Otto Granados Roldán Director General del Instituto de Administración Pública (IAP) del Tecnológico de Monterrey otto.granados@itesm.mx

No soy aficionado ni experto en el modus operandi del futbol profesional, pero sí creo serlo en materia de políticas públicas -mi área de especialidad-, y, desde esta perspectiva, el caso del Necaxa es un categórico fracaso.

Empecemos por una precisión conceptual. Una política pública es aquella decisión que toma y ejecuta un gobierno, que involucra recursos públicos o utiliza una facultad y que está destinada a tener efectos en la sociedad o sobre una parte significativa de ella. Cuando la autoridad decide construir una escuela en una población determinada, abrir una avenida, realizar una obra o establecer un impuesto está haciendo política pública. Por tanto, además de seguir con rigor los ordenamientos legales, los gobernantes tienen la obligación de tomar decisiones como esa  –y muchas más-  en función del interés público, lo que implica que detrás de cada acción debe haber una evaluación del costo-beneficio, de su relevancia probada para el estado, de su impacto social, económico o político y de su factibilidad técnica, de tal manera que el resultado sea eficaz para la comunidad. Pues bien, esta lógica operativa es algo que para muchos políticos y, con más razón, para muchos improvisados metidos a políticos, funcionarios o legisladores, es tremendamente difícil de comprender, lo que explica los errores que se cometen. En suma, los gobiernos no son lugares para ocurrencias, caprichos o desvaríos de los titulares en turno, sino fuente de beneficios o daños para la ciudadanía.

El desprecio hacia esa lógica tan elemental es lo que ha llevado a que el gobierno del estado haya provocado el escandaloso desastre de política pública que es el proyecto del Necaxa. Vayamos por partes.

La idea de atraer un equipo de futbol fue básicamente la combinación de una afición y una ambición. Desde su paso por la alcaldía de la capital y luego durante los años preparatorios de su propia candidatura, el actual gobernador se dedicó a capitalizar esa oportunidad aprovechando el probable interés de una parte de la población por ese deporte y porque era una forma de vincularse con una televisora nacional que le facilitaría elevar su posicionamiento mediático de cara al proceso electoral. En ese sentido, le ayudó sin duda. Pero el problema básico es que, como a veces ocurre en el negocio del entretenimiento, los supuestos de que se parte son impredecibles porque están sujetos a variables con frecuencia subjetivas e inmanejables; en consecuencia, si los escenarios cambian, el negocio falla. ¿Qué pasó en este caso?

Lo primero es que no está nada claro que los gobiernos deban ocuparse de asuntos como el futbol profesional, las corridas de toros o los palenques. Las funciones sustanciales del estado son precisas en la ley y, sobre todo, en el sentido común, y éstas consisten en dedicarse en cuerpo y alma a promover el verdadero crecimiento económico y la competitividad, apoyar el aumento de la productividad, mejorar la educación, preservar la seguridad, brindar servicios públicos, construir infraestructura o proteger el medio ambiente. Un ejemplo de cómo se confunden los deberes del estado es cuando el gobierno ha afirmado que “el Patronato de Fomento al Futbol es sin duda generador de empleos y coadyuva al desarrollo económico de Aguascalientes” lo cual puede ser cierto para quienes lucran con el equipo pero paladinamente falso para el conjunto de la comunidad, y los datos son irrefutables: en 2008 la economía del estado prácticamente no creció (apenas 0.1%) y el empleo formal decreció (-0.1%), y las cifras del IMSS de abril de este año confirman la tendencia del desempleo.

La conclusión es que al meterse el estado en cuestiones que no conoce, ni domina, ni son propiamente de su competencia, está desviando los recursos del contribuyente no hacia políticas de interés público o general sino hacia los caprichos particulares, con lo que el desenlace es obvio: ni atiende sus obligaciones ni puede con las aficiones.

El segundo asunto es que el gobierno del estado tiene la obligación de rendir cuentas respecto de lo que ha pasado con este caso, o el Congreso y la ciudadanía deben exigirlas. Desde el principio, ha habido numerosas dudas e interrogantes acerca de la forma en que se integraron los fideicomisos y asociaciones relacionados con el equipo, el patronato que lo maneja, la propiedad o posesión del estadio y de la casa club, las bases del contrato con la televisora que controla la franquicia, los convenios de publicidad, las obligaciones con los dueños de palcos, las transferencias presupuestales de algunas dependencias hacia el equipo para eludir restricciones impuestas por el Congreso del Estado, y un largo etcétera que ha rodeado de grave opacidad el funcionamiento de esta operación. Un botón de muestra: según el columnista financiero, Alberto Aguilar, uno de los daños será para los anunciantes que verán afectados sus ingresos porque sufrirán “la minusvalía de tener un equipo en primera división, que implica unos 15 millones de dólares Vs un millón de dólares a lo sumo de otro en primera A”. Es evidente que hay un imperativo de explicar no solo porque el espíritu y la letra de la constitución y las leyes, en especial la de responsabilidades, así lo prevé, sino por razones éticas elementales.

La tercera lección del escándalo es algo que suele esconderse bajo la alfombra y es la complacencia de una porción de la sociedad con los actos reprobables de gobierno. Sea por temor, complicidad o interés, es detestable que Aguascalientes siga siendo una comunidad en donde una parte de ella es incapaz de actuar de forma madura, responsable, autónoma y crítica, es decir, como una auténtica ciudadanía en el sentido que este concepto tiene en cualquier nación civilizada. El mejor ejemplo en este episodio es la aprobación que el 27 de octubre de 2008, sin chistar, hizo el Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, con una sola abstención por ausencia, al aprobar lo que puede llamarse, en un sentido laxo, el desvío de 98 millones de pesos procedentes del impuesto sobre nóminas –que le corresponde administrar  a dicho comité- para aliviar el ahogo financiero del Necaxa (puede consultarse el acta del comité en el diario digital www.desdelared.com.mx). 

La decisión es severamente criticable desde cualquier punto de vista. Por un lado, se violaron claramente las reglas de operación del Fideicomiso pues el crédito fue para una operación de salvamento financiero a una entidad que ni es un “proyecto altamente detonante del desarrollo económico del estado”, ni se trata de “empresas o de obras en la que los recursos se traduzcan en beneficios para el estado y su población”. Tampoco es justificación decir que ese préstamo es uno más entre 400 que otorgó el fideicomiso, por la desproporción ante el abusivo monto dirigido al Necaxa, y parece vergonzoso que se diga que está garantizado con “palcos no vendidos” porque se trata de inmuebles que en su  momento no representaban la relación usual en los mercados crediticios (dos o tres a uno, al menos) y porque, al día de hoy, esos palcos no valen nada.  Por otro, es inconcebible que ese comité –en el que participan nueve empresarios y/o dirigentes de organismos empresariales- haya avalado el movimiento a sabiendas de la finalidad que tenía, y no, por ejemplo, orientarlo hacia las abundantes necesidades que hay de destinar recursos: a la investigación aplicada relevante, a programas científicos y tecnológicos, en suma, a todo aquello que contribuya a elevar la competitividad del estado.

Esto acaba de hundir la escasa credibilidad de quienes dicen representar a la empresa y explica, con nitidez, por qué la estructura económica del estado ha resentido, además de las crisis y el fracaso de la gestión gubernamental, la falta de una clase empresarial innovadora, moderna, profesional y competitiva. Justo en esos comportamientos está no solo la clave de la mediocridad de los organismos sino también la raíz del “capitalismo de cuates” que tenemos y que va en la lógica opuesta al funcionamiento de los mercados en los países exitosos.

En síntesis, el caso Necaxa es probablemente uno de los ejemplos que mejor deben documentarse y ser estudiados en todas las escuelas de administración pública para conocer cómo y por qué fracasan las políticas públicas.