En un estado democrático como pretende ser el mexicano, es imprescindible la participación de los líderes empresariales en el proceso de reforma del estado, particularmente en temas que tienen especial trascendencia en el desarrollo y futuro de las empresas como es la materia fiscal. La reforma del estado no puede quedar sólo en manos del gobierno, ni siquiera exclusivamente en el poder legislativo. Si como se ha reconocido en muchos foros, la sociedad debe sentirse corresponsable en este proceso, en los líderes empresariales recae el mayor peso de esta participación.

Las empresas son las que generan la mayor proporción del PIB. Este hecho justifica que en la reforma del estado, a los líderes empresariales se les dé mayores espacios de opinión. Creo que hay conciencia de ello, tanto de parte del gobierno como de los propios empresarios. Me consta su empeño, entusiasmo, su coraje y sobre todo su compromiso con esa reforma que por tantos años se espera y que no acaba de concretarse. Yo animaría a los empresarios a mantener la fe y seguir luchando porque esa reforma se dé, no obstante los fracasos, las desilusiones y la desesperanza que con razón pueda darse en muchos de ellos. La elevada evasión existente en el país, la desigual distribución de la carga fiscal que ello genera respecto de aquellos que sí están pagando sus impuestos, la baja cultura y conciencia tributaria, etcétera, son factores que los empresarios tienen presente y que seguro estoy, seguirán combatiendo.

Necesitamos que los líderes empresariales visualicen una reforma del estado, de manera integral, que no se limite a lo fiscal. Es indispensable que además de transformar la legislación tributaria de los tres niveles de gobierno, también impulsen reformas estructurales en materia de gasto y deuda pública. Se requiere modificar substancialmente las políticas y responsabilidades en materia de gasto público, a fin de racionalizarlo y optimizarlo al mayor grado. Finanzas públicas sanas, generar economías presupuestales, promover el ahorro público, priorizar gasto hacia la inversión pública y a los sectores realmente productivos, son acciones, entre otras indispensables. Estoy convencido de que sí se puede.

Por lo que se refiere a la deuda pública, es evidente que la sociedad debe estar muy vigilante. En este punto cabe advertir e insistir en el elevado riesgo financiero que representa el déficit a que ya se enfrenta particularmente el IMSS y los fuertes subsidios que se están aplicando. Por su parte, el mayor número de los sistemas de pensiones estatales del país ya están en inminente riesgo de quiebra técnica, por cierto con excepción del ISSSPEA de Aguascalientes. Si no se instrumentan reformas de fondo en el sistema pensionario del país, todos sabemos que la única opción a corto plazo sería el incremento de subsidios o reducir las prestaciones, hecho este último no viable desde muchos puntos de vista.

Es muy importante que la reforma del estado en materia de gasto y deuda pública, se enfoque hacia el objetivo de reducir gradualmente los compromisos de gasto y pago de la deuda. Si el sistema impositivo vigente no genera los montos de recaudación suficientes para cubrir el presupuesto de gasto, las necesidades de endeudamiento se darán en forma automática. El déficit se cubriría con deuda necesariamente. Por eso insisto en que la reforma fiscal estructural, debe estar vinculada con reformas estructurales en gasto y deuda pública. Los líderes empresariales, desde la formulación de los presupuestos de egresos, deben tener el cuidado de informarse y desde luego hacer propuestas.

Dentro de esa visión integral, los líderes empresariales también tienen que presionar para que se continúe la transformación de la colaboración y coordinación fiscal a nivel nacional. Es un hecho que los gobiernos estatales y municipales deban tomar mayores responsabilidades impositivas. Si actualmente alrededor del 90% del presupuesto de egresos de un estado se cubre con recursos fiscales que recibe de la federación, es evidente que la responsabilidad recaudatoria del estado se reduce a sólo un 10% promedio. Una alta dependencia es inconveniente. Es impostergable aceptar una mayor corresponsabilidad de los estados y los municipios en la generación de ingresos, para reducir gradualmente esa enorme dependencia presupuestal de la federación.

Una nueva estructura de distribución de facultades impositivas y de administración es uno de los objetivos indispensables que se tiene que fijar el país. Por supuesto que para afrontar nuevas responsabilidades en materia de ingresos tributarios, las entidades federativas y los municipios requieren reestructurar, modernizar o reforzar en su caso su administración. Los niveles de eficiencia recaudatoria deben elevarse, reducir costos, simplificar trámites en la recepción de declaraciones y pagos. Incrementar substancialmente el cumplimiento fiscal voluntario, son requerimientos indispensables para lograr una mayor eficiencia.

Los líderes empresariales saben, como lo aprecia así la sociedad en su conjunto, que un mayor cumplimiento fiscal voluntario depende de varios factores: Una legislación tributaria sencilla, accesible a todos los contribuyentes, no costosa en su aplicación, competitiva, que incentive el ahorro, el empleo y la inversión. Esto es cierto, pero también depende de manera muy significativa , de la percepción que tiene la ciudadanía de que sus impuestos se están aplican correctamente. En esta medida, la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas, son objetivos por los que los líderes empresariales deben pugnar en un proceso de reformas del estado en materia fiscal.

Es justo reconocer, sin embargo, que mucho se ha escrito sobre la forma y términos de la reforma del estado en materia fiscal. La propia Convención Nacional Hacendaria, como en su momento la Convención Nacional de Contribuyentes, formularon conclusiones. El nivel de participación de líderes empresariales fue muy fuerte, pero no obstante la riqueza de las aportaciones, las conclusiones presentadas al Ejecutivo Federal, no cristalizaron en el número de iniciativas necesarias. ¿Qué pasó?, ¿La respuesta debe limitarse a que no se dieron las condiciones de naturaleza política para avanzar en las reformas estructurales? En el Congreso y en especial en la Cámara de Diputados, prevalecieron los intereses partidistas, el temor al desgaste político vinculado con las elecciones federales del próximo año. Está claro que faltó visión de estado, visión de largo plazo; mayor compromiso con México y desprenderse de intereses políticos de corto plazo. Voluntad política del poder legislativo, persistencia de parte del Poder Ejecutivo Federal, así como mayor presión y compromiso de los gobiernos estatales y municipales.

Finalmente, deseo referirme a una responsabilidad adicional que los líderes empresariales deben seguir afrontando: La de mantener, fortalecer, transformar y coadyuvar en su caso, para que las condiciones de reforma del estado se den. En este aspecto también es prudente mantener una visión de conjunto. Las condiciones políticas deben ser por supuesto favorables, pero también las sociales, las económicas, las de orden administrativo, las de cultura tributaria. No esperemos que todas las condiciones se den, pero por lo menos la mayoría de ellas para que la reforma del estado sea lo más exitosa posible. También es prudente recordar que las grandes transformaciones requieren tiempo para su asimilación, se consoliden y den resultados de largo plazo.

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