Laura Estrada Ramírez lramirez@up.edu.mx Licenciada en Derecho por la Universidad Regiomontana y profesora de Derecho Penal en la Universidad Panamericana Campus Bonaterra

En el ejercicio de la profesión (18 años) de abogada especialista en Derecho Penal y Derecho Familiar hay sinfín de anécdotas, de triunfos, derrotas, injusticias, de alegrías, tragedias y dolor, pero en los últimos casos que he llevado, hubo uno en especial que me impactó y obligó a analizar circunstancias de uno de los crímenes que considero es, de los más aberrantes: “el secuestro”.

El secuestro es un tipo penal en el cual se tutela el bien jurídico que es la seguridad, la integridad física, la integridad psíquica y desde luego la vida. En efecto,  he dedicado parte del ejercicio de mi profesión al Derecho Penal y en los últimos cinco años, sólo por la noticias, me daba cuenta que había muchos lugares en nuestra república en los cuales este tipo de delito era frecuente, pero aquí, en nuestra ciudad, en Aguascalientes, en el lugar de la “gente buena”, había algunos casos, efectivamente, como decían las autoridades “aislados”; pues  todavía no le pasaba al empresario “que todos conocíamos”, al comerciante que  todo el mundo sabía dónde tenía sus negocios, aquel hombre que dio mucho trabajo a nuestra gente, de familia respetable y con buenas costumbres que erigió su empresa a base de trabajo. Sin embargo, poco a poco a finales del 2007 se fueron acercando a nuestra ciudad los casos en esta especie de delitos; ya no era en series policíacas CSI, ya no era en Tijuana, Nuevo León o Jalisco, sino también, en nuestra ciudad. Nos dimos cuenta, que bandas delictuosas o el crimen organizado, estaba infiltrado en nuestro estado, secuestrando no solamente a la víctima, sino a su familia, a sus vecinos, a sus trabajadores, a los compañeros de escuela de sus hijos con historias de tortura, de mutilación y de muerte… preciadas familias que emigran que se van que huyen de la inseguridad. Y entonces la pregunta: ¿Quién debe irse?, ¿Quién debe ser castigado?

Paralelamente a estos sucesos, había otras noticias: ”…varios comandantes de policía ministerial, otros tantos de policía municipal, estaban coludidos con dichas bandas delictivas, también un director de policía y a nivel federal el  encargado precisamente del grupo anti secuestros… y también algunos militares...”, Así el hijo del empresario Alejandro Martí, Fernando Martí, de apenas 14 años fue ejecutado por sus plagiarios, después de pagado el rescate y un caso análogo, el de Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas.

El impacto en la sociedad, de desconfianza en las autoridades así como indignación, impotencia y a la par el viejo-nuevo discurso “PENA DE MUERTE PARA LOS SECUESTRADORES”, “CADENA PERPETUA”, discursos que cada década, por lo menos, se discuten, tanto en el ámbito legislativo, campañas políticas o discursos públicos de activistas generalmente de izquierda; finalmente que no atacan ni resuelven  el problema de fondo que es la corrupción, pues para qué queremos pena de muerte o cadena perpetua si hay impunidad, ¿a quién se les va a aplicar?, o bien, llegaríamos al absurdo de otros sistemas de justicia penal, en los cuales se condena a una persona a penas inusitadas de más de cien años, perdón… ya tenemos una pena de esa naturaleza, que fue decretada en contra del Daniel Arizmendi López, el “Mocha orejas”: 398 años, ¿Los va a cumplir? ¿El lugar donde purgará su pena tendrá alguna utilidad de prevención general o especial?, ¿el fin último de la sanción o pena corporal se cumple?

El secuestro va secuestrando no sólo a la víctima, sino a sus familias, a la sociedad, el secuestrador roba la seguridad, la tranquilidad y las vidas de muchas personas, las que rodean a la víctima y las que dependen emocionalmente o económicamente de él, es un delito que se comete con lujo de violencia, infamante, cruel y despiadado que va secuestrando a la sociedad entera.