Para quienes no estén familiarizados con la historia económica, hay que decir que John Maynard Keynes fue uno de los grandes economistas del siglo XX, autor de un libro clásico, Teoría general de la desocupación, el interés y el dinero (1936), y más conocido porque en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra mundial muchos gobiernos aplicaron una de sus ideas fundamentales la cual, expresada de manera simple, consiste en que para que una economía funcione hay que estimular preferentemente la demanda de bienes y servicios –es decir, el consumo– a través de un aumento deliberado del gasto público. La teoría fue muy efectiva porque como la guerra devastó la estructura industrial del mundo desarrollado, ningún otro agente económico, salvo el gobierno, habría podido contribuir a reactivarla.

Pero en la medida en que los distintos países se recuperaron y, más tarde, en los años ochenta, hicieron sus reformas estructurales para abrir sus economías, reducir el tamaño del estado, privatizar empresas públicas, modernizar los mercados libres e integrarse a los circuitos financieros y comerciales internacionales, el keynesianismo cayó en desuso como guía para la formulación y ejecución de las políticas públicas.

Hasta aquí, la referencia no tendría nada de particular de no ser porque, en pleno siglo XXI y con una economía tan competida y sofisticada como nunca antes y basada en la revolución tecnológica y del conocimiento, en México muchos gobiernos estatales novatos y poco equipados intelectualmente siguen pensando que aumentando los gastos del gobierno bajo la forma de subsidios directos, obras públicas y obesidad burocrática van a conseguir altos crecimientos económicos o una elevación de la productividad de las economías estatales. Craso error y, a estas alturas, imperdonable.

En general, salvo contadas excepciones, los gobernadores de ahora llegan al poder en medio de un embelesamiento electoral que les impide el tiempo y la concentración para estudiar qué demonios quieren hacer a lo largo de su sexenio y hacia dónde pretenden llevar a sus estados. El problema no es si su visión es buena o mala, sino sencillamente que no tienen, siquiera, una visión. Por lo tanto, cuando se encuentran con que la economía nacional está estancada (en 2004 creció solo 4%, en 2005 el pronóstico es 3.8% y en 2006, 3.5%) y el desempleo sube, entonces suponen –tal vez con la mejor intención- que gastando más los recursos del contribuyente van a resolver la asignatura. Si se tomaran el tiempo de rodearse de expertos serios y de adquirir información rigurosa (la cual hoy está disponible en abundancia), entenderían que, al menos por ahora, la economía no opera así y que no harán sino echarle dinero a un saco roto, en lugar de remendar el saco antes de gastar más.

Un solo ejemplo: probablemente Chiapas ha sido el estado en que la federación ha gastado más desde los años 70 y, sin embargo, prácticamente todos los índices de esta entidad son desastrosos: pobreza, educación, empleo, crecimiento y un largo etcétera que no tiene sentido citar en detalle. Algunos dirán –y con razón- que parte de esa marea presupuestal se hundió en el río de la corrupción de esas décadas, pero ello no explica a cabalidad el punto central: más que como inversión, esos flujos se etiquetaron como gasto y fueron a parar a proyectos, programas y políticas en sectores que no produjeron ninguna rentabilidad social, ni mejoraron los niveles de igualdad ni pivotearon la competitividad o el crecimiento.

Si se compara la estructura de gasto público de países de América Latina con los de Asia en los últimos 25 años, es claro que la inversión estatal más eficiente es la que se destina a sectores muy específicos como educación, tecnología, investigación aplicada relevante, infraestructura avanzada, gobiernos de calidad o sistemas transparentes de justicia y de seguridad. A pesar de que la literatura académica al respecto es muy numerosa e ilustra con abundante evidencia empírica esta tesis, sorprende que los nuevos gobiernos sigan cometiendo equivocaciones tan elementales como creer que el papel del estado o de los recursos públicos son la varita mágica para lograr el desarrollo de los estados.

Veamos el caso de Aguascalientes. El PIB del estado es cercano a los 7 mil millones de dólares (1.2% sobre el total nacional) y el presupuesto estatal de unos 700 millones de dólares. Suponiendo que esta última cantidad se gastara íntegramente en el estado –en la forma de salarios, prestaciones, compras, servicios y demás, lo que no ocurre en la realidad- apenas representa el 10% de la riqueza estatal, el cual, evidentemente, es una parte relativamente marginal en la actividad económica. Más aún: cuando el gobierno estatal anuncia que gastará cientos de millones de pesos en obra pública para crear empleo, lo que en verdad está generando es una ilusión porque ni son empleos permanentes, ni son productivos ni tienen una correlación alta con el crecimiento económico o la productividad del estado. En otras palabras: el gasto público es un resorte extraordinariamente modesto para la reactivación de la economía.

Ahora bien, si no es a través del gasto, entonces ¿qué puede hacer el gobierno para promover el crecimiento económico de la entidad?

La consideración estratégica más importante es tener una definición inteligente de cuáles son los factores del crecimiento. Con frecuencia, los gobiernos fracasan por la falta de un marco conceptual que consiste en algo tan sencillo como saber qué tipo de estado les gustaría dejar al final del sexenio y más allá. Los gobernantes deben comprender que las fortalezas de Aguascalientes no radican en los recursos naturales, en la gente buena y el cielo claro, en las amistades en el D.F, en lo simpático de la Feria de San Marcos, en la guayaba de Calvillo, en las conexiones sociales con periodistas capitalinos o diplomáticos haraganes, en las carnitas de San Pancho, en los incentivos fiscales y ni siquiera en la ya tradicional inexistencia de huelgas. No, la competitividad del estado radica ahora en la calidad del capital humano y los recursos tecnológicos que tenga, en la educación que imparta, en la modernidad de la infraestructura con la que cuente, en la eficiencia en el acceso a los servicios de información, conectividad y comunicación, en el grado de internacionalización de la economía, en la transparencia del marco regulatorio y en la efectividad del gobierno, entre otras cosas.

Lo segundo es tener claro cuál es el papel del gobierno, una discusión, por cierto, que en estos tiempos debiera ser innecesaria. Todos los reportes internacionales aceptan ya que la calidad de los gobiernos es un elemento importante de competitividad a partir de que sepan hacer con precisión lo que les corresponde. En otras palabras, al gobierno no le toca producir bienes o servicios ni crear empleos sino establecer las condiciones para que el sector privado produzca y genere esos empleos, garantizar un ambiente proactivo y seguro para que la economía se desarrolle y dirigir las políticas públicas hacia las áreas realmente estratégicas. Nada más, pero nada menos tampoco.

Y lo tercero que deben hacer los gobiernos principiantes es evitar caer en la tentación del populismo y el desorden, o creer que pasarán a la historia porque son buenos para todo. Un gobierno de resultados debe seleccionar sus tres, cuatro o máximo cinco políticas estratégicas y éstas deben ser las que aseguren crecimiento económico, mejores niveles de equidad en el ingreso y competitividad. Pero cuando suponen que tener equipos de fútbol, construir pistas de carreras o campos de golf son la base de la felicidad humana están desperdiciando tiempo y recursos y fallando en la ejecución de su verdadera misión. No es por allí: en materia de gobiernos exitosos hay mucho que innovar pero poco que inventar.

En suma: si el gobierno local quiere dar resultados debe combinar muy bien y pronto tres factores esenciales: visión clara y de largo plazo, capacidad de ejecución, y eficacia.

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