Mtro. Otto Granados Roldán Director Asociado. Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, ITESM, Campus Aguascalientes. otto.granados@itesm.mx

Cuando algunos agudos observadores de la escena internacional dicen, con humor casi macabro, que América Latina no es competitiva ni como amenaza o bien la catalogan como la nueva Atlántida, es decir, el continente perdido, es válido preguntarse si está América Latina en el radar de los intereses nacionales de México o, dicho de otra forma, ¿quién está haciendo la diplomacia económica hacia esa región? Veamos.

En los últimos quince años, las relaciones de México con América Latina y el Caribe (ALC) han oscilado desde un presunto alejamiento cuyo momento decisivo se localiza con la firma del TLC con América del Norte hasta una reciente y ruidosa historia de desencuentros declarativos, conceptuales, diplomáticos y políticos con algunas naciones emblemáticas de la región como Argentina, Cuba o Venezuela. Más allá de las razones puntuales que animaron estos acontecimientos, quizás han tenido el acierto no previsto de estimular una discusión más actual, franca y realista de lo que significa América Latina y el Caribe en la ejecución de una política exterior mexicana eficaz para el siglo XXI.

El primer problema parece ser de orden conceptual. Más allá de la percepción histórica, de las fibras culturales y de las redes tecnológicas y mediáticas, desde el punto de vista económico y político América Latina y el Caribe están muy lejos de representar una unidad, una región simétrica o un conjunto de países vinculados por intereses concretos, normas comunes o políticas compartidas. Es verdad que la expansión de la democracia en el área o la confección de algunos mecanismos de concertación, básicamente verbal, hacen suponer la existencia de elementos de articulación supranacionales, pero hay otros rasgos –como los grados de integración con Estados Unidos, la inserción internacional efectiva de los países, la naturaleza de sus modelos económicos y de desarrollo o las pretensiones de liderazgo regional— que son mucho mas influyentes y poderosos como factores de diferenciación que de cohesión de tal manera que, como dice el profesor Abraham Lowenthal, a estas alturas “el propio término ‘América Latina’ es de dudosa utilidad (y) es probable que oscurezca más de lo que ilumina”. De ser así, la primera reflexión tiene que ver con la necesidad de precisar de qué hablamos cuando hablamos de América Latina.

La delimitación de lo que podríamos llamar la “zona de eficacia” para la política exterior de México en el área depende, paradójicamente, de una variable extrarregional y es el grado de interrelación e interdependencia con los Estados Unidos. Si la mitad de la inversión norteamericana en la región, el 70% del comercio interamericano, el 60% de la presencia bancaria en la zona y el 85% de la inmigración del hemisferio occidental hacia EEUU, por ejemplo, se hacen fundamentalmente con México, Centroamérica y el Caribe, y si es probable que dichas tendencias se acentúen en el futuro, entonces parece claro que hay una variable transversal que recomienda una convergencia más eficiente entre los estados de esta región específica en función de esa relación central. Es decir, el factor que une a esos países es, ni más ni menos, los Estados Unidos.

En este sentido, y con énfasis en los casos especiales de Cuba por su impacto en las políticas hacia Estados Unidos, de República Dominicana por otros motivos como la afinidad de modelos económicos y su efectivo liderazgo gubernamental actual, y de Guatemala y Belice por razones de seguridad nacional y colectiva, ese debiera ser el anillo político prioritario para México en América Latina, seguido de otro formado por aquellos países con los que nuestra relación comercial y de inversión es sustancialmente importante como Argentina, Colombia y Chile.

En síntesis, si México -y sus agentes económicos- quieren ser efectivos en su acción internacional tendrán también que ser cada vez más selectivos y asumir que, al lado de la relación central que es con los EEUU, no son más de siete naciones en América Latina a las que debe dedicar atención concreta.

La segunda cuestión tiene que ver con el contenido de la relación. El pensamiento convencional señala que ésta suele desagregarse en la relación política y económica bilateral, los mecanismos de concertación y los esquemas de cooperación. Pero en la práctica, la única carta realmente existente y concreta con que México cuenta es la de carácter económico y aconseja, por consecuencia, privilegiar una diplomacia económica hacia la región.

Probablemente la idea del Plan Puebla Panamá resultó sugerente en sus inicios pero en el balance no ha dado resultado alguno por una variedad de problemas de concepción, de diseño, de instrumentación y de coordinación. Lo mismo ha pasado con los acuerdos de cooperación; en la década pasada, por ejemplo, de casi 350 proyectos con Centroamérica sólo el 29% habían sido concluidos y uno de cada cuatro fue cancelado, y con América del Sur, de 290 proyectos solo el 13% fue concluido y el 68% fueron cancelados. Estos datos sugieren serios problemas en la operación de nuestras políticas de cooperación regional. En el frente de concertación regional las cosas no son más halagüeñas; la institucionalización de las cumbres presidenciales o de los grupos ad hoc parece una alternativa cada vez menos potente –si es que alguna vez lo fue— y el cemento de la normalización democrática no es ya, aún con la preocupación por Venezuela, un motivo suficientemente fuerte de vertebración política regional.

La cuestión económica, en cambio, es la fuente más atractiva para México y está gestando un fenómeno distinto: la nueva diplomacia de México en la región ya no la están haciendo el gobierno o los actores políticos, sino fundamentalmente las empresas y los hombres y mujeres de negocios.

Aun cuando nuestras relaciones comerciales con América Latina sean modestas en proporción al conjunto, la ventana económica regional tiene áreas de oportunidad que las empresas mexicanas y, en especial, las compañías de tamaño mediano localizadas en Aguascalientes y en el interior del país no debieran subestimar.

Por un lado, el comercio total con ALC pasó de 4 697 dólares en 1993 a 25 492 en 2006, es decir, creció más de cinco veces, si bien con cierto déficit para México, análogo, en todo caso, al hecho de que tengamos superávit con los Estados Unidos. Por otro, aún con las dificultades para obtener información completa, se estima que la inversión mexicana en el área hoy está cercana a los 15 mil millones de dólares y se calcula que casi el 8% de las empresas con IED que operan en México son de capital latinoamericano. Desde el punto de vista nacional son evidentes los casos de éxito como Telmex, América Móvil, Televisa, Alfa o FEMSA; pero si recordamos que, en el plano subnacional, casi todos los estados mexicanos tienen ya lo que podemos llamar una agenda de promoción económica internacional, entonces ALC es la región ideal para empresas locales que, al menos por ahora, no tienen capacidad de acceso a los mercados de Estados Unidos o Europa, así como para estados de mediana competitividad que quieran atraer IED de la región.

La conclusión es que si ensamblamos estos ingredientes en una diplomacia económica genuina, organizada y profesional hacia la región los resultados pueden atender eficazmente una cuestión relevante para el desarrollo regional y alentar a que las empresas hagan más negocio con América Latina.