· Año 11 · Número 125 · Mayo 2005 ·
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Mtro. Otto Granados Roldán
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, ITESM Campus Aguascalientes
otto.granados@itesm.mx

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Con humor casi macabro, el editor de una revista norteamericana escribió: “En el 2003, América Latina tuvo otro año normal: el crecimiento económico fue bajo; la inestabilidad, alta; la pobreza, generalizada; la desigualdad, profunda, y la política, feroz. En otras palabras: nada nuevo”. Pues bien, aunque esa cita corresponde al año pasado, podría perfectamente aplicarse a cualquier otro y, peor aún, convertirse en un retrato cotidiano. Veamos cómo anda la región.

El sexenio de Vicente Fox termina en medio de un completo fracaso; ninguna de las reformas estructurales pasó, la competitividad cayó y en todos los indicadores internacionales el país descendió, incluso en el tamaño de la economía donde ahora estamos, independientemente de cómo se mida, en el lugar número 14. En Ecuador y Bolivia las revueltas populares derribaron a los presidentes y no hay progresos económicos visibles. En Perú, el presidente Alejandro Toledo tiene una aprobación menor al 10 por ciento. En Costa Rica, un país con fama de honesto, dos ex presidentes están siendo procesados por corrupción. En Venezuela, la locura de Hugo Chávez llega ya al paroxismo y el país es un desastre. En Centroamérica la pobreza se profundiza, y Argentina no termina de salir de una crisis estructural galopante.

Pero el problema central es que ni los líderes políticos ni buena parte de la sociedad parecen darse cuenta de que son ya décadas pérdidas, que otros países han avanzado mucho más rápidamente que cualquiera de los nuestros, que la retórica de los gobernantes de ahora no sirve para nada y que, al final del día, es exasperante la forma en que nuestros países desperdician el tiempo en la política menor, en el escándalo estéril y en los caprichos de quienes toman las decisiones.

Quizá el mayor desafío consiste, a pesar de ese contexto tan poco promisorio, en tener la claridad intelectual suficiente como para insistir en los caminos y las políticas públicas que los gobiernos debieran seguir en esta hora y enfrentar los nuevos retos. Si en los años setenta la respuesta fácil era democratizar y, en los años ochenta, hacer las reformas económicas de mercado, ahora no hay respuestas fáciles. Y el resultado es que, quizá como nunca antes, muchos se preguntan qué hacer con América Latina, o peor aún: ¿tiene remedio América Latina?

Son tres los mayores desafíos que tenemos por delante: afianzar e incrementar la calidad de la democracia y la gobernabilidad; disminuir los niveles de pobreza y desigualdad, y consolidar las reformas económicas con un sentido social y de equidad.

Como diría el clásico, empecemos por el principio. Hay un acuerdo muy extendido en que en la región se observan signos de crisis económica e institucional que han producido escepticismo o, en algunos casos, franca irritación con las medidas aplicadas para reformar el Estado.

La euforia inicial que generó el retorno de la democracia en algunas naciones, su perfeccionamiento en otras, o su establecimiento por vez primera en algunas más con escasa tradición democrática, ha sido de alguna manera reemplazada por una creciente desilusión con el funcionamiento de las instituciones representativas. Apenas un 32 por ciento de la población de 17 países en Latinoamérica declara estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia; solo el 29% de los latinoamericanos dice tener confianza en sus gobiernos, y apenas un 23% en sus congresos o parlamentos.

Ello ha conducido a dos fenómenos peligrosos para la gobernabilidad: por un lado, el regreso a prácticas políticas que creíamos desterradas, como las provocaciones de López Obrador y la rendición de Fox, y, por otro, la pulverización de las opciones institucionales que puede contribuir a profundizar la desilusión, al abuso de poder o a querer desandar las reformas económicas realizadas.

El enfoque, por lo tanto, es ahora más difícil pero también indispensable: México y América Latina necesitan ir más allá de los procesos electorales y mejorar la calidad de la democracia, superar el déficit ciudadano, profundizar las libertades políticas, estimular un sistema representativo con partidos que funcionen correctamente, con asociaciones ciudadanas basadas en intereses comunes, y con una sociedad civil fuerte y dinámica.

México tiene que decidir si el actual sistema político que tiene sigue siendo funcional, si hay que dejar el presidencialismo o hay que transitar hacia un modelo semiparlamentario, en el cual todos los partidos, y no sólo el que está en la presidencia, encuentren incentivos para concertar las reformas y las políticas públicas.

Como lo ha mostrado claramente Adam Przeworski, no hay precedentes históricos de que modernizar un país y lograr niveles adecuados de equidad sea un objetivo que se alcance sin tensiones. Pero todos los actores políticos, económicos y sociales pueden contribuir a que ello ocurra en las mejores condiciones posibles.

El segundo gran desafío es la pobreza y la equidad, y es, de lejos, el más importante.

En la actualidad, existen en América Latina unos 230 millones de pobres, lo que significa la pobreza llegó al 44% y la indigencia al 20%. Para llegar a la meta de la Declaración del Milenio de la ONU de reducir la pobreza extrema a la mitad para el año 2015, el producto total debería crecer un 2.7 por ciento anual durante los próximos 15 años: cerca del 6 por ciento anual en los países más pobres; casi 3% en los de nivel medio y 2.5% en los de menor pobreza. Como puede advertirse, en las circunstancias actuales, será sumamente difícil, si no imposible, cumplir ese objetivo.

¿Cómo romper ese círculo vicioso? ¿Cómo diseñar y ejecutar políticas económicas y sociales que amplíen la base productiva y conserven la disciplina presupuestal, pero que, al mismo tiempo, propicien una redistribución progresiva del ingreso y un crecimiento que eleve más rápidamente el nivel de vida de la población más pobre? Solo haciendo las reformas económicas y educativas que hagan más competitivas las economías de América Latina.

Este es, justamente, el tercer reto y el más urgente a corto plazo.

En los últimos quince años, la orientación predominante de las políticas económicas en el mundo ha sido la eliminación de las barreras al comercio internacional; la atracción de inversión extranjera; la privatización de empresas públicas, y la instrumentación de políticas fiscales y monetarias que sanearan las finanzas públicas. América Latina aplicó con firmeza ese paquete de reformas, dirigidas principalmente a la eficiencia económica.

Por efecto de tales políticas, en los años 90 la región redujo la inflación a un solo dígito; el déficit presupuestal bajó del 5% del PIB al 2 por ciento; la deuda pública externa disminuyó del 50% del PIB a menos del 20%; la apertura comercial hizo descender el promedio de aranceles desde más del 40% a casi el 10%; la inversión extranjera creció, y más de 800 empresas estatales fueron privatizadas hasta finales de esa década. Cada una de esas medidas varió, desde luego, de país a país, pero en general la intensidad de las reformas superó todo lo conocido hasta entonces.

Sin embargo, en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza y redistribución del ingreso, los resultados fueron desalentadores. El aumento real del PIB fue de apenas 3 por ciento anual durante toda la década, ligeramente mejor que el 2 por ciento registrado en la “década pérdida” de los años 80; el desempleo aumentó y la pobreza también.

Los indicadores de desarrollo social fueron apenas más favorables. Las tasas de mortalidad infantil, de alfabetización y de escolaridad primaria mejoraron en los noventa, pero la disponibilidad de agua potable continuó siendo escasa en los sectores rurales, pobre la calidad de la educación pública, considerable el aumento de la criminalidad y la violencia en toda la región, y nulo el entusiasmo de la población con las reformas instrumentadas. ¿Qué falló?

Hasta ahora, no hay un verdadero consenso acerca de cuáles son las razones que explican el hecho de que, a pesar de la relativa eficacia en la aplicación de las reformas, los resultados no fueron los esperados, o, por lo menos, no del todo.

Los ortodoxos piensan que dichas políticas no fueron aplicadas sistemáticamente y que, por lo tanto, se necesita completar el proceso. Los gradualistas enfatizan una inadecuada combinación de las propuestas y una instrumentación lenta o tardía. Y los populistas insisten en que los problemas han venido de fuera y que el adversario es la globalización, la apertura, las naciones industrializadas, Mc Donalds, o, de plano, el hombre blanco que decía Kipling.

La realidad es que sin las reformas la situación habría sido peor: el ingreso per cápita y la producción en América Latina hubiesen sido inferiores, mayor la inestabilidad, y agravadas la pobreza y la desigualdad.

El problema es que, aunque esos razonamientos sean técnicamente correctos, son poco reconfortantes para los pobres, los desempleados, los numerosos ciudadanos agobiados con los problemas de la región, y ofrecen muy escasas perspectivas de lograr apoyo político para nuevas reformas de la misma índole.

Los retos, por lo tanto, radican ahora en completar la llamada primera generación de reformas –en especial en el campo de la reforma fiscal, las privatizaciones, la desregulación, y la liberalización comercial- y, por otra, en diseñar una nueva generación de reformas sociales y económicas en donde el objetivo central sea aumentar las capacidades básicas de los individuos, dotar a las sociedades de las nuevas herramientas educativas y tecnológicas, promover los cambios institucionales necesarios en los liderazgos políticos, la impartición de justicia y la administración del estado, entre otras cosas. En otras palabras: estas son las políticas que en muchos países han probado ser eficaces y que en México o en Aguascalientes, en cambio, les pasan inadvertidas a los líderes políticos y empresariales.

Peor todavía: si en 2006 gana las elecciones la opción que representa el PRD, volveremos a las recetas o ideas ya fracasadas, como la nacionalización de la propiedad agraria, el proteccionismo, el estatismo, el derroche fiscal o el populismo, todas ellas rechazadas en los países que más rápidamente están erradicando la pobreza y alentando el crecimiento.

 

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