Mtro. Otto Granados Roldán Director asociado. Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, ITESM, Campus Aguascalentes otto.granados@itesm.mx

Hace unos cuantos meses, durante un congreso académico sobre ética organizado en Monterrey por el ITESM, la célebre pensadora española Adela Cortina proponía la idea de que la felicidad –cuyo concepto podríamos convencionalmente describir como el grado de satisfacción que las personas sienten consigo mismas y con las vidas que tienen- es un asunto individual en el que los agentes externos –el Estado, por ejemplo- tienen poco que hacer. Pero los nuevos hallazgos de la investigación en los campos de la economía, la psicología y en especial, la psicología social, están mostrando con evidencia empírica, que entre las distintas políticas públicas y la felicidad que alcanza un ciudadano parece haber una correlación más fuerte de la que se pensaba hace unas cuantas décadas.

En efecto, a finales de julio Adrián White, un investigador especializado en psicología social de la universidad británica de Leicester, divulgó el trabajo más reciente en la materia, el cuál confirma lo que desde hace años otro académico, el economista (también inglés, por cierto) Richard Layard, un experto mundial en desigualdad y empleo de la London School of Economics, había estudiado con amplitud y formulado tanto en las conferencias anuales Lionel Robbins como en su espléndido libro “Happiness: Lessons from a New Science” (hay una versión en español de editorial Taurus) .

Pues bien, los hallazgos de este par de académicos plantean la pertinencia de hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué relación existe entre las ciencias económicas y el grado de felicidad individual y colectiva? ¿Cómo impactan las frías políticas públicas los niveles de satisfacción que las sociedades experimentan? ¿Son suficientes el crecimiento de la economía y el ingreso per cápita para asegurar que a medida que las personas son más ricas, son también más felices? ¿Deben los gobiernos volver a los orígenes y procurar la felicidad para los ciudadanos?

Para empezar, en general tres de los factores más relevantes en la cuestión -salud, bienestar económico y educación, en ese orden- tienen que ver en una medida importante con la situación de una nación, con sus políticas públicas, con el nivel de estabilidad individual y colectiva que se tiene y con la eficacia con que funcionan las instituciones. Por supuesto, existen numerosas variables adicionales que complementan el cuadro de la felicidad pero es evidente que, en las tres citadas, la acción del gobierno es crucial. Veamos.

El mapa de White reúne a 177 países y concluye que, después de Dinamarca y Suiza, los más felices son los ciudadanos de Austria, Islandia, Bahamas, Finlandia y Suecia, mientras que entre los primeros veinte también están Costa Rica (13), Holanda (15), Malasia (17) y Noruega (19), en tanto que el Reino Unido se queda en el cuadragésimo primer lugar, EU en el vigésimo tercero y España en el cuadragésimo sexto. Entre los países latinoamericanos, figuran en la lista Argentina (56), Bolivia (117), Brasil (81), Chile (71), Colombia (34), Cuba (83), República Dominicana (42), Ecuador (111), El Salvador (61), Guatemala (43), Honduras (37), México (51), Nicaragua (85), Panamá (39), Paraguay (75), Perú (115), Uruguay (87), y Venezuela (25). Como verá el lector, aunque hay más preguntas que respuestas en esta distribución, es claro, en principio, lo siguiente: a) los países más desarrollados tienen a los ciudadanos más felices; b) la mayor parte está ubicada en el norte del planeta, en condiciones climatológicas extremas, y varios de ellos pertenecen a lo que suele llamarse “sociedades poscristianas”; c) entre los 20 países más felices, solo uno –Costa Rica- procede de una matriz cultural y religiosa judeocristiana, y d) hay casos llamativos que, sin ser grandes potencias, también disfrutan de una felicidad relevante. ¿Por qué?

A medida que el conocimiento crece y prolifera a un ritmo vertiginoso y que las especialidades académicas se vuelven más sofisticadas, repensar acerca de temas tan antiguos como la humanidad misma no es, en lo absoluto, un ejercicio inútil. Al contrario: habitualmente los líderes políticos y empresariales reducen la naturaleza de su función y de sus obligaciones a administrar las pequeñas crisis cotidianas, a sortear el vendaval de lo que aparece en primera plana cada mañana y a someterse a la tiranía de las encuestas.

Es verdad que es imposible pedir peras al olmo y aspirar a que tales próceres –que con frecuencia el único libro que han tenido entre sus manos ha sido el directorio telefónico- puedan tener el sosiego intelectual como para mirar las cosas a largo plazo y con cierta profundidad, pero lo que estos datos demuestran es que, con mayor vigor de lo que supone el pensamiento convencional, la aplicación de determinadas políticas públicas puede tener –y de hecho, tiene- una influencia decisiva en la naturaleza de la felicidad que sienten las sociedades.

Por una parte, contra lo que dice la teoría económica tradicional, solo el aumento de los ingresos no necesariamente conduce a una mayor felicidad de las personas, pues, por otra, el contexto social, el tener más o menos satisfactores que los demás, la vida en comunidad y los referentes morales y educativos, suelen ser mucho más influyentes que el mero hecho de ganar más dinero.

Por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Japón y Europa, los estudios revelan que sus ciudadanos son más ricos, trabajan menos, viven y viajan más, son más saludables y gozan de vacaciones más largas, pero no son más felices que hace medio siglo. Más aún: el porcentaje de la gente que dice ser “muy feliz” se redujo un punto en los últimos 30 años en los EEUU, mientras que el ingreso personal aumentó más del doble.

De hecho, Layard prueba que, rebasando un ingreso de 15 mil dólares, los niveles de felicidad que se alcanzan parecen ser ya independientes de las percepciones, lo que conduce a que otras variables centrales –como las libertades económicas, el conflicto político, la inseguridad y la violencia, las problemas emocionales, etc.- ocupen un lugar más relevante que el salario. Los hallazgos de este ensayo, sin embargo, sugieren también que ciertos elementos culturales y antropológicos muy arraigados –como el gregarismo familiar, la creencia en Dios o el carácter- probablemente expliquen porqué algunos países con bajo ingreso personal muestran tasas altas de felicidad. El caso de México es interesante. Hace unos años registraba niveles de felicidad casi tan altos como Francia, Alemania o España a pesar de que estos países tienen ingresos cinco veces más altos que los del mexicano promedio. Sin embargo, ahora, cuando el ingreso per cápita medido por el poder de compra del mexicano es mayor que hace una década, México ocupa el lugar número 51, por debajo de Honduras, Guatemala o incluso Colombia, en buena medida, quizá, por la grave inseguridad, la falta de un genuino estado de derecho y la pobreza de la vida política.

Una segunda conclusión de Layard es que la sensación de felicidad derivada de tener un patrimonio depende más de la comparación con el de otras personas que con la cuantía del propio. A unos estudiantes de Harvard les preguntaron si preferían: a) ganar 50 mil dólares anuales mientras que otros ganan la mitad o b) 100 mil dólares mientras que otros perciben el doble; la mayoría escogió la primera opción. Esto produce una especie de contaminación que desalienta incluso ganar más, especialmente si no se tiene más tiempo libre para gastarlo.

Layard sostiene que son siete los principales factores para entender los niveles de felicidad que se alcancen: trabajo, ingreso, vida personal, pertenencia a una comunidad, salud, libertad y una filosofía de vida, y examina algunas de las implicaciones que esos elementos le plantean a las políticas públicas y a los gobiernos.

Tomemos el caso del empleo. El profesor Layard evidencia con abundante información cómo, en cualquier país, la pérdida de empleo es para la mayoría de la gente “un desastre mayor”, con serias consecuencias psicológicas, por lo que los gobiernos deben flexibilizar el mercado laboral y modernizar las políticas para generar distintos tipos de ocupación aun en épocas recesivas.

Por otro lado, lo que se llama filosofía de vida consiste, muy simplemente, en la forma como la gente se percibe a sí misma y cómo interactúa con los demás, es decir, los grados de confianza que existen en la sociedad y en la comunidad de la que se forma parte. En Gran Bretaña esos niveles se redujeron del 56% en 1959 al 31% en 1995; en EEUU del 55% al 39% en igual lapso. Más aún: el porcentaje de personas que dicen conducir sus vidas conforme a determinados valores morales y de honestidad bajó del 51% en 1952 al 27% casi medio siglo después.

Si uno compara esos indicadores con los datos para México de muy diversos estudios de opinión (Latinobarómetro o la Encuesta sobre Cultura Política), tales debilidades también son muy visibles en este país. En general, los mexicanos son desconfiados, experimentan actitudes discriminatorias contra indígenas, homosexuales y otras minorías, mucho más elevadas de lo que confiesan, tienen un modesto respeto por la ley, consideran justo no pagar impuestos y prácticamente no participan en los asuntos públicos ni comunitarios. Así que cuando nos envolvemos en la bandera nacional y decimos que “como México no hay dos”, la respuesta más obvia es que “sí, si los hay y no son los mejores ejemplos que digamos”.

La conclusión es que, a diferencia del pensamiento tradicional, los gobiernos pueden, deben y tienen que hacer mucho más para garantizar, en tanto asuntos que le competan, condiciones más favorables para que sus ciudadanos sientan mayor satisfacción con su entorno y, en paralelo, con ellos mismos.