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Otto Granados Roldán
Director
Asociado del Departamento de Ciencias Sociales
y Humanidades; ITESM, Campus Aguascalientes
otto.granados@itesm.mx
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Cuando el ciudadano común lee o escucha las
ruidosas declaraciones de los llamados representantes
empresariales locales a propósito de cualquier
tema –la política monetaria, las elecciones
norteamericanas, el uso del condón o la relevancia
cultural de la Romería- la tendencia natural
es a pensar que se trata del Oráculo de Delfos,
de grandes capitanes industriales con influencia
nacional o de doctas autoridades en todas las materias
divinas y terrenales, cuyos pronunciamientos, por
consecuencia, van a tener un impacto radical en las
decisiones políticas. En realidad, nada de
eso ocurre casi nunca, salvo servir de plataforma
política personal de dirigentes de peso muy
ligero.
Pero cuando se trata de identificar si, esos mismos
y muchos otros, están haciendo bien su tarea
para modernizar a las empresas de Aguascalientes,
ponerlas al día en el campo de la innovación
o el management, saltar hacia la
globalización o dar el brinco hacia las nuevas
prácticas de gobierno corporativo que hoy
exige cualquier empresa competitiva, entonces
las ideas y los hechos brillan por su ausencia y
aquí radica una de las debilidades estructurales
de la economía del estado.
Vayamos, como diría Jack el Destripador,
por partes.
Tras el final del ciclo fuertemente intervencionista
del estado en la economía en los años
ochenta, se produjeron dos tendencias novedosas.
Una es que la economía mexicana se abrió y
su relación comercio exterior/PIB pasó de
25% en 1982 a 63% en 2006; la otra es que, mal que
bien, empezó a existir un mercado más
libre, si bien imperfecto y todavía con muchas
taras como los monopolios públicos y privados.
En ese itinerario quedó de manifiesto que
el motor del crecimiento residía en las empresas
privadas y ya no tanto en el estado o, más
específicamente, en el gasto público.
Pues bien, si esto es así, las cifras
del crecimiento del estado entre 1994 y 2006 podrían
atribuirse entonces solo a un puñado de empresas
grandes, tanto locales como nacionales y extranjeras,
que, al parecer, son las que han estado detonando
la dinámica general, pero no necesariamente
al “conjunto” de las empresas. Veamos.
En ese período, el valor de la economía
de Aguascalientes pasó, a precios corrientes
y según el INEGI, de 1,340 millones de dólares
en 1994 a 10 mil 398 en 2006, es decir, la tasa en
el período aumento 24.4%, tan solo por detrás
de Baja California Sur y de San Luis Potosí.
Pero cuando se revisan los datos desagregados por
actividad económica, la aportación
de cada uno de los sectores a ese crecimiento es
sumamente heterogénea; por ejemplo, el campo
y la minería, desde luego, decrecieron; el
renglón comercio, hoteles y restaurantes
mantuvo casi su mismo peso en el lapso en cuestión;
la construcción bajó de 4.88% a 3.58%,
y el único que mejoró fue la industria
manufacturera que pasó de ocupar el 25.73%
de la economía al 30.34%. Si nos quedamos
con este último dato, es altamente probable
que el incremento manufacturero –de alrededor
del 20%- en realidad se haya debido a las 20 o 30
empresas de mayor tamaño y peso en el estado. ¿Y
qué pasó con el resto?
Aquí está una de las claves del problema
pero también de la oportunidad. Las empresas
del estado podrían dividirse en dos. Los casos
más visibles y exitosos, que son líderes
a nivel nacional en sus respectivos mercados, que
están proceso de diversificación, que
están en el sector exportador, entre otras
características. Y las demás, que aún
mantienen un perfil muy tradicional, volcadas al
mercado doméstico, poco innovadoras y, en
suma, escasamente competitivas. Sin embargo, aún
con sus radicales diferencias, unas y otras comparten,
aún, uno de los defectos torales de la mayor
parte de las empresas mexicanas: prácticas
ineficientes o de plano, inexistentes, de gobierno
corporativo moderno y transparente. Este es uno de
los rezagos centrales en el management mexicano.
La modernización de las empresas requiere
de varias condiciones pero una crucial es profesionalizar
las prácticas de gobierno corporativo. En
el caso de Aguascalientes, en donde la gran mayoría
de las unidades económicas, son todavía
muy familiares, se observa que éste rasgo
se ha convertido ya en un cierto problema porque
al ser empresas privadas (en oposición a las
públicas que lanzan parte de su capital al
público inversionista) sus estilos de administración
son cerrados, con frecuencia opacos y esto tiene
efectos muy negativos, por ejemplo, en la estructura
de costos de operación o en la captación
de financiamiento competitivo para sus planes de
expansión. No es una casualidad que, en buena
medida por estas razones, ninguna empresa de Aguascalientes
cotice en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué hacer
entonces?
Establecer buenas prácticas de gobierno corporativo
quiere decir varias cosas. La primera de ellas es
que una empresa eficiente y competitiva tiene que
ser, por definición, una empresa ordenada
frente al universo de su operación interna
y ante sus compromisos y obligaciones fiscales y
de todo tipo. Cuando una empresa decide escamotear
el pago de sus impuestos o contratar personal simplemente
por razones familiares o resolver su proveeduría
con base en criterios subjetivos y, a veces, por
corrupción, se coloca en una situación
claramente ineficiente y, en el corto o mediano plazo,
esas prácticas gravitarán sobre el éxito
e incluso la viabilidad de la empresa. Algunas empresas
locales desaparecieron por esa razón.
La segunda es que toda empresa, como cualquier
organismo vivo, requiere prácticas de autocontrol. En
una economía abierta y global, en que los
márgenes son cada vez menores, hay que seguir
una regla elemental: gastar menos y vender más.
Y esto solo es posible si se invierte el esquema “empresarios
ricos-empresas pobres” (todavía muy
arraigado) por otro que diga: “empresas competitivas-empresarios
ricos”. Quizá uno de los ejemplos más
admirables en sus políticas de control y de
costos es Wal Mart de México y la explicación
es sencilla: mientras la compañía tenga
más eficiencias operativas de todo tipo –desde
recursos humanos hasta uso de energía- y haciendo
que los proveedores participen positivamente en la
construcción de este círculo virtuoso,
los ahorros en los costos los repercute en menores
precios al consumidor y, a su vez, éstos responden
con frecuencia de visitas y lealtad. Todos ganan.
La tercera es una necesidad de transparencia. Las
empresas modernas tiene que ser transparentes no
solo por razones de responsabilidad social, imagen
o credibilidad, sino también por eficiencia
económica: la transparencia contribuye a las
utilidades. Hoy todavía muchas empresas buscan
auditores no para que les digan dónde y cómo
están mal sino para que les escondan el polvo
bajo la alfombra y les digan cómo tapar las
irregularidades. Por tanto, es una exigencia que
las empresas funcionales deban tener una auditoría
interna independiente de la operación y otra
externa que, además, debe ser cambiada cada
cierto tiempo como hoy se acostumbra (y se obliga
ya en muchas legislaciones) para garantizar objetividad
y una toma de decisiones correctas, máxime
si se trata de una empresa pública.
Por último, quizá la mejor fórmula
de pasar todas esas aduanas en las empresas medianas
y grandes es plantearse como meta volverse públicas.
Dar este paso suele ser una revolución en
las familias empresarias pero la evidencia internacional
demuestra que es el único camino para asegurar
la viabilidad de las empresas mismas y, más
importante, las fortunas. Bill Gates es uno de los
tres más ricos del mundo y solo posee el 9%
de Microsoft; la familia propietaria de la cervecera
Anheuser Busch disfruta su fortuna y posee menos
del 5% de las acciones de la compañía;
los tres hermanos Walton tienen el 40% de Wal Mart
y las cuentas bancarias de cada uno llegan ya a los
17 mil millones de dólares. La conclusión
es muy clara: el sentimentalismo suele ser nocivo
para las ganancias.
Volver pública una empresa ofrece posibilidades
muy altas de aumentar el éxito, la reputación
corporativa y las fortunas, así como de consolidar
la credibilidad y la imagen, pero a condición
de transparentar y profesionalizar la operación,
introducir mejores prácticas y, en síntesis,
construir verdaderas empresas que compitan en el
mundo del siglo XXI.