Nuestro país cuenta con un rezago habitacional de cuatro millones trescientas mil viviendas, de las cuales se calcula que 1.8 millones son por edificar y 2.5 millones se requieren mejorar por deterioro o hacinamiento. El déficit actual en Aguascalientes es de alrededor de 25 mil casas por construir o arreglar.

Se estima que para el año 2020 debemos resolver las necesidades de tierra y urbanización para satisfacer de casa a 16 millones de familias. Solamente en Aguascalientes se requieren como mínimo 8,500 viviendas cada año, para un igual número de nuevos matrimonios y el mejoramiento de 3,500 casas existentes.

La vivienda es el espacio vital en que deben habitar digna y decorosamente las familias mexicanas. Es un derecho social constitucional que refleja la calidad de vida de la población y fomenta la actividad económica y la generación de empleos.

Esta garantía social y concepto habitacional, no se cumplió en las poco más de 4 mil viviendas progresivas construidas por la Administración Estatal anterior en el Fraccionamiento Peralta Gámez de la Ciudad de Aguascalientes; además, de que al contar con tan sólo 21 metros cuadrados edificados no respetaron la legislación urbana, que dispone un mínimo inicial de 33 metros construidos.

Alcanzar la meta de edificar 750 mil viviendas cada año para afrontar uno de los principales retos del México del Siglo XXI, demanda asumir con la más alta prioridad y con visión de largo plazo una política social de Estado en materia de vivienda, que supere los proyectos sexenales y las presiones especulativas inmobiliarias.

Tierra, urbanización, financiamiento, mano de obra calificada, materiales para su edificación, rediseño de los organismos públicos y participación social, privada y de los beneficiarios, son los elementos y factores que combinados y utilizados oportuna, planeada y eficientemente permitirán el logro de tan importante meta social y económica. Que duda cabe que la vivienda tiene más cabos que el ejército.

Debemos considerar que aproximadamente el 55% de la superficie de las ciudades está ocupada por casas, por lo que es urgente sacar de la especulación e incorporar adecuadamente las 150 mil hectáreas de tierra, ante todo ejidal, que se necesitan a nivel nacional en los próximos cinco años para el desarrollo urbano y la vivienda.

El insuficiente financiamiento, es resultado de la falta de integración del mercado inmobiliario; de un deficiente marco jurídico e institucional que propicia una regulación excesiva, el burocratismo y la corrupción, lo que desalienta la inversión y encarece los costos; del incremento de la cartera hipotecaria vencida; de la falta de subsidios y estímulos fiscales en la producción habitacional y de una insuficiente oferta institucional y bancaria de créditos.

Es importante resaltar que la mayoría de las viviendas que se construyen anualmente en el país no cuentan con ningún financiamiento. La mitad de los trabajadores obtienen ingresos menores a dos salarios mínimos, lo que les impide ser sujetos de crédito o alcanzar el puntaje requerido por el INFONAVIT o el FOVISSSTE. Como ejemplo, es absurdo que la mayor parte de los albañiles que construyen las casas de los demás, no tengan acceso a créditos para edificar sus propios hogares.

Mientras en Chile existen ocho hipotecas por cada mil habitantes, en Estados Unidos diez o en España once, en México apenas hay tres. El valor global de las deudas habitacionales en nuestro país asciende a cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos, equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto, contra un 17% en Chile o el 54% del PIB en Estados Unidos.

Los esquemas crediticios deberán considerar la capacidad de pago de los demandantes de vivienda, ampliando los subsidios públicos directos en los enganches para aquellos acreditados cuyos ingresos sean menores a dos y medio salarios mínimos.

Es necesario que se modifique la legislación bancaria, civil y mercantil para regular los esquemas crediticios de largo plazo para vivienda, con criterios de certidumbre jurídica y equidad, utilizando modelos sencillos y comprensibles de contratos que sólo utilicen al peso como referente monetario, eviten el cobro de intereses sobre intereses, protejan las garantías hipotecarias y al ahorro, así como estimulen la cultura del pago.

Se debe tomar en cuenta que la construcción habitacional puede contribuir excelentemente a generar el millón trescientos mil empleos formales que anualmente se requieren en el país. Basta mencionar, que los materiales casi todos nacionales, que se utilizan en la edificación de la vivienda y en la introducción de los servicios urbanos, involucran a alrededor de 40 ramas industriales, movilizan a buena parte del sistema de comercialización de productos y generan empleo profesional y calificado.

Nuestro Estado ha sido un buen ejemplo de que se pueden alcanzar metas que se pensaban imposibles de realizar. Hicimos la proeza de edificar un Aguascalientes más grande al que teníamos en 1980, al pasar de 84 mil viviendas a un poco más de 200 mil en el año 2000.

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