Ing. Salvador Rodríguez Aldrete Director General de Asesores Patrimoniales CAS del Bajío S.C. srodriguez@sryamex.com

Hace algunos años en el seno de una organización empresarial, se discutía su definición y dentro de esa discusión algunos miembros pugnaban por establecerla como no partidista y apolítica en un afán de desligarse de cualquier influencia de partidos o gobierno. Recuerdo claramente cómo varios de los miembros nos opusimos fervientemente al término apolítico no objetando en lo absoluto el no partidismo.

¿Por qué recuerdo esta historia amable lector? La razón es simple. En los últimos años, quizá desde Maquío y los Bárbaros del Norte en el PAN en los 70´s, se ha discutido mucho si los empresarios deben de participar o no en la política. Hay opiniones a favor y en contra pero la realidad es que los cargos públicos son, cada vez más, ocupados por personas que provienen de los organismos empresariales y no de las filas de los partidos. Ejemplos sobran: Vicente Fox a nivel nacional, Felipe Gonzalez y Luis Armando Reynoso en lo estatal y más recientemente la elección de Gabriel Arellano como presidente municipal de Aguascalientes.

En lo personal, considero que la incursión de los empresarios en los cargos públicos es absolutamente moral y válida. Finalmente, somos ciudadanos y como tales tenemos los mismos derechos y obligaciones que quien no es empresario. Pero independientemente de nuestra particular forma de pensar sobre este tema, es una realidad que los empresarios han participado históricamente en la política y hoy buscan con ahínco los cargos públicos.

Es en este último punto en donde me parece que debemos reflexionar: nuestra participación como funcionarios, electos o designados.

Como cualquier ciudadano, tenemos el legítimo derecho de aspirar a un cargo público. Pero a diferencia de los no empresarios, me parece que tenemos una serie de obligaciones morales mayores.

El primer tema que deseo tratar tiene que ver con nuestra forma de pensar. El “mind setting” de los norteamericanos. El empresario es, por naturaleza, ambicioso en lo económico, de otra forma no se hubiera arriesgado al poner una empresa. Buscamos el lucro dentro de un balance de contribución a la sociedad pero finalmente lucro. En la vida pública es diferente. La premisa fundamental de toda actividad política es el buscar el bien común. Aquí se presenta el primer dilema.

Al presentarnos a un cargo público, de elección o de designación, la primera pregunta que debemos de hacernos es si nuestras necesidades económicas se podrán satisfacer con el sueldo de dicho cargo o si bien están llenas con patrimonio personal u otras actividades que no presenten ningún conflicto de intereses con la posición que buscamos. Lamentablemente esto no es siempre así. Cuántos casos no vemos de empresarios con empresas quebradas que llegan a la política como un salvavidas para ellos o para la empresa. Esto es, sin meterme en la parte legal, moralmente inaceptable. No podemos, los ciudadanos y mucho menos los empresarios, permitir que uno de nuestros compañeros entre a un cargo público para lucrar con él. Y no se trata de robar directamente. Hay muchas formas de lucrar: préstamos de la banca de fomento que no se pagan, obras públicas que beneficien mis propiedades, uso de información privilegiada, etc.

El segundo dilema tiene que ver con la competencia y no me refiero a la competencia electoral sino a la propia para desempeñar el puesto al que aspiramos. El hecho de haber tenido éxito, de cualquier dimensión, no nos hace automáticamente competentes para aspirar a un cargo público. De la misma forma que el dueño del supermercado de colonia no es competente para administrar Wal-Mart de México, un empresario sin preparación, sin visión, sin conocimiento y sobre todo sin actualizarse, le puede hacer mas daño a un país o a una región que un ladrón. En este tema. La pregunta no es cuánto se lleva sino cuánto nos cuestan sus malas decisiones.

Cada unos de nosotros debe de tener muy claro que antes de aceptar una candidatura o un puesto es necesario hacer un examen de conciencia y preguntarse: ¿estoy preparado para la tarea? La función pública, no porque otros la hayan desempeñado mal, deja de ser muy compleja. No nos olvidemos de cuánto hemos criticado la improvisación de funcionarios públicos.

La tercer interrogante tiene que ver con cómo llegamos al cargo. Llenos estamos de empresarios que han usado a los organismos empresariales para su propia carrera política. Aquí existe una línea muy clara: si durante mi actuación dentro de un organismo de empresarios busqué siempre cumplir con los objetivos de dicho organismo y por lo tanto, me he creado una reputación de valiente, visionario, defensor del bien común y buen administrador de lo ajeno, me parece que tenemos derecho pleno a que esa buena reputación sea un activo a la hora de buscar un cargo. Si por el contrario, utilicé mi posición para tejer una red de complicidades políticas con el gobernante en turno, para apoyar a un candidato o para participar en un partido, me parece que estoy infringiendo las reglas básicas de la ética empresarial.

Por último pero no por ello menos importante, está el tema de la actuación en el cargo público y el uso y/o abuso de las facultades del mismo. Aquí tenemos un rango muy amplio de temas, desde no meter la mano en la jarra de las galletas -por ponerlo coloquialmente- hasta el uso de información privilegiada en nuestro beneficio o la fijación de salarios exorbitantes, sin dejar de observar el abuso de los fondos públicos para la publicidad personal.

No se necesita robar descaradamente para ser deshonesto. También se es si se aceptan regalos costosos, si se utilizan bienes públicos en lo privado, si se festejan ocasiones especiales a costo de los contribuyentes, si se favorece a la familia o a los amigos con programas públicos, si se coloca a personas cercanas en posiciones para las que no tienen competencia, etc. etc. La lista es larga. Aquí me parece que la regla puede ser bastante simple: Si no lo puedo publicar abiertamente, lo más probable es que no sea honesto.

Para finalizar, pienso que los empresarios deben de actuar en política, pueden y deben de buscar cargos públicos y tienen derecho a una compensación justa y equitativa. Nada hay más satisfactorio después de una vida de trabajo que aportar a nuestra comunidad, siempre y cuando no lo hagamos por dinero, por abusar del poder, por ambición descarada y sobre todo, cuando poseamos la COMPETENCIA para el puesto.

Hasta el próximo número de Líder Empresarial.