Quizá pocos momentos en la historia reciente habían sido tan intensos y vertiginosos como ahora, en muy buena medida como consecuencia de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, y de su consecuencia natural: el surgimiento de una inevitable sociedad mediática. Del desafuero a la muerte de Juan Pablo II, del caso de Terry Schiavo a los programas de humor político, o de la elección del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos a los pronósticos electorales para el 2006, parece haber ya poco tiempo para separar la paja del cieno e identificar cuáles son o debieran ser- las prioridades para México y Aguascalientes.

Pero aún cuando esta nueva sociedad en que vivimos muestra poco interés por los asuntos de fondo, lo cierto es que el diseño de la agenda pública con que, preferiblemente, debieran competir los próximos candidatos presidenciales, es, sin lugar a dudas, la cuestión clave para tratar de descifrar el futuro inmediato del país y, por ende, del estado.

Hay dos clases de temas que merecen ser analizados y ocupar la atención de la ciudadanía; unos se refieren al corto plazo y otros, lo más relevantes, al mediano y largo plazo. Sin pretender tener la bola de cristal, no hace falta demasiada sapiencia para deducir que entre ambos podría haber una relación causal y que de la forma como se resuelvan dependerá, dicho sin exageraciones, parte de la gobernabilidad del país así como las posibilidades reales de que, gradualmente, el país encuentre un camino realista y viable hacia el crecimiento y la competitividad. Veamos.

La primera cuestión tiene que ver con las consecuencias del proceso al que, tras el desafuero, será sometido Andrés Manuel López Obrador, el principal puntero en las encuestas electorales. Si finalmente es inhabilitado para presentarse en los comicios del 2006, el escenario de competitividad será muchísimo mayor entre los tres partidos más grandes y, por ende, mucho menos predecible. Como es sabido, si las elecciones fueran ahora, AMLO presenta una ventaja de alrededor de 15 puntos que le daría probablemente el triunfo, pero si el PRD lanza otro candidato digamos Cárdenas- entonces lo más seguro es que un porcentaje de los votos que habría captado AMLO se irá a otros partidos o a la abstención, pero en cualquier caso refuerza la predicción de que, al repartirse los votos en un tercio para cada partido, la diferencia final entre el primero y el segundo podría no ser mayor a unos 2 o 4 puntos lo que, como es evidente, generará un resultado altamente propicio para un conflicto poselectoral y un problema, si bien coyuntural, de legitimidad.

El segundo punto muy relacionado con el anterior es que, si esa hipótesis se cumple, la integración del Senado y de la Cámara de Diputados será demasiado plural, tanto que haría muy poco eficiente la forma de procesar las decisiones legislativas con el riesgo real de que, nuevamente, haya una parálisis que impida pasar las reformas estructurales urgentes. ¿Cómo evitar ese riesgo? Por ahora, ni el marco legal ni la cultura política facilitan la búsqueda de acuerdos entre los grupos políticos y las fracciones parlamentarias de modo que deben explorarse otras opciones medianamente eficaces. Una, desde luego la ideal, es que hubiese una genuina reforma del estado que incluyera una serie de cambios constitucionales, en el sistema electoral y de partidos, etc., que alentara a los partidos al acuerdo. Pero no se ve factible ahora ni en el futuro inmediato.

Por lo tanto, hay que plantearlo de otra manera: ¿Cómo hacer que los partidos perdedores, pero que tendrán una representación importante en el Legislativo, encuentren ganancias políticas reales y concretas colaborando lealmente con el sistema democrático y, de alguna forma, cogobernando con el partido que quede en el poder, y no se limiten a la oposición sistemática y contumaz? En otras palabras: el próximo presidente va a tener que construir una oferta atractiva dirigida a otros partidos y va a tener que ceder espacios en la integración del gobierno como un instrumento que facilite que el que gane, no gane todo, y el que pierda no pierda todo. Es decir, tendrá que recurrir a una especie de práctica parlamentaria en donde las coaliciones permiten “formar gobierno” y sacar adelante las iniciativas.

Y el tercer tema de corto plazo es qué tan cohesionados o divididos quedarán los partidos luego de que elijan a sus candidatos presidenciales. Por el lado del PRI, parece perfilarse cada vez menos potencial de conflicto en la medida en que los principales aspirantes han ido ordenando razonablemente los contenidos prácticos acerca de cómo nominar a su candidato y, por añadidura, una de las virtudes del PRI es que, generalmente, al final termina por procesar con estabilidad y sin grandes pérdidas sus acuerdos y decisiones políticas. En el caso del PAN, sin embargo, no está tan claro. Como partido de oposición que fue toda la vida, el PAN no tiene aún un entrenamiento suficiente para que, aún en situación de tensión o de conflicto interno, la sangre no llegue al río, y la historia de estos años como partido en el poder pinta muy bien las discrepancias y las diferencias que, en caso de una elección interna excluyente o mal manejada, podría tener costos políticos significativos. Y el PRD, por virtud de la incertidumbre de los tiempos procesales del caso López Obrador, afrontará el dilema de manejar ese problema y, al mismo tiempo, ir pensando en un candidato sustituto; ambos puntos serán desgastantes para el sol azteca.

Ahora bien, ninguna de estas tres cuestiones que son clave en el corto plazo político- van al fondo de los problemas del país, y no se ve fácil que las campañas se basen en un programa de largo plazo entre otras cosas porque los temas serios no son muy rentables electoralmente, porque los candidatos no suelen decir toda la verdad (¿alguien se imagina a un candidato ofreciendo aumentar el IVA?) y por qué la presión mediática y del tiempo obliga a mensajes cortos y por necesidad superficiales. Pero esto, que es normal en campaña, no justifica el que no se estimule, aunque sea en círculos intelectuales, académicos o periodísticos, una verdadera discusión acerca de los temas centrales en la cuál los propios candidatos y sus equipos debieran participar activamente.

Tanto en el antiguo régimen como en el 2000, el contenido sustantivo de las campañas era relativamente poco esencial para la sociedad abierta. En unos casos porque se trataba de elecciones más o menos predecibles y lo interesante era ver qué hacían los gobiernos ya en funcionamiento; y en el caso de la campaña de Vicente Fox la simple idea del “cambio” fue suficiente. Hoy las cosas son algo diferentes y una porción del electorado espera propuestas específicas de política pública que sean, además, viables. En consecuencia, hay cinco aspectos sobre los cuales los candidatos debieran pronunciarse con claridad y concreción: educación y tecnología; crecimiento económico y competitividad; política internacional; seguridad y justicia, y modernización política y del estado.

Los candidatos tienen que decirle a la sociedad cómo entienden cada uno de esos capítulos, las medidas como piensan llevarlas a la práctica, la gente con la que manejarían esas políticas y cuáles son los resultados medibles y tangibles que esperan alcanzar. De ello dependerá saber si México puede, ahora sí, emprender un camino sin retorno al crecimiento y al desarrollo.

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