificarlo. Pero es necesario que dichas personas se sumen en mayor medida a la cultura de la legalidad, constituyéndose conforme a la ley como empresas o personas físicas con actividad empresarial, contar con su RFC, pagar impuestos, prestaciones de ley, etc.

Como ejemplo de lo anterior el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha creado un histórico paquete de apoyos a éste respecto, los cuales van dirigidos al desarrollo y el fortalecimiento de nuestras empresas; en la medida en que todos nos involucremos en esta cultura de la legalidad, veremos incrementado nuestro nivel de calidad vida, traducido en mejores servicios (más y mejores hospitales, vialidades, vivienda, alumbrado público, etc.) que tanta falta hacen en el territorio nacional.

El hecho de que el comercio informal crezca, va en detrimento de las empresas establecidas legalmente (que pagan IMSS, ISR, DAP, etc.), la cuales ante la imposibilidad de competir con el mercado ilegal en igualdad de circunstancias, lamentablemente pueden llegar a cerrar sus puertas.

Por parte de los gobiernos se apoya al comercio formal haciéndoles llegar financiamiento, apoyo para infraestructura, tecnología y capacitación. Es menester de la sociedad hacer lo propio consumiendo aquellos productos y servicios que genera el comercio formal, dejando a un lado y de una vez por todas la informalidad.

Finalmente, estoy convencido que en materia de incentivos que propicien la formalidad y la legalidad  en los negocios, se ha avanzado mucho en los últimos años. De la misma manera se le ha ganado terreno a la ilegalidad con el combate frontal a la misma, más no por ello debemos -como reza el dicho popular- “dormirnos en nuestros laureles”.  Hay todavía mucho por hacer y según aportemos todos nuestro grano de arena a favor de la legalidad y la formalidad en los negocios, iremos terminando con las prácticas contrarias a derecho,  que tanto daño han ocasionado en nuestro país y en la economía mundial.