En su Reporte Anual del 2001, la Organización Mundial del Comercio (OMC) estimaba que existían entonces 170 Tratados de Libre Comercio (TLC) a nivel bilateral o regional y que para el 2005 este número podría llegar a 250. Estos acuerdos incluyen generalmente dos o tres países de una misma región geográfica, como el TLCAN entre México, Canadá y Estados Unidos, pero también existen otros donde la ubicación geográfica no es el factor determinante, como el TLC firmado entre Estados Unidos y Singapur, o aquellos que cuentan con un número importante de países signatarios, como el TLC entre México y los 25 miembros de la Unión Europea.

Hoy en día, México es uno de los países que cuenta con una de las agendas más activas a nivel internacional, habiendo suscrito TLC´s con 43 países, de los cuales 42 están en vigor y solamente resta el de Japón por entrar en vigencia en el 2005. El gobierno mexicano también ha suscrito acuerdos de complementación económica con los miembros del MERCOSUR, ha recibido solicitudes para iniciar negociaciones con otros países, entre ellos Nueva Zelandia y Corea del Sur y participa activamente en la Ronda Doha de la OMC y en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), las que se esperan concluyan este próximo 31 de diciembre.

Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, la pregunta de muchos empresarios es, y de qué sirve al aparato productivo mexicano contar con tantos TLC´s, en particular cuando el único que ha mostrado mayor aprovechamiento por parte de los exportadores mexicanos es el TLCAN. Los tratados con Bolivia, Costa Rica, Colombia y Venezuela cumplen este año su décimo aniversario, lo que a pocos ha parecido importar, e incluso la Unión Europea anunció hace un tiempo una aportación de 9 millones de euros, a reserva de que el gobierno mexicano aportara una cantidad similar, para apoyar el desarrollo del comercio entre ambas regiones.

En el 2002, el Congreso de Estados Unidos otorgó al Presidente George W. Bush por primera vez en ocho años el “fast-track,” la atribución para que el ejecutivo de ese país negocie nuevos TLC´s y concluyera tanto la Ronda Doha de la OMC como el ALCA en el 2004. En Estados Unidos, el Congreso es responsable de los asuntos de comercio internacional, por lo que el “fast-track” se otorga por períodos predeterminados. Si bien es cierto que la legislación permite una extensión por dos años en caso de ser necesaria, las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso son complicadas e implican concesiones importantes, lo que hace a ambas partes considerarlas con mucho cuidado antes de iniciarlas.

A partir de haber recibido el “fast-track,” el gobierno del Presidente Bush ha sido objeto de críticas constantes por parte de su Congreso, de diversos grupos empresariales y de otros intereses por lo que ha sido considerado como la falta de una agenda con objetivos bien especificados. Al gobierno del Presidente Bush se le ataca principalmente de negociar con los países que han simpatizado con la postura de Estados Unidos ante Iraq y desatender otros problemas más apremiantes tanto con la Unión Europea como con China. El Representante Comercial de los Estados Unidos – USTR, por sus siglas en inglés,- el Embajador Robert Zoellick, responsable de las negociaciones comerciales internacionales de esa nación, ha sido el blanco de la mayoría de estas críticas, en particular por los comités de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes (Ways and Means) y de Finanzas del Senado, responsables del tema.

Sin embargo, un estudio publicado por Andrew Bernard, de la Universidad de Dartmouth, en colaboración con Bradford Jensen, del Instituto de Economía Internacional y de Peter Schott, de la Universidad de Yale, llamado “Encarando al Dragón. Prospectos para la Industria Manufacturera de Estados Unidos en la Próxima Década” (Facing the Dragon. Prospects for US Manufacturers in the Coming Decade) presenta una explicación muy interesante: las negociaciones que hoy en día lleva a cabo los Estados Unidos con los países andinos, y las que concluyó recientemente con el Mercado Común Centroamericano, República Dominicana, Marruecos, Bahrein y Australia tendrán como resultado ofrecer a los productores y consumidores estadounidenses productos, servicios e insumos de buena calidad a precios menores que se producen en el mercado doméstico debido al precio de la mano de obra y de otros insumos en estos países. Por lo tanto, estas importaciones ayudarán a mantener una tasa de inflación baja en ese mercado en los próximos años.

El estudio de Bernard, Jensen y Schott identifica 18 sectores que contarán con mejores oportunidades de penetrar el mercado estadounidenses hasta el 2011. Estos sectores incluyen los productos de cuero, la confección y los textiles, alimentos, papel e impresos, productos químicos, equipo de transportación, juguetes, muebles, productos electrónicos, de plástico, hule, piedra, concreto y de metal. El común denominador de todos estos sectores es que son, entre otras características, intensivos en mano de obra, donde las importaciones tienen ventajas en el precio sobre los productos fabricados por el mercado estadounidense.

De la misma manera, el estudio presenta elementos que dan sentido a las posturas de negociación de Estados Unidos dentro del ALCA y en la OMC. Por otra parte, nos lleva a reflexionar tanto sobre las oportunidades de éxito de los países que desean exportar a los Estados Unidos, como de las ventajas que guarda México en la región de América del Norte conforme Estados Unidos y Canadá continúan negociando con países intensivos en mano de obra, en particular de América Latina. Seguimos siendo competitivos a nivel internacional con el costo de la mano de obra en México?

Los países con los que Estados Unidos ha suscrito TLC´s en los últimos dos años han descuidado los temas de obstáculos técnicos y de medidas sanitarias y fitosanitarias, los que pueden generar barreras comerciales muy importantes que mermen o eliminen las ventajas obtenidas en los capítulos de aranceles y reglas de origen. Aquellas disciplinas que se han negociado se aplican exclusivamente a los reglamentos técnicos y normas emitidas por el gobierno nacional, y en el caso de Estados Unidos, estas son la minoría. De poco más de 95,000 normas en vigencia en ese país, más del 70% son emitidas por el sector privado y el resto corresponde tanto a gobiernos estatales como al gobierno federal.

Por ejemplo, una lata de atún debe cumplir la ley del “Dolphin Safe,” las disposiciones de la Ley contra el Bioterrorismo, la notificación temprana a las aduanas, las leyes sobre etiquetado nutrimental y cualquier otra disposición que pueda establecer el comprador, como en el caso de Wal-Mart que solicita en sus alimentos un chip de identificación por radio frecuencia (RFID). Aquellos que quieran vender café a Starbucks deben contar con un certificado de que su producto es orgánico. En el caso de un refrigerador, el mercado solicita que el producto y el motor tengan dimensiones predeterminadas y que cumpla con disposiciones sobre uso de agua, de energía, de desempeño, que utilice solamente ciertos gases para el enfriamiento, etc. Si alguno de estos requisitos no se cumplen, el mercado no acepta el producto, sin importar que pueda ingresar libre de aranceles.

Con esta situación, los productores de los países latinoamericanos enfrentan una competencia cada vez más intensa. Por una parte, tienen que ofrecer productos de bajo precio, pero sujetos a las especificaciones de calidad que determina el mercado y la industria de Estados Unidos.

Desafortunadamente, estos temas no son atendidos de manera adecuada por los gobiernos que consideran que lo importante es obtener las condiciones arancelarias y de acceso de mercado que consideran convenientes, sin darse cuenta de la importancia de los temas no arancelarios. En uno de los casos más extremos, los países de América Central y la República Dominicana aceptaron que aquellos problemas que pudieran surgir en temas sanitarios y fitosanitarios no tengan acceso al mecanismo de solución de controversias del CAFTA – Central America Free Trade Agreement – y se solucionen exclusivamente por medio de consultas bilaterales o de la OMC, cuando el mecanismo de solución de controversias de un TLC permite reducir significativamente el tiempo que tardaría en llegar a una solución la OMC y ofrece la posibilidad de apelar e inconformarse, así como el carácter de obligatoriedad en temas donde los países de América Latina son más competitivos.

Tanto el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio como para la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC son sujetos a revisiones anuales y a ajustes de los textos trianuales. Cabe entonces preguntar si nuestras autoridades, y el sector privado, tienen conocimiento de ello, así como propuestas para su implementación, como sus contrapartes en Estados Unidos, Canadá y Europa. O la alternativa es seguir negociando más TLC´s?

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