Rodolfo Franco Analista político laverdaddelcentro@yahoo.com.mx

Esperada pero controvertida la manifestación del Secretario de de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez Kuenzler, respecto a su anuncio de licitar 4 mil 240 kilómetros de carreteras.

La medida privatizadora es por el orden de los 275 mil millones de pesos, importe por el que se pretende vender en este año tanto a empresarios nacionales como extranjeros los arriba citados kilómetros carreteros.

El titular de la SCT, señaló durante su anuncio que las concesiones se darán bajo tres esquemas como:

1. El de aprovechamiento (desincorporación) de mil 500 kilómetros de activos, producto del rescate carretero de 1997, que hoy administra el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).

2. Concesiones para 890 kilómetros de obras nuevas o su modernización.

3. La construcción de mil 850 kilómetros de nuevas carreteras que se construirán bajo el esquema de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)

Tan solo del primer esquema se esperan obtener 275 mil millones de pesos producto de las concesiones de activos hasta por 30 años de los cuales, 160 mil millones se aplicarían al pago de la deuda y el resto a la construcción y modernización de carreteras.

La respuesta al programa de Desarrollo de Infraestructura Carretera fue bien acogida y con beneplácito por los grandes consorcios constructores, entre los que destacan Goldman Sachs Infraestructura Partners, de Estados Unidos; Abertis Infraestructura, de España; Macquarie Securities, de Australia; Compañía de Concessoes Rodoviarias, de Brasil, y por México, al Banco Interacciones de la familia Hank González, y Promotora del Desarrollo y el Empleo de América Latina (Ideal) de Carlos Slim, incluso Luis Téllez festinaba al afirmar que entre los inversionistas hay ''gran apetito'' para participar en la construcción de infraestructura.

A los anteriores habrán de sumarse 36 grupos interesados en este proyecto, entre los que figuran fondos de inversión, operadoras de concesiones, instituciones financieras y empresas constructoras líderes en México de menor tamaño que operan con esquemas de asociación en participación.

Curiosamente para el secretario Téllez ''contrario a la sabiduría popular, a lo que se dice en la calle o se ha publicado en los medios'', el rescate carretero no le ha costado un centavo al erario, porque todo se ha cubierto mediante las cuotas que pagan los usuarios de autopistas.

Por su lado apoyando pero contradiciendo en parte al secretario Téllez, Alonso García Tamés director de Banobras, reconocía las “bondades” y la “urgencia” de aplicar tales medidas por que si este programa no se aprovecha, la deuda del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) se pagaría hasta 2019, pero con el anterior instrumento se liquidaría seis años antes, reconociendo luego entonces que si se posee un pasivo y cuesta.

Atrás quedaron los años aciagos y de fracasos; la historia no es recurrente en materia de fracasos cuando la administración en turno lo señala y parece ser que quedó sepultado en el olvido colectivo el año de 1997, cuando el gobierno mexicano entró al rescate de las carreteras porque Triturados Basálticos (Tribasa) y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) se declararon en suspensión de pagos alegando que el negocio no había sido lo rentable que se esperaba a raíz de la crisis de 1994; que además no se cumplieron las expectativas de aforos vehiculares (aforos que decían los elaboró la SCT) y por el incremento de costos financieros, entre otros factores.

Incluso el borrón y cuenta nueva va tan en serio que el secretario Luis Téllez, reconoció que las mismas empresas y consorcios que participaron en aquella época en la construcción de carreteras, podrán nuevamente hacerlo, simplemente se requiere que demuestren tener la capacidad técnica y financiera que se establece. “Son requisitos muy importantes que se tienen que cumplir'' y sentenció; ''No podemos impedir que participen, dado lo que establece el Artículo 134 constitucional''.

Si bien el esquema en el pasado fue fallido, a la fecha hay ocho concesiones adjudicadas y cuatro en licitación, todas por un valor de 22 mil 259.5 millones de pesos.

Lo que muchos olvidan de la figura de Luis Téllez, es que se desempeñó como ex secretario de Energía (1997-2000) con Ernesto Zedillo, fue codirector del Grupo México de Carlyle antes de asumir su responsabilidad como Secretario. En el periodo 2002-2004 trabajó como presidente ejecutivo de Desc, y miembro de su consejo de administración como también lo fue de Bancomer, Grupo México, Sempra Energy y GAP.

Pero su mácula proviene por ser el artífice de las reformas modernizadoras durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, donde en su calidad de sub secretario de Planeación en la Secretaria de Agricultura y Recursos Humanos orquestó la modificación del Articulo 27 constitucional, modificación que permitió la venta de tierra en posesión de los ejidos, causando la desarticulación de los pocos espacios productivos del campo, propiciando la emigración hacia el país del norte.

Hombre todas las confianzas de Ernesto Zedillo a quien le coordinó la campaña, luego pasó como jefe de la oficina de la Presidencia y posteriormente a la Secretaria de Energía en la administración Zedillista. Durante su estancia su grito de guerra fue “Habrá apagones si no hay privatización del sector eléctrico”.

¿Recuerda usted algún apagón, o tiene memoria de cuantos se presentaron de entonces a la fecha?