Roberto Ruvalcaba Guerra Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Bonaterra y Profesor de Derecho Procesal en la misma institución

Opción de defensa contra créditos fiscales

En virtud de la globalización y la expansión del capitalismo como sistema económico en la mayor parte del mundo, así como la crisis que ahora se vive como consecuencia de la aparición de estos fenómenos, la tendencia al incremento en la recaudación de contribuciones en nuestro país ha ido paulatinamente desgastando a la iniciativa privada, a grado tal que incluso la inversión extranjera, que otrora encontrara sumamente atractivo el mercado mexicano dadas las condiciones favorables en materia tributaria, también se ha estado retirando en la primera década de este siglo, teniendo como caso ejemplar a la industria maquiladora.

La situación que se presenta para aquéllos que tienen injerencia en la dirección de una empresa, sea como dueño, accionista, socio, representante legal, entre otros con interés en el buen funcionamiento de un negocio, es que se han topado ya con la intervención de las instituciones hacendarias en su quehacer cotidiano, como sujetos pasivos de la actividad recaudatoria del estado.

Así las cosas, las autoridades fiscales hoy en día y más que nunca antes, están pendientes del correcto cumplimiento de las obligaciones en la materia por parte de los contribuyentes y necesariamente, al constituir una tarea humana, se cometen errores, equivocaciones o arbitrariedades en el ejercicio de la potestad tributaria.

Es de destacarse que, además de la existencia de las instancias en sede administrativa, mejor conocidas como recursos administrativos, también existe el juicio contencioso administrativo, llamado coloquialmente “juicio de nulidad”, por la limitación en los efectos que podían producir sus sentencias, y que es básicamente un medio de defensa de naturaleza jurisdiccional, donde un juzgador ajeno a las partes por regla general tendrá a un particular sosteniendo una acción litigiosa en contra de una autoridad fiscal o administrativa, con la pretensión, normalmente, de obtener la anulación de una resolución que lesiona su esfera jurídica.

Este instrumento legal de protección del interés jurídico de los contribuyentes tiene su antecedente en lo dispuesto por el artículo 73, fracción  XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la creación de tribunales administrativos en aras de tutelar los derechos de los particulares con el propósito de evitar excesos, desvío de poder o apreciaciones erróneas por parte del Estado en su contra, y para cuyo desarrollo se creó en 2005, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula el procedimiento del juicio.

Las reglas generales del juicio contencioso administrativo permiten la interposición del referido juicio en contra de una multitud de actos de molestia, siendo los que destacan: las determinaciones de contribuciones (entendiéndose como tales los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos) y sus accesorios, la negativa de devolución de cantidades pagadas indebidamente o en exceso a las autoridades por dichos conceptos, multas de carácter fiscal o administrativo, incluyendo las boletas de infracción emitidas por los funcionarios de la Policía Federal Preventiva, entre otras autoridades de la administración pública federal, las pensiones civiles a cargo del erario federal (esto es, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), las pensiones militares, la interpretación de contratos de obra pública, las resoluciones que pongan fin a un procedimiento, o aquéllas que resuelvan un recurso administrativo, entre otras, además de la opción de impugnar acuerdos o decretos de carácter general, exceptuados los reglamentos.

Asimismo, como ventajas para los demandantes, prevé la posibilidad de interponer incidentes con el fin de obtener indemnización en caso de que las actuaciones de las autoridades no se apeguen a las disposiciones normativas aplicables en cada caso concreto, de tal suerte que, una vez demostrado el daño o perjuicio sufrido con las probanzas conducentes, es posible no sólo obtener la nulidad de un acto fiscal o administrativo, sino incluso obtener prestaciones económicas una vez demostrada la ilegalidad de tales resoluciones.

El juicio se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y dada su naturaleza pragmática y administrativa, no implica la necesidad de estar acudiendo constantemente a las instalaciones de las Salas Regionales de dicho órgano jurisdiccional para saber su estado procesal, puesto que todas las actuaciones que tengan algún efecto directo en los derechos de defensa de las partes, son notificados de forma personal o por correo certificado con acuse de recibo, y los plazos correspondientes empezarán a computarse sólo hasta que los que intervienen en el asunto sean debidamente emplazados.

En los tiempos que se viven, y ante la voracidad que recientemente ha mostrado el poder público con relación a la obtención de recursos para satisfacer las necesidades colectivas de manera formal, sin atender al problema de fondo, que constituye la reducción de la base de contribuyentes con la que cuentan las autoridades fiscales, es necesario que aquéllos que cumplen con sus obligaciones en materia tributaria tengan conocimiento de que existen los medios para hacer valer sus derechos, incluso ante los temidos órganos fiscales, con la seguridad de que en las controversias sometidas a consideración de tribunal recibirán el trato equitativo, al mismo nivel de la autoridad, durante la tramitación del asunto, sin que se resientan los efectos de la relación de supra a subordinación que une a las instituciones estatales con los gobernados, con el fin de que, en caso de estimar violado un derecho en las materias fiscal o administrativo, acudan a promover su medio de defensa, para así buscar, jurisdiccionalmente, la salvaguarda de sus derechos en ese sentido.