Mtro. Otto Granados Roldán Director Asociado Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades ITESM Campus Aguascalientes otto.granados@itesm.mx

Desde la primera mitad de los años setenta, y como parte de un esfuerzo de reconciliación entre el estado mexicano y la comunidad estudiantil y académica, cuyas relaciones habían quedado seriamente lastimadas a consecuencia del conflicto de 1968, los sucesivos gobiernos federales diseñaron y alentaron una importante expansión de la oferta pública de educación superior a la que vino a sumarse en épocas más recientes, la proveniente del sector privado, entre otras cosas porque la esperanza de vida se ha prolongado y la pirámide demográfica del país se ha ido recargando hacia el grupo de edad -18 a 24 años- que es el principal demandante de ese tipo de enseñanza.

Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, se observan al menos cuatro tendencias preocupantes: a) la matrícula nacional en educación superior apenas alcanza un poco menos de 2.5 millones de alumnos, una cobertura claramente insuficiente para atender a los más de diez millones de jóvenes ubicados en el grupo de edad mencionado, y además crecientemente concentrada en especialidades con muy escasas perspectivas y de poca relevancia para el país; b) con algunas excepciones, las universidades mexicanas no sobresalen a nivel internacional ni es esta una de las fortalezas de México en los reportes globales de competitividad; c) podría estar presentándose ya un claro fenómeno de “devaluación educativa”, es decir, que el grado universitario tradicional ha perdido ya importancia relativa como fuente de movilidad social y económica, y d) sobre todo por razones culturales y de demanda, la calidad de la oferta emergente es crecientemente mala, con lo que se propicia una virtual estafa educativa.

Estas son algunas de las razones por las cuáles la Cámara de Diputados federal ha estado analizando una nueva ley en materia de educación superior que, básicamente, tiene la finalidad de introducir controles más eficientes para regular la expansión de la oferta de estudios universitarios o, en otras palabras, para proponer cierto orden en el surgimiento de las llamadas “universidades patito”.

Pues bien, este es un tema en el que desde luego el estado debe poner atención, pero se trata sobre todo de que los estudiantes que quieren entrar a la universidad y los padres de familia que deberán pagar por ello, abran bien los ojos antes de tomar una decisión, porque, como en muchas otras cosas, en educación lo barato sale caro.

En una sociedad como la nuestra, en general los padres de las familias de clases medias o de escasos recursos aspiran a que sus hijos tengan un título universitario a cualquier costo. No importa en qué especialidad, en qué institución o qué tan receptivo va a ser el mercado laboral cuando egresen, pero el chiste que el hijo o la hija sea licenciado, contador o agrónomo. Por lo tanto, frecuentemente usan el costo de las colegiaturas como el elemento básico para elegir la escuela que quieren para sus hijos sin tomar en consideración otros factores que pueden ser más relevantes.

El primero que deben considerar con mucho cuidado, es si sus hijos tienen verdaderamente la capacidad intelectual para hacer una carrera universitaria. Todos los que somos padres tendemos a idealizar a los hijos y pensamos que son una lumbrera pero a veces la realidad es muy distinta y más valdría ser más sensatos y buscar otras opciones educativas más acordes con esas capacidades, y las universidades deberían ser mucho más selectivas para no crear falsas expectativas en los estudiantes o en los propios padres. Véase el caso de López Obrador, sí, el mismo que puede ser presidente: se tardó 14 años en terminar una carrera universitaria que normalmente dura 5; su promedio fue de 6.2, y reprobó varias veces casi la cuarta parte de las 38 materias llevó, entre ellas economía, estadística y matemáticas.

Como dice un educador experto: se oye mal, pero no todos tienen el chip. En China, por ejemplo, las universidades públicas rechazan a entre 6 y 8 de cada diez aspirantes, lo que hace que vayan a la carrera solo los que realmente tienen el equipamiento adecuado para ello. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, pues toman la alternativa de carreras intermedias como los técnicos superiores que, por cierto, es una de las modalidades con más éxito en países como Alemania, Japón o Irlanda y, por supuesto, una de las que más se necesitan en México ahora.

Hace algunos años un antiguo rector de la UAA afirmó, con bastante desparpajo, que la misión de esa universidad terminaba cuando el chico concluía sus estudios y que su suerte en la vida ya no era su problema. Esa actitud tan irresponsable es la causante de que haya, por ejemplo, agrónomos haciéndola de taxistas –oficio muy respetable-, pero no deja de ser frustrante que alguien que se preparó en una cosa, y en lo cuál el estado o el contribuyente invirtieron dinero, termine haciendo algo tan distinto.

El segundo punto en que deben poner atención es si la carrera que sus hijos han elegido tiene en verdad futuro en el mercado laboral. Aquí las cosas son de la siguiente forma: la competencia es cada vez mayor, hay más egresados, la economía demanda a profesionistas mejor preparados y las carreras tradicionales han sido desplazadas por nuevas especialidades en áreas como las tecnologías de la información, las ciencias de la salud, la biotecnología, la genética, las finanzas, la vivienda, el comercio internacional o la logística, por ejemplo. ¿Quiere esto decir que las carreras tradicionales se acabaron? Pues no, sino simplemente que en éstas las cosas son ya muchísimo más competidas y las opciones laborales más reducidas. Pero además, exige que el gobierno de Aguascalientes, a través de la Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior, tome cartas en el asunto y trabaje seriamente para ordenar un mercado casi desquiciado y para brindar información transparente y oportuna a los padres de familia y a los estudiantes.

Por ejemplo, los sistemas educativos más exitosos en el mundo han reorientado sus fortalezas hacia aquellas áreas que contribuyen a mejorar la competitividad de un país y que, por tanto, ofrecen mejores oportunidades de éxito personal y profesional a sus jóvenes. En cambio, es una verdadera insensatez que, como lo muestra la tabla de carreras que se incluye en este número de la revista, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es la institución pública más grande, tenga más de 400 alumnos en licenciaturas como agronomía o veterinaria –un sector primario que representa ya menos del 5% del PIB en el estado-, y en áreas urgentes para la competitividad como electrónica o ciencias ambientales, la matrícula de estudiantes apenas sea de la mitad.

Y la última reflexión es dónde estudiar. Aquí está una de las decisiones más difíciles. Mi tesis es que la buena educación cuesta, pero la mala cuesta más. Me explico: cuando alguien elige una universidad solo porque es barata, en realidad le saldrá más cara porque, al final, difícilmente encontrará un trabajo adecuado o bueno, porque esas escuelas tienen escasísimo reconocimiento y, por lo tanto, se dará cuenta de que el dinero que invirtió en una carrera se ha ido prácticamente a la basura.

Por todo esto es urgente una verdadera reforma integral en la educación superior del estado y del país, de la que forma parte una nueva ley que evite, precisamente, el fraude educativo. Por tanto, infórmese bien sobre cómo andan las escuelas y antes de tomar una decisión, hay que ver dos estudios muy serios de las consultoras internacionales IDM y AC Nielsen sobre las cien mejores universidades de México, entre las cuales aparecen 4 de Aguascalientes: el Tec de Monterrey en el número 1; la Autónoma de Aguascalientes en el 47; el Instituto Tecnológico de Aguascalientes en el 85 y la Bonaterra en el 98. Y ni una más. Así que los padres de familia deben considerar que la educación de sus hijos tiene la máxima prioridad y entender que es mucho más importante invertir en ella que gastar en los autos nuevos, el último celular, el merendero de moda, la televisión de plasma o el palenque de la feria. Y el gobierno estatal haría mucho mejor en concentrarse en las cosas verdaderamente sustanciales como la educación, en lugar de atender con tanta frivolidad las políticas provincianas a las que está tan acostumbrado.