Cuando se habla de corrupción se habla de ilegalidad. Y es precisamente que se denomina “informal” al sector de la economía que se caracteriza por el desarrollo de actividades ilegales. Esto no se traduce a un problema de carácter fiscal -donde tiene implicación significativa- sino de institucionalidad. Al hablar de economía subterránea hacemos referencia a actividades tales como el ambulantaje, la piratería, el contrabando, el narcotráfico, la evasión de impuestos, la prostitución, el aborto, y otras tantas actividades que por su carga punitiva se hacen de forma clandestina y aprecian de forma gravosa.

Lo más preocupante de este problema es que en el desarrollo económico del país, como en casi toda América Latina, el sector informal cada día va generando oportunidades económicas que salen del marco del derecho y que figuran como ilegales.

En 1990 el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó que la llamada economía subterránea en México generó el 44% del ingreso nacional. En el año 2000, el mismo organismo estimó que su participación creció aproximadamente en 50%. A tabla raza implica que para los mexicanos la mitad de nuestros ingresos provienen de una actividad ilegal.

Para el caso de América Latina la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que el empleo en el sector informal aumentó de 1990 a 1995 de 51.6% a 56% respectivamente. Por lo que es posible que en el año 2000 se hable de un empleo aproximado a un 60%.

Más preocupante aún es el hecho de que este sector es más rentable y eficiente que el formal. Por decir, como un ejemplo de caso, el comercio establecido tiene una estrategia de distribución que es significativamente más onerosa que la de un ambulante. Mientras el establecido comercio formal gasta en renta del local, sueldos de empleados, seguro social y otras prestaciones, gastos de administración, paga impuestos, por citar los gastos más relevantes y comunes, el comercio ambulante informal no incurre en ellos por lo que sus precios son significativamente más bajos y competitivos que los que presenta el comercio establecido. En pocas palabras es más eficiente. A su vez el comercio ambulante es más prominente porque se accede de forma más fácil a él por la movilidad que presenta, aparte de tender a ser itinerante a través de tianguis y otras plazas. La mayoría de actividades de la economía subterránea por ser ilegales y por tener una carga punitiva se vuelven más rentables, digamos como ejemplo: el narcotráfico y el contrabando.

Hay prácticamente un consenso de que el mayor de los fantasmas que recorre el mundo en este final de siglo, es el de la corrupción. La corrupción no tiene especificaciones de tiempo o lugar. Es intemporal, que si bien es un problema de los individuos que muestran conductas ilícitas es también resultado de una sociedad que funciona con un sistema que no es el apropiado. De ahí que la problemática que encierra la corrupción represente el mayor de los desafíos y gran motivo de preocupación para el estado moderno.

Para lograr la transparencia también es importante tener como aliado el funcionamiento adecuado de instituciones democráticas, una prensa libre y acceso abierto del público a la información relacionada con el ejercicio del poder y las actividades gubernamentales. A toda esta estructura deben de sumarse los órganos de control y el afianzamiento del sistema de impartición de justicia porque el sistema institucional de una nación depende de la vigilancia del poder judicial.

Se requiere actuar a nivel educativo de la sociedad, para reorientar los valores a fin de cambiar conductas individuales. Se considera que no se irá a fondo contra la corrupción en tanto no suceda una modificación interna del individuo, que hoy por hoy, está inmerso en una dinámica de valores presidida por el dinero en menoscabo (y hasta el menosprecio) de otro tipo de virtudes. Por lo tanto la moralidad o la corrupción, sucede en un determinado estado de la sociedad. Las medidas anticorrupción, en consecuencia, no pueden tener lugar en el vacío social y político. Más bien la sociedad es quien define el grado de conflictividad y de porosidad de los valores y va a condicionar los alcances de las medidas contra la corrupción.

Índice de la percepción de la corrupción de las empresas en México (ITESM)

Este índice, realizado por el Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, mide la percepción que las empresas tienen sobre la corrupción en México. Para ello, se encuestaron a 3,985 empresas de los 32 estados del país. Los dos tipos de corrupción más recurrentes son:

• Captura del Estado. Pagos extraoficiales realizados por el sector privado a legisladores o políticos del ejecutivo con el fin de influir en la definición de las “reglas del juego” de acuerdo a sus propios intereses. El 39% de las empresas reconocieron que organismos similares a los suyos realizan pagos extraoficiales para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones. En la apreciación del sector privado, estas empresas gastan en promedio un 8.5% de sus ingresos en la captura del Estado.

• Corrupción burocrático-administrativa. Pagos extraoficiales de las empresas a funcionarios públicos con el fin de distorsionar la implantación prescrita de las leyes, políticas y regulaciones. El 62% de las empresas reconocieron que entidades similares a la suyas realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos de menor rango. Desde su perspectiva, gastan un 5.1% de sus ingresos en la corrupción burocrática-administrativa.

Licitaciones públicas y corrupción

Se estima que 22% del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales (aproximadamente $228,000 millones de pesos). Del total de recursos públicos destinados a realizar contrataciones gubernamentales, 30% se destina a la corrupción (aproximadamente $68,400 millones de pesos):

• 44% corresponde a servicios contratados.
• 25% se destina a obras.
• 31% a la compra de bienes.

Se estima que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no sólo en compras y obras públicas), lo que representa el 9.5% del PIB y el 15% de los impuestos anuales recaudados.

De acuerdo al estudio realizado por Transparencia Internacional, organización no gubernamental dedicada a medir el grado de corrupción entre las naciones, este año México compartió con Eslovaquia y Panamá el número 51 con un nivel de 3.6 sobre 10, esto es una calificación no aprobable en este rubro, siendo el país latinoamericano más alto Chile con un 7.4 y Finlandia con 9.7, el mayor en el mundo. El estudio se realizó entre 99 países de más de 200 que hay en el mundo.

“Si Finlandia lo hace, México puede lograrlo”.

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