Lic. Felipe de Jesús González Ramírez Presidente Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Aguascalientes felipeglz@interdisa.com

El secretario Agustín Carstens recién entregó la propuesta de la reforma fiscal tan comentada, cabildeada y esperada por gran parte de la sociedad y al paso de las horas surgen descontentos, críticas y la sensación de que no es lo que se necesita para poder mejorar la posición competitiva de las empresas y la autosuficiencia de recursos para el gobierno.

Se esperaban varias cuestiones en torno a esta propuesta; una recaudación mas justa y equitativa para los contribuyentes -ya que las grandes empresas se benefician con las exenciones existentes-, simplificación administrativa e interpretativa, la necesidad de crecer el padrón de contribuyentes y mayores recursos a Estados y Municipios, ya que estos son los que atienden la mayor parte de las necesidades de la población.

Asimismo, se plantean varios impuestos de implementación local como es a la gasolina, diesel, tabaco, cerveza, pinturas en aerosol, juegos y sorteos, entre otros, por lo cual, de autorizarse como se pretende el debate se traslada a los congresos locales, llevando un costo político para el partido que gobierne en cada Estado y en el caso del impuesto de gasolina y diesel deberán etiquetar su uso.

Referente a la economía informal se plantea la Ley del Impuesto Contra la Informalidad, consistente en que las personas físicas y morales efectúen el pago de un impuesto por los depósitos en efectivo que reciban superiores a un monto acumulado de 20 mil pesos en cada mes del ejercicio fiscal por lo que a dicho importe se le aplicará una tasa del 2%. Las instituciones del sistema financiero recaudarán el impuesto en el momento en que se reciba el depósito, lo cual les va a generar una mayor carga administrativa y tecnológica, costos que podrían repercutir al final en los cuentahabientes. Aunque es confusa, al menos se ve la clara intención de atender este grave problema de la informalidad, donde se calculan anualmente pérdidas por más de 50 mdp vía contrabando e informalidad misma.

Otra medida que ha sido motivo de critica es que se aumenta la responsabilidad solidaria, la cual establece que administradores y directores de personas morales, son responsables solidarios de cualquier fraude o error fiscal, ampliándose el plazo a 5 años para que la autoridad pueda fincar esta responsabilidad solidaria.

Se plantea un nuevo impuesto único “CETU”, lo cual es bien visto y apoyado, ya que se pedía simplificación pues es un impuesto transitorio; el problema es que las empresas deberán hacer un doble cálculo uno por ISR y otro por CETU, lo que genera una mayor carga y puede desincentivar la generación de empleos e inversión y esto debido a que el CETU no considera como deducible la nómina, solo lo correspondiente al crédito al empleo, y no considera si se opera con pérdidas. La ventaja es que sí considera incentivos en inversión en activos, tecnología y dejando de ser transitorio deberá simplificar el pago de los impuestos y hacerlos equitativos. Con este impuesto único se acaban las exenciones y las planeaciones fiscales que solo beneficiaban a algunos cuantos, ya que cada año se generaban grandes desembolsos de Hacienda a estos contribuyentes.

No se incluyó el IVA a alimentos y bebidas con el fin de no politizar la autorización de esta propuesta fiscal, lo que es entendible pero desgraciadamente, hay temas que afectan al PRI como son los casos Jorge Hank Ron y Mario Villanueva que podrían condicionar la aprobación de esta propuesta fiscal a cambio de favores políticos.

Conclusiones: Con esta propuesta se gana en transparencia en el manejo de los recursos, que era una petición muy recurrente, y por demás necesaria con lo que podemos esperar que se gaste mejor y competitividad.

La ley contra la informalidad no plantea líneas especificas para ampliar el padrón de contribuyentes, esperemos se logre en el transcurso de aplicación de estas medidas. Se deroga el impuesto al activo, ante los amparos que ganó la iniciativa privada lo cual es positivo, ya que como en muchos casos en México, los amparos son caros y con esto se beneficiaban solo los grandes contribuyentes.

Es necesario homologar la contabilidad en los tres niveles de gobierno de acuerdo a las mejores prácticas contables internacionales, con estas reformas se apunta en este sentido.

Si bien no es lo que se esperaba ni es integral, esto podría acabar peor al ser modificada, cortada y enmendada en las discusiones en el Senado y Congreso, pues daría como resultado una mega miscelánea fiscal y es positivo pensar en un solo impuesto ya que se tendría equidad y simplificación en el pago de impuestos que ayudaría paulatinamente como ya se mencionó, a elevar la competitividad.

En resumidas cuentas catalogaría la propuesta como el primer paso de una verdadera e integral reforma, pero aún estamos lejos, de tener un planteamiento que fomente la competitividad de las empresas y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.