A lo largo de los últimos doce años tanto los partidos políticos y los gobiernos municipales del PAN como los medios de comunicación han cuestionado con necedad el modelo de privatización del servicio de agua potable que los gobiernos estatal y municipal decidieron en el otoño de 1993. Si bien es cierto que, en su momento, se convirtió en un tema político más que técnico o financiero, y que casi nadie ha hecho el esfuerzo por estudiar y entender la naturaleza de esa asignación, se trata, sin duda, de una de las políticas públicas que, con el tiempo, han probado tenazmente que fue una solución correcta y visionaria.

Hoy existe una aceptación generalizada en el mundo en el sentido de que el asunto del agua es ya de seguridad nacional. Lo que el petróleo y los energéticos fueron en el siglo XX, el agua lo será en el siglo XXI y, por lo tanto, el enfoque y el manejo del agua por parte de los gobiernos es, junto con la educación, quizá la prioridad más urgente. La idea colectiva de que el agua es un “bien libre” o un “servicio social” es una de las equivocaciones más graves que se han cometido en México y en Aguascalientes al grado de que, por esa distorsión, puede volverse un problema que, en el mediano plazo, colapse el desarrollo del estado.

Pongamos las cosas en perspectiva. Durante muchos años, se dijo que el uso del agua era una cuestión cultural y de educación, y que, en tal sentido, una pedagogía ecológica efectiva haría que los consumidores valoraran la escasez del recurso y, por ende, redujeran su aprovechamiento. La tesis era muy bien intencionada pero completamente ingenua porque el mercado no funciona así.

La reducción del consumo del agua y, por consecuencia, de la extracción, el derroche y el desperdicio depende de cuatro factores torales:

a) Ponerle precio al agua.
b) Modificar la absurda, desproporcionada e irresponsable distribución actual del recurso entre el sector agropecuario y el resto de los sectores económicos.
c) Elevar considerablemente el reuso del líquido.
d) Hacer las obras de infraestructura necesarias para garantizar el abasto a largo plazo.

Parte de esas consideraciones fueron las que llevaron a la decisión de privatizar el agua y a construir la mayor cantidad de plantas de tratamiento, una política que los siguientes gobiernos estatales y municipales del PAN interrumpieron torpemente poniendo en riesgo la viabilidad del estado. Aún ahora, sobre todo los partidos insisten en que se regrese al populismo de regalar el agua, bajar los precios, evitar los cortes y hacerse de la vista gorda frente al grave problema que el agua es para Aguascalientes. Y su obcecación deriva de que nunca entendieron –ni el PRI, ni el PAN ni el PRD- las razones de la privatización. Veamos.

Una privatización de bienes o servicios inelásticos desde el punto de vista económico como el caso del agua o de otros monopolios naturales, tiende, si se quiere hacer con ortodoxia, a que: a) los precios y tarifas reflejen los costos reales del servicio, b) el ajuste tarifario sea lo menos áspero posible para usuarios acostumbrados a no pagar por él (o a pagar poco) y luego mantenga una tendencia estable pero realista, y c) que induzca a un cambio en los patrones de consumo, tratándose de recursos limitados. Por lo tanto, es muy difícil, sino es que imposible, en un país de tan arraigada cultura estatista, de subsidio y paternalista como México aspirar a que una privatización concite el aplauso generalizado.

Aún en casos relativamente exitosos como en Chile, las encuestas no muestran, en este tipo de casos, consenso o aprobación ni, mucho menos, "apoyo". Toda privatización implica, en una primera y a veces larga fase, un alineamiento tarifario y sólo mucho después (como en Inglaterra y Argentina en el caso de la electricidad) reflejan una mejoría en los costos al usuario final.

Eso explica, naturalmente, que haya siempre una "rentabilidad política" en oponerse a las privatizaciones de todo tipo, como lo hizo aquí primero el PAN y ahora el PRI, en especial de servicios públicos tan cotidianos como el agua. Lo absurdo de la opinión de los partidos y de una banda de vividores que lucran con el tema, es que no comprenden que si se quiere perfeccionar el funcionamiento de los mercados, es obvio que el pago integral del servicio por los usuarios es el mecanismo correcto.

Los necios suelen no detenerse en que es una cruel paradoja que, mientras los consumidores son muy puntuales para pagar los abonos de la TV o el radio, en el caso del agua (y de otros bienes asociados con la provisión del estado) son sumamente morosos e irresponsables, entre otras cosas porque siempre hay líderes partidistas dispuestos a abanderar estas causas. Pero en la vida real las cosas son distintas.

La gente compra un bien o servicio y tiene que pagar por él, sin andar preguntando acerca de la estructura de costos del proveedor o fabricante. Ahora bien, si las tarifas deben bajar en el futuro, esto depende sólo de que haya competencia (que no es el caso del agua), que haya abundancia del bien o servicio (que es el caso en British Columbia, Canadá, pero no en Aguascalientes), o que haya una regulación que supervise, verifique y compruebe que, como hay incrementos en la eficiencia o productividad, decrete que la concesionaria debe bajar las tarifas en determinado momento. Como es evidente, este es un mecanismo sumamente excéntrico desde el punto de vista económico, deja cierta discrecionalidad a los reguladores, incentiva a que la concesionaria falsee la información o, de plano, abre la puerta a tratos indebidos entre la autoridad y la empresa. Es mucho más transparente que, al tratarse de un monopolio natural regulado, los alineamientos tarifarios se determinen desde el principio y con base en indicadores claros como son los del Banco de México o del INEGI; cualquier otra forma se prestaría a interpretaciones equívocas y abusos sin límite.

El segundo problema que los aguascalentenses no quieren ver es que hay una distribución muy perversa del líquido. Desde 1963 el estado fue declarado “zona de veda” en materia hidráulica; esto quiere decir que, como estado semiárido, el agua es un recurso limitado y se supone que la autoridad debe reducir al máximo nuevas explotaciones.

Pues bien, la cuestión radica en que, mientras el sector industrial y de servicios aporta más del 90% del PIB estatal, genera una proporción equivalente de los empleos que existen en la entidad y consume alrededor del 2% del agua, el sector agropecuario produce tan solo el 6% del PIB, menos del 3% de los empleos y consume cerca del 80% del agua explotable en la entidad. Este es el problema central y el más grave.

Como los gobernantes y los partidos se han vuelto tan populistas, nadie se atreve a recomendar que es urgente una transformación radical de este modelo de distribución tan perverso. Hay ejemplos realmente indignantes en este sentido. Uno es el derroche que significa mantener la producción de alfalfa para el ganado de leche –que consume agua de manera alarmante- cuando podría importarse ese alimento de otros estados o del extranjero. Otro es el mantenimiento de explotaciones agrícolas, como las de los ranchos Santa Mónica y Santa Isabel al sur de la ciudad, que no producen un cacahuate y, sencillamente, desperdician el agua porque no les cuesta. Esto es inadmisible y si los propietarios de esos predios tuvieran vergüenza, cosa muy improbable, ya habrían cambiado el esquema.

La tercera cuestión es de visión. Todo el mundo apostó, en 1993, a que el modelo de privatización sería un fracaso. La realidad demostró lo contrario.

El tiempo dio ampliamente la razón al modelo: el del agua es hoy en el mundo el principal tema de seguridad internacional; ninguno de los siguientes gobiernos estatal y municipales hicieron cambio alguno al modelo de concesión; la experiencia se volvió un ejemplo a nivel nacional y hoy se estudia en varias universidades y en CEPAL; se insertó en las tendencias internacionales en el manejo del recurso, y el propio Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 reconoció que el concepto del agua debe ser entendido como:

“Un bien económico en sustitución del concepto del agua como un bien libre. De ahí que la política hidráulica comprenda la introducción de sistemas de precios y otros incentivos económicos. (…) Para propiciar un mayor desarrollo en el subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento y ayudar a resolver la problemática que presentan los organismos operadores de agua, es conveniente la participación del sector privado a fin de aprovechar su experiencia técnica, acceder a tecnología de punta y utilizar su solvencia financiera. Además, con la participación del sector privado se asegura la continuidad en la gestión de los servicios, al ser ésta ajena a los cambios políticos que presentan las administraciones estatales y municipales".
(Fuente: www.semarnat.gob.mx/programas/hidraulico.shtml#mecanismos)

Fue no únicamente una decisión responsable desde el punto de vista de los intereses generales del estado sino también pionera y que ha abierto una avenida importante para el manejo de los sistemas de agua potable en México.

En cuarto lugar, básicamente por las tarifas, los usuarios han tenido que modificar sus patrones de consumo. Desde 1993, probablemente los costos el agua han subido más de 300%; en otras palabras, como dijo el secretario de Medio Ambiente del gobierno federal, “hay que cobrar el agua hasta que lloren los usuarios”. Se oye mal, pero tiene razón. A eso obedece que el tema ya no está en la agenda política local y apenas aparece en las encuestas muy por debajo de la economía, la seguridad, etc., y parece más bien referido el interés a las cuestiones estructurales, es decir, la escasez de agua en el estado.

Entonces ¿qué pasó? Hipótesis: a) la gente acepta, a regañadientes, que no hay de otra; b) que volver a la situación anterior sería peor; c) que con ingresos altos o bajos hay que pagar el agua, o d) que debe reducir su consumo mensual para pagar menos. Lo más probable es que sea una combinación de todo.

La reflexión final es que el agua es un bien económico muy escaso en el estado; que por razones de sobrevivencia todos tenemos que consumir menos agua y, aunque nos disguste, pagar más por ella; que es urgente reusar de manera masiva el agua tratada; que es indispensable un diagnóstico realista y actualizado del problema; que los partidos deben ser menos irresponsables al hablar de este tema; que es necesario reducir drásticamente la disponibilidad de agua para las explotaciones agrícolas y ganaderas, y que el gobierno debe encabezar una verdadera política de estado en esta materia, en lugar de perder el tiempo en frivolidades. Si queremos que Aguascalientes sea viable en el mediano plazo, no hay de otra.

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