Seguramente la mayor parte de los lectores de Líder Empresarial son personas vinculadas con la actividad económica y productiva, y probablemente muchas de ellas saludaron con beneplácito la alternancia electoral del año 2000. Por lo tanto, son candidatos naturales a formar parte del ejército de mexicanos desilusionados que piensa que el cambio político no dio los resultados esperados porque algunas de las promesas económicas sencillamente se quedaron en eso: en promesas.

Pero, ¿tienen razón en realidad? ¿Fue la democracia o es la economía? Mi hipótesis es que la democracia es un sistema mediante el cual los ciudadanos eligen libremente a sus gobernantes y deciden quién está en el poder. Y nada más. Es decir, la democracia, por sí misma, no construye carreteras, no mejora la infraestructura, no hace mejores escuelas, ni aumenta las exportaciones de alto valor agregado. Todo esto depende, en muy buena medida, de políticas públicas efectivas y de gobiernos competentes y visionarios, y, por ende, no se le puede pedir a la democracia lo que ella no puede dar. En suma: es urgente que los ciudadanos ejerciten una nueva pedagogía democrática para que, en el futuro, no sufran otros desencantos.

Vayamos por partes:

Uno de los asuntos torales de esta transición tiene que ver con el fenómeno democrático en sí mismo. Hasta ahora, una buena parte de lo escrito y dicho al respecto simplifica hasta el absurdo la modernización mexicana de las décadas recientes. Es decir: que en México no pasó nada en todo ese tiempo. Véase, sin embargo, la realidad: en los once años previos a la alternancia, el PRI perdió gradualmente 13 gubernaturas estatales y la ciudad de México, cientos de municipios, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y su porcentaje de votación disminuyó sistemáticamente.

En la última década y media, por otro lado, la economía se transformó radicalmente: las políticas de apertura comercial, atracción de inversión extranjera, privatizaciones, disciplina macroeconómica, tratados comerciales o reforma del estado, se volvieron habituales e influyeron poderosa y activamente en la transición política. Y revísese, por último, la fisonomía social y cultural de fin de siglo: un país mayoritariamente urbano, un perfil demográfico distinto, medios de comunicación nuevos y diferentes, ideas y actores nuevos, globalización y tecnologías de información por completo innovadoras. Basta darle una mirada a las series históricas y estadísticas para dimensionar con datos duros la magnitud de los cambios.

El México de 1929, cuando nació el PRI, no era, para nada, el del 2000, cuando perdió la presidencia. El problema fue que algunos llamados líderes de opinión aseguraron lo contrario y estimularon en la sociedad la creencia de que la democracia electoral era la panacea para “todas” las cosas, lo que condujo a una suposición que la ha resultado costosa, en términos anímicos y psicológicos, al ciudadano.

En el mundo pasó algo parecido. Desde hace unos 25 años se ha vivido una intensa ola democrática, como diría Samuel Huntington. Arrancó en la Europa mediterránea, siguió con América del Sur y algunos países asiáticos, llegó a la antigua Unión Soviética y a Europa del este y finalmente se produjo en México. Se empezó a hablar en los círculos académicos ya no de democracia, sino de adjetivos: democracias con enclaves autoritarios, democracias de baja intensidad, formales, consolidadas, incompletas, con amarres o en transición prolongada, por citar solo algunos de los abundantes calificativos.

Pero en varios de esos países los resultados fueron relativamente decepcionantes o, mejor dicho, las expectativas que se crearon ante el aluvión democrático –justo lo que hoy se percibe en México- no tuvieron como consecuencia directa y automática una elevación general y consistente en el nivel y la calidad de vida, ni un crecimiento espectacular y sostenido de la economía, ni una mucho mejor distribución del ingreso y la riqueza. Y en no pocos casos, como lo evidencian los últimos informes de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la situación empeoró.

El Latinobarómetro, un estudio privado de opinión que se aplica en 17 países de América Latina, indicó que solo un 28 por ciento de la población encuestada está satisfecho con el funcionamiento de sus democracias contra el 32 por ciento que afirmó lo mismo el año anterior.

En México, por ejemplo, la proporción de ciudadanos que dice estar satisfecha con la democracia es de solo el 18%; apenas el 25% asegura que el país va en la dirección correcta; un 44% se define como “no demócratas” y el 63% de los mexicanos declara que no le “importaría” que un gobierno no democrático llegara al poder si eso le resuelve sus problemas económicos.

¿Quiere esto decir que la ola democrática no sirvió de nada o que la democracia es ineficiente en sí misma? No, por supuesto. Su contribución ha sido decisiva para la estabilidad y el desarrollo de las naciones, los arreglos políticos civilizados, la ampliación de las libertades civiles y políticas de los individuos y es un sistema ampliamente preferible a otros. La experiencia de estos años, sin embargo, muestra que la democracia es una condición necesaria más no suficiente: un país requiere, también, instituciones fuertes y eficaces, sociedades civiles responsables y autónomas, políticas públicas decididas y eficaces, y ciudadanos respetuosos de la ley y de los valores democráticos.

En el caso de México, después de la alternancia, esto es exactamente algo sobre lo que hay que llamar la atención, y debe ser una poderosa llamada de atención, una alerta roja, para la elección del 2006.

La lección es que, por sí mismo, un cambio de régimen no necesariamente genera una democracia moderna y funcional ni una ciudadanía de alta calidad y, por lo tanto, la percepción de lo que ocurra en el país en los siguientes años debe tener en cuenta la complejidad de las asignaturas pendientes y de la propia sociedad mexicana.

Es verdad que las decisiones que toman los gobiernos democráticos sin duda afectan la calidad de vida. No obstante, como afirman Juan Linz y Alfred Stepan, “ninguna democracia puede asegurar la presencia de banqueros honorables, de empresarios con iniciativa, de médicos que se dediquen a sus pacientes, de profesores competentes, de intelectuales y artistas creativos ni, incluso, de jueces honestos…Cuanto más se suponga que el hecho de alcanzar una política democrática hará que se obtengan todos los demás bienes, más grande será el desencanto final”.

La segunda limitación proviene precisamente de uno de los compromisos prometidos por la actual administración: el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción. Por lo general, los estudios de opinión arrojan una demanda sentida, sobre todo entre las clases medias y medias-altas, a este respecto, y es claro que influye en la orientación del voto. Lo que no está tan claro es qué tan profundo es el interés de la sociedad mexicana por avanzar en realidad hacia un país de leyes y convertirse en una ciudadanía sometida al imperio de la ley. “Una nación –decía Ortega y Gasset- donde el estado, el sistema de las instituciones, fuese perfecto, pero en que la sociedad careciese de empuje, de claridad mental, de decencia, marcharía malamente”.

Me explico: se ha vuelto ya un tópico situar los problemas de corrupción exclusivamente por el lado del sector público, a todos sus niveles y esferas de gobierno. Pero la radiografía de lo que ocurre por el lado de la sociedad aún está pendiente. En muchos sectores la valoración de la ley, del estado de derecho, de la tolerancia o de la confianza interpersonal arroja grados todavía insuficientes. Un solo dato: más del 70% de los ciudadanos declaran, paladinamente, que ellos respetan la ley solo “si les parece justa”, o sea, únicamente si les conviene. La conclusión es muy cruda pero muy real: la sociedad mexicana tiene una tendencia natural, casi biológica, a ser corrupta.

Esto plantea una enorme dificultad para la construcción de una buena y sólida cultura cívica pues es evidente que una política de transparencia no es solo asunto de leyes o instituciones, sino sobre todo es un problema endémico, de carácter cultural, educativo y social.

La última condicionante, entre muchas otras desde luego, radica en la propensión natural y en cierto sentido explicable de los partidos políticos al clientelismo y al mínimo costo electoral.

Para que el país mejore su competitividad y el gobierno amplíe la inversión social en educación, salud, infraestructura y seguridad, es urgente contar con mayores recursos y profundizar no solamente en los retos derivados de las reformas estructurales pendientes sino en las nuevas que, en el corto o mediano plazo, serán indispensables. La reforma fiscal, la aprobación de las reformas legislativas que permitan atraer nueva inversión en el sector eléctrico y en la petroquímica básica, el diseño de la industria petrolera del siglo XXI que necesariamente tocará la sensible estructura actual de PEMEX, o la concesión a particulares para operar cada vez más servicios públicos son algunos ejemplos de políticas públicas indispensables cuya aprobación parlamentaria tendrá costos.

Todos los partidos saben que son medidas convenientes para el país, pero todos se niegan a pagar la factura política. Unos porque no quieren invertir parte de su capital político y les gustaría posponer las decisiones complejas; otros porque aún padecen la ausencia de dirección y brújula como para tener claro ya la forma de conducirse y negociar desde la oposición.

En cualquier caso, esta coyuntura ejemplifica los matices y las peculiaridades de una transición como la nuestra, revela que la sociedad tiene una enorme responsabilidad, y muestra que, ahora, debemos ir de una alternancia democrática a una democracia de calidad. Ese es justamente el mayor desafío para el año próximo: elegir a quien resuelva estos problemas y tenga el liderazgo, la visión y la decisión suficientes para ello.

La democracia implica mucho más que una decisión única o unas elecciones improvisadas. Requiere un proceso profundo de desarrollo político para que la cultura y los valores democráticos arraiguen en todos los sectores de una sociedad.

México y su sociedad necesitan un nuevo enfoque acerca de las posibilidades que ofrecen las reformas políticas y económicas para consolidar su tránsito hacia una normalidad democrática, para sembrar en la ciudadanía un interés y un entusiasmo realista por los asuntos públicos, y para asegurar que, en pleno siglo XXI, esa democracia y esa sociedad sean la base de un nuevo desarrollo, más próspero, compartido y equitativo.

Imprimir este artículo

Enviar a un amigo