Anette Alejandra Mejía Cerdio amejia@up.edu.mx Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, y profesora de tiempo completo de la Faculta de Derecho de la misma institución

Entre el 25 y 28 de agosto del 2008 la Suprema Corte discutió, en su pleno, el proyecto para la declaratoria de inconstitucionalidad respecto de las reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al considerar que dicha reforma atenta contra el espíritu constitucional, de protección irrestricta a la vida de las personas desde su concepción.

Los juristas, los líderes sociales, los partidos políticos y las asociaciones, pero especialmente las personas, esperábamos un fallo que reivindicara el derecho natural a la defensa de la vida como un valor fundamental en un estado civilizado y humanista.

Antes de que la discusión en el pleno de los ministros tuviese lugar, se realizaron audiencias en las que las posturas más antagónicas fueron planteadas y escuchadas por quienes ocupan la parte más alta de la pirámide jurisdiccional en nuestro país.

El debate que escuché con atención, se centró, como siempre, en posturas ideológicas respecto a las libertades de género, a las condiciones económicas, a las circunstancias en las que se realizan los abortos clandestinos y  en una bizarra y extra lógica perorata respecto a si, en un proceso biológico, que no admite acotamiento o divisiones, un embrión de una o dos semanas está más o menos vivo que uno de ocho o uno de veinte, cuando la única pregunta válida sería si el ser humano tiene derecho de disponer de la vida de otro. Y si nuestra respuesta genérica es negativa, todo lo demás debería analizar qué políticas públicas ha de asumir el Estado para proteger, educar, asistir y defender a la mujer embarazada y al niño que nacerá.

Las alternativas preventivas y de labor social son muchas, pero se ha preferido desviar la pregunta fundamental hacia tópicos que se relacionan con derechos secundarios – de género, de clase – y se olvida lo  principal.

La importancia de la declaratoria de la Corte estriba en el hecho de que al defender la vida, el máximo tribunal de la nación hubiese fijado el rumbo de una discusión que no va a terminar a partir de leyes o sentencias; es un problema mucho más profundo y complejo pero que debiese haber reencauzado la discusión del problema a su esencia: la vida humana es sagrada y el Estado la debe defender, auspiciar y procurar.

Lo anterior no supone la desatención a los graves problemas de desigualdad social, falta de oportunidades, de educación, valores marginados, etc., etc., pero establece el punto de partida desde el cual debe anticiparse todo el sistema que resuelva los problemas precisamente.

A pesar de esta expectativa la Corte decidió no entrar al fondo del asunto y permanecer en una periferia neutra: se limitó a discutir si la asamblea legislativa del Distrito Federal era competente o no, desde la perspectiva constitucional, de modificar un artículo del Código Penal local para adecuar el tipo que contempla el delito de aborto y decidió por mayoría absoluta de votos que, desde una perspectiva constitucional, el D.F. sí puede tener autonomía para realizar ese cambio legislativo, pero sin entrar en la discusión bajo ciertas condiciones de temporalidad, atente o no, contra el espíritu constitucional de defensa de la vida y la dignidad del ser humano. Fue decepcionante, por que evidenció temor de nuestro máximo tribunal constitucional de afrontar una discusión ardua, pero indispensable para la República.

Varios ministros establecieron claramente que su voto sobre las facultades legislativas  no reflejaba su opinión personal, sobre el tema de fondo – como si uno no produjera el otro resultado – pero, como Pilatos, se delimitaron, o más bien, diluyeron su culpa.

En rigor no existe ningún pronunciamiento constitucional sobre el derecho al aborto, pero aún si existiera y fuera contra la vida, seguiría siendo el ejemplo, el paradigma de una norma positiva que contraviene al derecho natural y es, por ende, injusto.

Los sectores “liberales” festinaron –por razones políticas– un triunfo  de la razón, como si la muerte fuese motivo de festejo, como si someterse “legalmente” a una extracción uterina, con todas sus secuelas físicas y psicológicas fuese algo para causar alegría. No lo es, no puede serlo.

El fallo de la Corte, jurídicamente cuestionable, políticamente incorrecto, moralmente reprobable va a catalizar la aprobación de otros poderes legislativos locales y, sin embargo, la razón y la justicia deben seguir oponiéndose con razones y argumentos, a lo impropio.

Es una batalla de la civilización contra la barbarie de la sociedad hedonista y la falta de valores.

La defensa de la vida no es un partido de fútbol no hay ganadores o perdedores, no hay empates. En materia de axiología hay algo bueno y algo malo y la opción se reduce acatar lo que nuestra intuición y nuestro pensamiento saben que debe ser.

La vida es sagrada. Ni la criminalidad desaforada, ni los conflictos sociales, ni las disputas políticas pueden alterar esa certeza.

Nos queda un largo camino: educar y civilizar, convencer y pulir las conciencias.

La Corte habló: “JUS SEMPER LOQUITUR”, -“La justicia siempre habla” – decían los romanos, pero no siempre tiene la razón. La justicia humana es falible.