Mtro. Otto Granados Roldán Director Asociado Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, ITESM, Campus Aguascalientes otto.granados@itesm.mx

Cuando algunos empresarios, banqueros, manejadores de fondos o inversionistas reconocen la probabilidad de que el candidato del PRD, López Obrador, sea el próximo presidente de México, suelen decir, con una mezcla de resignación, incertidumbre y miedo, que no ocurrirá nada extraordinario, que la estabilidad macroeconómica está garantizada, que los Estados Unidos se mantendrán muy vigilantes, que el Congreso estará en manos de las oposiciones o que la autonomía del Banco de México es suficiente para evitar desastres. Aunque cada uno esos supuestos tiene algo de cierto, nadie puede asegurar hoy, ni menos a partir del primero de diciembre próximo, que la estabilidad y el crecimiento vendrán por arte de magia en los años por venir. La historia demuestra que, en general, los agentes económicos conocen poco de política y menos aún de la psicología del poder que explica las conductas de los gobernantes en un contexto determinado. Veamos las cosas con serenidad y en perspectiva.

Por vez primera en muchos años, en las elecciones de julio se estará votando, aun cuando las campañas se han caracterizado por la chabacanería y la superficialidad, por dos modelos de entender y manejar la política económica.

Uno, representado por el aspirante del PRD, significa claramente la vieja pretensión de las generaciones de priístas de los años sesenta y setenta que se vieron desplazados por los economistas y politólogos educados en el extranjero, de regresar a la tradición del nacionalismo excluyente, con una fuerte intervención del estado, una economía cerrada, una fobia a lo externo y una completa irresponsabilidad presupuestal. Los partidarios de esta corriente –y los empresarios y analistas medrosos- argumentan que todo ello es muy improbable porque México es ahora una economía integrada al mundo y existe un Banco Central autónomo. Estas opiniones no resisten el mínimo análisis, por varias razones.

La primera es que, hasta ahora, no hay ningún anclaje institucional o legal que impida al Ejecutivo conducir la política económica como mejor le parezca, lo que quiere decir que bien puede mover el déficit fiscal dos o tres puntos hacia arriba, aumentar el gasto público en programas improductivos, proponer la modificación del estatuto del Banco de México o inducir la remoción de su gobernador, intentar reabrir algunos capítulos del TLC (como el relacionado con la desgravación final del maíz y del frijol prevista para 2008), elevar desordenadamente los salarios de los empleados públicos y, sin ton ni son, bajar los precios de los bienes y servicios públicos, creando un nuevo agujero fiscal.

Ninguna de estas hipótesis es remota en la medida en que el propio López Obrador ya las ha anunciado o al menos insinuado, y no parece haber poder alguno que lo haya convencido de lo contrario. Es evidente, además, que, si gana, AMLO tendrá un fuerte incentivo a actuar de esta manera pues no solo se verá comprometido por las promesas, sino porque se concibe a si mismo como el símbolo más acabado del regreso al llamado régimen de la Revolución o, lo que es lo mismo, el viejo México cuyas políticas terminaron, al menos en lo formal, a principios de los años ochenta.

Pero, en segundo lugar, aún cuando nada de eso pasara, ya la parálisis y el estancamiento son en sí mismos la peor noticia para la economía del país. México tiene varios riesgos enfrente: China y la India, la pérdida de competitividad global, el agotamiento a medio plazo del bono demográfico, la crisis de las pensiones, el rezago educativo, la falta de inversión en infraestructura y un sinfín de debilidades estructurales y externalidades. Para volver a crecer a tasas cercanas al 6% por un período de al menos 15 años, es decir, una generación, se requiere un conjunto de reformas en esas áreas y el problema es que todas ellas demandan un alto nivel de exigencia conceptual y de competencia política, y en ninguna de éstas AMLO ha mostrado mayor interés ni eficacia. Por añadidura, su hipotética ejecución generará tensión y conflictos, y en estricta lógica política AMLO no solo no tiene ninguna necesidad de asumir ese desgaste sino que, tanto él como su entorno partidista, considerarían esas medidas como una traición a su electorado y un error táctico de cara a las elecciones intermedias del 2009, de las que esperan obtener una cómoda mayoría parlamentaria.

Y la tercera razón, la más decisiva para un gobernante, es que AMLO, sencillamente, no comparte ideológicamente casi ninguna de las lecciones que hoy explican el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de países exitosos como España, Chile, Irlanda o los países asiáticos. Decía Montaigne que los hechos son el espejo de nuestras vidas y, a juzgar desde ese mirador, la biografía intelectual y política de AMLO y sus resultados al frente del gobierno de la ciudad de México no son, bajo ningún indicador, un modelo de eficacia ni de competencia.

La otra opción en la contienda presidencial es la que, con diferencias importantes, encarnan los candidatos del PRI y del PAN, si bien la alternativa real, en función de las encuestas divulgadas hasta el primero de abril, es esta última.

Felipe Calderón tiene varias ventajas y una desventaja sustancial. La primera es que, en especial en la última década, tras una meteórica carrera de partido, se tomó tiempo para asomarse al mundo, adquirir una preparación académica y tratar de entender cómo funcionan las políticas públicas. La segunda es que, tanto por convicción personal como por razones de ideología partidista, tendría que moverse dentro de las reglas que imponen la libertad económica y el mercado. La tercera es que no tiene margen para imponer cambios bruscos ni golpes de timón en la conducción económica, en especial porque esta ha sido, de hecho, el logro más rescatable de la primera presidencia panista y no habría razón alguna para que destruirlo. Y la cuarta es que conoce ya más o menos bien, sin demasiado éxito por cierto, las complejidades y laberintos de la negociación política particularmente por su fallida experiencia en la reforma energética.

La gran desventaja que tiene es que no está claro cuál es, exactamente, la estructura de su temperamento político ni si tiene las dotes psicológicas apropiadas para desarrollar, desde la tensión cotidiana del ejercicio de gobierno, un liderazgo eficaz. A juzgar por su campaña, pareciera que no es esta una de sus principales fortalezas.

En el caso de Madrazo, paradójicamente, tendería a gobernar con un cierto pragmatismo que, en materia de política económica, quiere decir prudencia y dejar, básicamente porque es una disciplina que no comprende con rigor ni método, que los profesionales, técnicos y el servicio civil de las dependencias hacendarias y del banco central operaran, como ha ocurrido hasta ahora, la conducción de la economía. En su contra, sin embargo, navegan dos cosas: una es que parece ser el político menos confiable del país (lo que resta severamente la credibilidad de su compromiso con las reformas) y la otra es que su gobierno en Tabasco no es de los mejor calificados: en el estudio mas reciente de competitividad elaborado por investigadores del Tec de Monterrey (2005), Tabasco aparece en el lugar número 21.

En suma, como suele ocurrir frecuentemente en política, la gran interrogante no es escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo peor. ¿Por quien votar? Ese es el dilema al que cada ciudadano habrá de enfrentarse el próximo dos de julio y su decisión marcará el destino del país en las próximas décadas.