Salvador Rodríguez Aldrete Director general de Asesores Patrimoniales CAS de Bajío, S.C. srodriguez@sryamex.com

Cuántas veces no escuchamos en foros y reuniones que México es un país sin leyes, que lo que inhibe nuestra competitividad es la falta de Estado de Derecho, que si en México se siguieran las regulaciones otra cosa sería…

Y todo ello tiene su parte de verdad. Es obvio que nuestro país no se distingue por la observancia de sus ciudadanos a las leyes y las reglas que todos debemos seguir. Vaya, ni en comunidades pequeñas como puede ser un condominio comercial o residencial se logra el que todos cumplan con algunas simples reglas tales como los lugares para la basura, las horas de entrada y salida, la velocidad en las vialidades, etc.

¿Somos por naturaleza indisciplinados y no tenemos remedio? Si la respuesta es sí, ¿Por qué en cuanto cruzamos la frontera nos convertimos en ciudadanos, si no ejemplares, bastante civilizados?

Yo sostengo que no es un problema de individualidad sino de gestión, de “management” para usar el término en inglés. Y puedo citar un número importante de ejemplos para sostener mi creencia: las fábricas extranjeras en México, en especial las japonesas, los migrantes en Estados Unidos, algunos municipios del norte del país, etc.

Y si usted, amable lector, puede aceptar por un momento mi propuesta, ¿no le parecería que México es un país de muchas leyes? Y que el problema es precisamente de “exceso de leyes y la pobre aplicación de las mismas”

Es este el tema que deseo abordar en mi colaboración. Me parece que uno de los más severos problemas de la competitividad de México tiene que ver con el exceso de leyes. Por supuesto que no estoy haciendo ningún descubrimiento importante, lo mismo dicen los organismos internacionales cuando califican como “inaceptable”, la cantidad de trabas que una empresa enfrenta para abrir en México.

Por un tema de mayor profundidad y que no se aborda con tanta frecuencia, es la tremenda discrecionalidad en la aplicación de la ley por funcionarios: en el mejor de los casos, incapaces, en el peor, corruptos.

Tomemos un caso reciente del que tengo conocimiento de primera mano. Un importador, legítimo, desea traer un artículo de China. Lo presenta a su agente aduanal quien le proporciona una clasificación. El importador compra un contenedor y lo trae al país, lo somete a la aduana a través del agente aduanal con la clasificación que este último había determinado. El vista discrepa con la clasificación y lo envía a una fracción que tiene cuota compensatoria del 400 %.

Hasta este punto, me parece que es un procedimiento normal. El vista está en su derecho de discrepar con el agente aduanal y en su momento, de exigir que se cubra el supuesto interés fiscal por la diferencia para proteger los intereses del país. Sin embargo, aquí acaba la racionalidad.

Primero, en el caso de una discrepancia como la que describo, la ley otorga Aduanas CUATRO MESES para la determinación de su laboratorio central (mala ley). Segundo, aunque la ley especifica que el interés fiscal se puede garantizar mediante fianza, las autoridades de la Aduana deciden unilateralmente que cuotas compensatorias y su IVA no son afianzables. Tercero, la Aduana embarga contenedores, plataformas y tractocamiones junto con la mercancía (pobres aplicaciones).

¿Es esto un problema legal o de interpretación? Obviamente, ambos pero en su mayor parte es de interpretación. Y por supuesto, la competitividad y el patrimonio del importador se ven seriamente afectados.

Una segunda situación que ejemplifica el problema: todos sabemos el severo problema de contrabando que el país y en particular ciertas industrias padecen. Calzado, textiles y juguetes son un desastre. Todos deseamos que el problema se corrija y aceptamos las molestias. Sin embargo las autoridades, en un intento de paliar las protestas de los industriales otorgan poder -prácticamente ilimitado-, a cámaras y organismos para autorizar ciertas importaciones. ¿Qué sucede? ¿Qué personas sin conocimientos deciden que ahora en lugar de fracciones arancelarias con 8 dígitos tendremos diez dígitos para que los últimos dos representen el precio de referencia? ¿Y los tratados internacionales? y, ¿Quién determina el precio en un mercado tan dinámico como el que vivimos?

Tercer caso. En la lucha contra las drogas se han establecido retenes militares en las carreteras en los que pueden revisar a cualquier ciudadano sin más explicación que: “Estamos aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos” (¿Le ha pasado lector?) y aceptemos que el fin es noble. Nadie queremos que el tráfico de drogas y armas siga prevaleciendo en nuestro país; el problema es que el personal que revisa no tiene la menor capacitación y bajan señoras y niños a las tres de la mañana a cero grados para checar un vehículo particular. Usan puntas y picos para escudriñar bajo el tablero y en el motor sin respeto por la instalación eléctrica del vehículo.

¿Ley o aplicación? Evidentemente el problema está en un gran número de casos, en la aplicación.

Y es este un tema que someto a su consideración, lector de Líder Empresarial. Podríamos iniciar una cruzada nacional de aplicación correcta de las leyes, comenzando con nuestras propias organizaciones. Si la Ley de la empresa dice que la salida es a las 19:00 horas, busquemos que todos lo hagamos puntualmente. Pero claro, también que entremos todos a tiempo (incluyéndonos). Si nos invitan a un acto de gobierno cuya agenda inicia a las 3 y son las 3:15 sin que nada pase, vámonos. Si el sueldo se revisa en enero, revisémoslo, no necesariamente debemos aumentar. Y así sucesivamente.

Sobre todo, me parece que debemos de trabajar muy duro con las nuevas generaciones, incluyendo a nuestros hijos y nuestros empleados.

Quizá le parezca un poco utópico pero sigo creyendo que con un “management” adecuado no es necesario cambiar tantas leyes.

Hasta el próximo número.