Recientemente, los diarios de la zona fronteriza alrededor de las ciudades de Matamoros y Brownsville destacaron la inauguración del primer carril del programa ‘FAST” en el Puente Internacional Pharr-Reynosa. Este carril permitirá a los 725 conductores registrados en dicho programa, reducir de manera significativa el tiempo de espera para cruzar la frontera, aunque la carga seguirá sujeta a las disposiciones aduaneras de los Estados Unidos.

FAST es uno de los muchos programas desarrollados a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Sus siglas significan “Comercio Libre y Seguro” -“Fast and Secure Trade” en inglés- y está diseñado para hacer más expeditos los cruces fronterizos de los conductores de camiones de carga que cruzan la frontera regularmente y cuyas compañías apoyan las políticas anti-terroristas del gobierno estadounidense. El primer carril FAST se inauguró en abril del 2004 en Laredo y está previsto en los próximos meses, contar con más de éstos en diferentes cruces a lo largo de las fronteras entre México y Canadá.

Los chóferes interesados en pertenecer al FAST deben llenar una solicitud, pagar 50 dólares al inicio del trámite, permitir que las autoridades norteamericanas analicen y corroboren sus antecedentes personales y llevar a cabo entrevistas con funcionarios de la Agencia de Protección Fronteriza y Aduanas de los Estados Unidos (CBP). Por su parte, las empresas ubicadas en ambos lados de la frontera que deseen participar deben estar certificadas por el gobierno de ese país bajo el programa aduanal antiterrorista conocido como C-TPAT. Hasta la fecha, 11 empresas manufactureras mexicanas se han inscrito.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó este 17 de agosto en el Federal Register, la gaceta oficial del gobierno de ese país, un aviso anunciando que a partir del próximo 15 de noviembre todos los camiones de carga mexicanos que lleguen a la frontera deberán notificar por vía electrónica al CBP el contenido que transportan al menos con 30 minutos de anticipación a su llegada a cualquier punto fronterizo. El resto de los puntos fronterizos de ingreso a Estados Unidos habrán de implementar esta medida a más tardar el 14 de enero de 2005. Esta medida es parte del programa iniciado desde el año pasado que exige notificaciones similares a los barcos, trenes y aviones que se dirigen a los Estados Unidos.

Las medidas anunciadas en agosto por el Departamento de Seguridad Nacional hacen eco de las acciones iniciadas por otras dependencias del gobierno estadounidense. Entre ellas, destaca la Ley contra el Bioterrorismo del 2002 (The Bioterrorism Act of 2002) por los muchos requisitos que ha generado en particular para los exportadores de los sectores de alimentos, bebidas, cosméticos y medicamentos, así como para la mayoría de sus proveedores y de quienes transportan sus productos a ese país. El pasado 12 de agosto concluyó el periodo de transición y ajuste de esta Ley y desde entonces opera en los términos en que fue diseñada en todos los puntos de entrada a E. U. A.

Por su parte, los Estados Unidos mantienen una agenda de negociaciones internacionales muy activa. El primero de enero de este año entraron en vigor los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Chile y Singapur; el Congreso norteamericano aprobó recientemente los tratados con Australia y Marruecos; el 5 de agosto se firmó el TLC con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana; y mientras tanto continúan las negociaciones bilaterales con Bahrein, Panamá, con los cinco países miembros de la Unión Aduanera del Sur de África –Botswana, Namibia, Lesotho, Suazilandia y Sudáfrica– y con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

¿Acaso los países que cuentan con un TLC con los Estados Unidos gozan de alguna ventaja respecto al creciente número y complejidad de las medidas de seguridad que aplican los Estados Unidos? En realidad ¡NO!

Tanto la Organización Mundial de Comercio (OMC) como los TLC´s otorgan el derecho a los países signatarios a establecer las medidas que consideren necesarias tanto para defender sus intereses en materia de seguridad nacional, como para proteger la integridad, la salud y la seguridad de sus habitantes, de su flora y fauna y de su medio ambiente. Sin embargo, tanto la OMC como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establecen que dichas medidas deben restringir el comercio internacional lo menos posibles y no actuar como obstáculos encubiertos o innecesarios. De esta manera, la puerta queda abierta para que estas medidas se utilicen con fines proteccionistas.

En caso de que algún país considere que las medidas antiterroristas que Estados Unidos viene aplicando desde el año pasado van en contra de los principios de la OMC, tiene la obligación de demostrarlo. En el caso de México, el gobierno habría de presentar una queja formal ante la OMC o ante las instancias para solución de controversias del TLCAN. Los procedimientos a seguir en ambos foros están bien definidos y cuentan con periodos de tiempo preestablecidos, pero el proceso para llegar a una solución definitiva puede tardar más de un año.

Las medidas anti-terroristas del gobierno norteamericano acarrean diversos problemas para los exportadores mexicanos, aumentando sus costos y pueden hacer menos competitivos sus productos en el mercado más importante para México. Por ejemplo, al incurrir en gastos para incorporar los sistemas de comunicación necesarios para cumplir adecuadamente con las notificaciones al CBP o para desarrollar e instrumentar los controles internos requeridos por la Ley contra el Bioterrorismo. Estas consideraciones se vuelven aún más importantes en tanto que algunas de las ventajas derivadas del TLCAN para los productos mexicanos se han visto mermadas por las condiciones de acceso al mercado estadounidense que ofrecen a los productos de otros países los TLC´s negociados en los últimos tres años por el gobierno del Presidente George Bush.

Asimismo, el cumplimiento de las medidas anti-terroristas desarrolladas por el gobierno estadounidense presenta nuevos retos para la logística de las empresas mexicanas que sirven como proveedores del mercado norteamericano. Por una parte, las empresas mexicanas han tenido que hacer más eficiente su relación con sus proveedores, de manera de cumplir con los distintos requisitos de seguridad. Y por otra, ello ha venido a poner nuevas presiones en los procesos de producción que funcionan bajo conceptos como el de “justo a tiempo,” de manera de cumplir con sus clientes y no perderlos.

¿Cuáles son las opciones para los exportadores mexicanos que se pueden prever en el corto plazo? El clima político que ha promovido el gobierno del Presidente Bush permite anticipar una continuación de la llamada “guerra contra el terrorismo” iniciada en el 2001. Si bien es cierto que el candidato demócrata a la presidencia, el Senador John Kerry, ha criticado la intervención norteamericana en Irak, en ningún momento ha insinuado que modificará las medidas de seguridad instrumentadas hasta la fecha.

En este caso vale la pena reflexionar sobre la política seguida por Canadá desde el 2002. A raíz de los sucesos del 11 de septiembre, el gobierno canadiense del entonces Primer Ministro Jean Chrétien inició una consulta que incluyó tanto al sector privado como al Congreso y a las dependencias federales y que arrojó diversas directrices de política comercial y estableció los programas para instrumentarlas. Estas directrices no han variado de manera significativa con el gobierno del Primer Ministro Paul Martin.

La consulta iniciada en el 2002 indicó que el comercio internacional es un elemento clave para la economía canadiense y las estadísticas demuestran la enorme dependencia de la economía canadiense en la de Estados Unidos, por mucho, su principal socio comercial, mientras que la competitividad del aparato productivo canadiense iba en descenso. Desde finales de la década de los 90´s, el dólar canadiense se ha devaluado y el atractivo de Canadá como destino de la inversión extranjera directa se ha reducido.

Los canadienses entienden que a pesar de ser una de las economías más importantes del mundo, no tienen los elementos necesarios para obligar por la fuerza a que Estados Unidos adopte ciertas decisiones. Por lo tanto, decidieron desde entonces colaborar con dicho país en sus esfuerzos por hacer de la frontera que comparten lo más segura posible, pero instrumentado programas que faciliten el acceso de los productos canadienses al mercado norteamericano, por encima de las facilidades que pueden ofrecer otros puntos de entrada a ese mercado. De esta manera, Canadá espera al mismo tiempo ayudar a su comercio, volverse más atractiva para los inversionistas extranjeros que reconozcan las ventajas que ofrece la relación comercial entre ambos países, fortalecer su economía y su moneda y apoyar la agenda de E.U.A.

Queda entonces preguntar, ¿cómo espera México sortear los retos que representan las medidas de seguridad de los Estados Unidos para su sector exportador? Iniciativas como el programa FAST pueden ser paliativos, pero no son en sí la respuesta. Insistir en que las iniciativas de migración ocupen las prioridades de la agenda bilateral con nuestro principal socio comercial tampoco es. En tanto no exista una política que facilite tanto como sea posible el acceso de los productos mexicanos a Estados Unidos, ello provocará que se marchen empresas a otros países, como los de Centroamérica y el Caribe, donde la mano de obra es aún más barata y que cuentan con preferencias arancelarias de los Estados Unidos y de la Unión Europea.

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